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Edel González Jiménez

“Nunca recibí, en 17 años, ningún tipo de interferencia ni del Partido [Comunista de Cuba] ni del Gobierno”, confesó este lunes el juez cubano Edel González Jiménez, durante una rueda de prensa organizada en Madrid por los grupos defensores de derechos humanos Cuban Prisoners Defenders y Civil Right Defenders

“¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando un asunto tiene naturaleza política? Pues entonces hay miedo, hay temor… Y ese temor que tenemos nosotros puede incidir negativamente en que se consiga la justicia”, explicó quien fuera presidente del Tribunal Provincial de Villa Clara por cuatro años.   

González Jiménez también dijo que el pueblo de Cuba había acompañado “mayoritaria” e “incondicionalmente” el sistema implantado por La Habana hace más de 60 años. Por eso, “lo único que estamos pidiendo es que en materia de derechos humanos, ya sea hasta por misericordia, se entienda que tenemos que trabajar el tema y que tenemos que dar pasos de avance”. 

Según el jurista, en la Isla “hay infinidad de cuadros de gobierno que tienen una alta sensibilidad, que saben que estos temas de derechos humanos les están golpeando y que están deslegitimando inclusive la propia imagen del país”.

De acuerdo con sus declaraciones, tales dirigentes estarían frenados por su “propio temor interno”. 

En la presentación, el jurista también planteó una propuesta de “diálogo inclusivo interno nacional” entre el Estado, opositores, disidentes y sectores sociales para la regulación de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico cubano, reportó la agencia española de noticias EFE.

Pero el expresidente del Poder Judicial Provincial y Reserva Especial para Dirección del Tribunal Supremo rechazó cualquier injerencia exterior en este proceso, que debe ser “soberano, libre y transparente”.

Asimismo, el jurista planteó la “revisión judicial efectiva” sobre privaciones de libertad y otras sanciones por razón de conciencia o posición política.

Recalcó que la disidencia y la oposición y la conflictividad “crecen” en Cuba a niveles denunciados por el Parlamento Europeo y varias ONG, lo que puede llegar a un punto de “estallido social” si la “diversidad” cubana no es integrada a tiempo.

A pesar de las declaraciones de este lunes, González Jiménez reconoció en una entrevista publicada por el diario The New York Times que el poder judicial de Cuba a menudo estaba controlado por la Seguridad del Estado, un órgano represivo que podía fabricar casos contra opositores políticos.

De acuerdo con el rotativo estadounidense, el jurista cubano dejó la Isla en 2018 y se instaló en Perú. Con estas declaraciones, dijo que no estaba “buscando problemas”. “Pero decidí: basta de cobardía”, aseguró a The New York Times.

Cuba, el país con más presos en el mundo

González Jiménez intervino en una conferencia de prensa en la que Cuban Prisoners Defenders y Civil Right Defenders informaron que más de 90.000 personas estaban en prisión en la Isla, donde alrededor del 93% de los ciudadanos juzgados son declarados culpables.

Además, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, y Erik Jennische, director para Latinoamérica de Civil Rights Defenders, dijeron que en Cuba hay 37.458 personas “en otras situaciones de control judicial y policial”, lo que da un total de 127.458 condenados.

Dentro de los encarcelados en Cuba, 38.000 carecen de antecedentes penales o estos han sido desechados previamente. “Es decir, hay un grupo imponente de personas que como primera sanción penal están siendo privados de libertad, algo de una rigurosidad extrema, y realmente inusual en la mayoría de sistemas penales”, señalan las organizaciones.

El análisis de los datos arrojó que Cuba es “el primer país por (número de) personas privadas de libertad del mundo”, teniendo en cuenta su población de 11 millones de habitantes. La Isla estaría por delante de EEUU, El Salvador y Turkmenistán, cuyos datos han sido publicados por el World Prison Institute for Crime and Justice Policy Research.

Como caso alarmante, Prisoners Defenders y Civil Right Defenders mencionan a los sentenciados por “conducta antisocial”, porque el índice de culpabilidad llega al 99,5%. Esos reos tienen además menor acceso a excarcelaciones anticipadas.

En las fichas de presos obtenidas y publicadas por las organizaciones (con la identidad de los condenados oculta) se repiten elementos como falta de vinculación laboral y con las llamadas organizaciones de masas (controladas por el régimen), ser “proclive al delito” por asociarse con “personas similares”, practicar el “asedio al turismo” y alterar el orden público, como argumentos para condenar a ciudadanos a penas de hasta tres años de prisión por un supuesto “índice de peligro”.

Esta fórmula, conocida como “peligrosidad social predelictiva”, ha sido aplicada con frecuencia a opositores y otros ciudadanos críticos del Gobierno para sacarlos de las calles.

Este procedimiento acusatorio “se usa con frecuencia por su celeridad y eficacia contra disidentes, emprendedores y cualquier tipo de persona que consideren un peligro urgente para el régimen, lo que conlleva no solo la prisión preventiva, sino procesos sumarísimos que impiden el debido ejercicio de la defensa”, reconocieron ambas organizaciones en un informe presentando de conjunto. 

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