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La Organización de Estados Americanos (OEA) ha emitido un comunicado en el cual condena “los actos violentos ocurridos esta semana en Cali, Bucaramanga, y otros puntos de Colombia”.

En dicho comunicado, la OEA reconoce “el apego a las instituciones y al Estado de Derecho del Gobierno del Presidente Iván Duque para conducir al país en el marco de principios de respeto, desarrollo y progreso”.

Más adelante, el comunicado hace referencia que “El derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión forman parte de los valores fundamentales de la región y así deben ser respetados”.

En las bases de la convocatoria a la referida manifestación, anunciada en Colombia para el 21 de noviembre, las pautas pacíficas y el rechazo a cualquier intento de violencia estaban bien asentadas.

El presidente Iván Duque, quien públicamente reconoció y aprobó este derecho democrático inherente a todos los ciudadanos, también especificó que “no tolerarían ningún acto de vandalismo”.

Destacando el papel del presidente colombiano y su desempeño, la Organización de Estados Americanos apunta que “Tal como señaló el presidente Duque en el día de ayer en relación al paro nacional del 21 de noviembre en Colombia, resulta fundamental escuchar permanentemente a la ciudadanía y mantener un diálogo constante y constructivo”.

No obstante, como ha sucedido recientemente en Ecuador, Chile y Bolivia, la violencia y los actos vandálicos no tardaron en hacer presencia durante la marcha de los pacíficos manifestantes, quienes identificaron y en ocasiones expulsaron de sus filas, a grupos de encapuchados que incitaban a la destrucción de medios de transporte y otras dependencias, por lo general, al servicio de los ciudadanos. Tales hechos obligaron al gobierno a declarar el “toque de queda” en algunas localidades.

Ante dichas acciones, la institución que representa los intereses de los estados Latinoamericanos ha manifestado su desacuerdo: “Sin embargo, el derecho a la protesta pacífica no puede servir para amparar actos de vandalismo ni acciones violentas contra bienes públicos y privados”.

 
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