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Los dos senadores federales por la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, y el congresista Mario Díaz-Balart, pidieron este lunes al alcalde del Condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, que tenga en cuenta los peligros potenciales de contratar a empresas vinculadas al gobierno chino para encargarles una obra de infraestructura capital en Estados Unidos.

La semana pasada, la Comisión de Miami-Dade, que es la junta de gobierno del condado, abrió un concurso de licitación para un proyecto de tren de monorraíl que uniría las ciudades de Miami y Miami Beach, después que un grupo de empresas asiáticas se ofrecieran para hacerlo.

Una de las compañías es Genting, de Malasia, dueña de los terrenos inmediatos a la Bahía de Biscayne donde antes estaba el edificio del diario The Miami Herald.  El tren de monorrail es conocido en inglés como maglev, por MAGnet LEVitation, o levitación magnética.

Aunque las ofertas de esas empresas parezcan baratas, “pudieran exponer a la Florida y a toda la nación a riesgos considerables”, escriben los legisladores.  Lo que más nos preocupa, subrayan, es la asociación entre BYD y Huawei para participar en el plan, conocido como SkyRail.

“Huawei es una compañía de telecomunicaciones dirigida por el estado y un instrumento de poder nacional usado por el régimen totalitario chino para socavar a las compañías estadounidenses y a otros competidores internacionales, espiar a otros países y robar propiedad intelectual y secretos comerciales”, dicen los senadores y el congresista.

Por eso la promoción del proyecto de SkyRail es particularmente alarmante, insisten, considerando que la red de los servicios de comunicaciones de Huawei se integraría al sistema de monorraíl. En su reciente visita a Asia, una delegación de la Comisión de Transporte de Miami-Dade visitó a agencias de transito patrocinadas por el gobierno chino.

“Además de hacer que nuestra infraestructura crítica sea vulnerable a riesgos de seguridad, los contratos con entidades chinas afectan la manufactura y los empleos en Estados Unidos”, escriben Rubio, Scott y Díaz-Balart.

Citan un proyecto de ley aprobado por la Cámara y el Senado, en virtud del cual el gobierno prohibirá que agencias locales de tránsito de Estados Unidos usen fondos federales para comprarles vehículos a compañías auspiciadas por el gobierno chino, y exigirá que desarrollen planes de seguridad cibernética.

Rubio, Scott y Díaz-Balart aseguran que el gobierno chino ha puesto en práctica iniciativas para penetrar las redes de transporte público en Estados Unidos, como ya demuestran contratos ganados en varias ciudades, y que si bien respetan lo que las autoridades locales decidan en cada caso, desean compartir sus preocupaciones para alertarlas al respecto.
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