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Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria
Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria en su 83º período de sesiones,
19 a 23 de noviembre de 2018
Opinión núm. 66/2018, relativa a Eduardo Cardet
Concepción (Cuba)
1. El Grupo de Trabajo sobr
Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria
Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria en su 83º período de sesiones,
19 a 23 de noviembre de 2018
Opinión núm. 66/2018, relativa a Eduardo Cardet
Concepción (Cuba)
https://search.ohchr.org/results.aspx?k=Cardet
Categoría I
44. El Grupo de Trabajo considerará, en primer lugar, si existió una base legal para la
detención del Sr. Cardet. El Grupo de Trabajo ha indicado reiteradamente en su
jurisprudencia que, incluso cuando la detención de una persona se lleva a cabo de
conformidad con la legislación nacional, este mecanismo internacional de protección debe
asegurarse de que la detención también es compatible con las disposiciones pertinentes del
derecho internacional1
. No es suficiente invocar una norma jurídica cuando el caso está bajo
consideración de un mecanismo internacional, pues dicha base legal debe existir y ser
evidente al momento de ejecutar el arresto.
45. Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, nadie puede ser privado
de su libertad salvo por las causas establecidas en la ley y siguiendo el debido procedimiento
1 Por ejemplo, opiniones núms. 59/2018, 1/2018, 79/2017 y 42/2012.
A/HRC/WGAD/2018/66
7
establecido. En opinión del Grupo de Trabajo, esta obligación requiere que los Estados
informen a la persona sobre el fundamento jurídico de su detención, en el momento en que
esta ocurra. Asimismo, los estándares internacionales de protección de derechos humanos
exigen que toda persona arrestada o detenida por un cargo penal sea presentada sin demora
ante una autoridad judicial. Si bien el tiempo transcurrido puede variar, dicha “demora” se
considera como todo aquel plazo superior a 48 horas, pues se entiende que este período es
suficiente para transportar al individuo y preparar la vista judicial; un retraso superior a
48 horas debe ser absolutamente excepcional y estar justificado por las circunstancias
particulares2
.
46. El Grupo de Trabajo considera, además, que las normas internacionales que protegen
el derecho a la libertad y la seguridad personal requieren de la presencia física del detenido
ante una autoridad judicial. En ese sentido, el Grupo de Trabajo ha indicado en varias
oportunidades que la retención de personas en régimen de incomunicación no es compatible
con el derecho internacional de los derechos humanos, porque viola el derecho a cuestionar
la legalidad de detención ante una corte o tribunal judicial3
.
47. En el presente caso, oficiales de Seguridad del Estado, sin identificarse, arrestaron al
Sr. Cardet de manera violenta, sin explicación. No mostraron una orden de arresto, ni
tampoco le informaron de la existencia de cargos penales en contra de él
48. Además, el Sr. Cardet no fue llevado prontamente ante un juez. No hubo control
judicial independiente de la detención. Por el contrario, fue llevado a una estación policial
local, donde fue nuevamente golpeado y permaneció incomunicado durante nueve días. No
tuvo acceso a un abogado. Se le denegaron las visitas y las llamadas telefónicas, y su familia
desconocía su paradero. A pesar de las golpizas recibidas durante su arresto, también se le
negó atención médica durante los primeros siete días de su detención. En estas circunstancias,
resulta evidente que el Sr. Cardet no pudo, de ninguna manera, ejercer su derecho a cuestionar
la base legal de la detención4
.
49. En vista de estas consideraciones, ante la ausencia de una orden judicial de arresto y
la posterior incomunicación, la falta de control judicial, asistencia legal y médica, y
contacto familiar, el Grupo de Trabajo debe concluir que no hubo una base legal para el
arresto, por lo que la detención se considera arbitraria bajo la categoría I, siendo contraria a
los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Categoría II
50. Respecto a la categoría II, y sobre la base de toda la información disponible ante él,
el Grupo de Trabajo observa que el Sr. Cardet es un reconocido activista democrático de la
sociedad cubana. Además de ser médico de familia, el Sr. Cardet es miembro y coordinador
nacional del Movimiento Cristiano Liberación, una asociación que propone un cambio
político, democrático y pacífico en Cuba. El Sr. Cardet ha sido arrestado varias veces en
conexión con su activismo político.
51. El Grupo de Trabajo destaca que las actividades de activismo político, los llamados
abiertos a la sociedad sobre temas democráticos y legales, así como la pertenencia a
organizaciones de la sociedad civil, son actividades protegidas por el derecho internacional
de los derechos humanos, en particular, por los artículos 19 a 21 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos.
52. En el presente caso, dos días después de que el Sr. Cardet realizó declaraciones
públicas en contra del ex Presidente de la República, en ejercicio pacífico de sus derechos
humanos, fue detenido en la vía pública por oficiales de las fuerzas de Seguridad del Estado.
Asimismo, esta detención fue antecedida de amenazas y hostigamiento por parte de agentes
oficiales a la familia del Sr. Cardet, a quien le indicaron que lo arrestarían por ser
contrarrevolucionario. Adicionalmente, agentes de las fuerzas de la Seguridad del Estado han
2
Opiniones núms. 59/2018, párrs. 80 a 83 y 48/2018, párr. 63.
3
Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos
relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal
(A/HRC/30/37), párrs. 18, 75 y 93, apdo. c).
4
A/HRC/30/37.
A/HRC/WGAD/2018/66
8
amenazado y acosado reiteradamente al Sr. Cardet durante su detención, tanto antes como
después de su condena, diciéndole que si renunciaba a sus creencias y opiniones sería puesto
en libertad.
53. El Grupo de Trabajo fue convencido de que la detención del Sr. Cardet fue un
resultado de sus actividades políticas y sociales, en la promoción del voto y la participación
democrática, individualmente y a través de la asociación Movimiento Cristiano Liberación.
54. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo considera que las autoridades privaron de
su libertad al Sr. Cardet por el ejercicio de los derechos a libertad de pensamiento, de
conciencia, de opinión, de expresión, de asociación y participación, reconocidos en los
artículos 18 a 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que la hace arbitraria
conforme a la categoría II.
Categoría III
55. En vista de los hallazgos bajo las categorías I y II, donde se concluyó que la detención
del Sr. Cardet es el resultado del ejercicio de sus derechos humanos, el Grupo de Trabajo
considera que no existieron bases para el juicio. Sin embargo, en vista de que el mismo fue
llevado a cabo, este mecanismo internacional procederá a analizar si durante el curso de dicho
procedimiento judicial se respetaron elementos fundamentales de un juicio justo,
independiente e imparcial.
56. El derecho internacional de los derechos humanos reconoce que toda persona tiene el
derecho a no ser arbitrariamente privada de la libertad y a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad. Para ello, la persona tiene derecho a ser escuchada
públicamente en juicio, en un procedimiento en que se respeten las garantías para su defensa
y a ser juzgada por un tribunal penal independiente5
.
57. El Grupo de Trabajo recibió información convincente sobre el trato vejatorio que
recibió el Sr. Cardet de parte de las autoridades, lo que incluye amenazas, golpes, insultos,
negativa de proporcionar atención médica inmediata e incomunicación, entre otras. Además,
dicho trato vejatorio no fue un hecho aislado, sino que se repitió en diferentes momentos,
durante el arresto inicial, el traslado, en la estación de policía, durante la prisión preventiva
y en prisión. Ante ello, el Grupo de Trabajo no puede sino concluir que el Sr. Cardet fue
víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ese trato brindado en los diferentes
momentos por las autoridades al Sr. Cardet contraviene las obligaciones internacionales
relativas a un juicio justo e imparcial, incluida la presunción de inocencia.
58. Resulta difícil aceptar que una persona sujeta a tratos crueles, inhumanos y
degradantes durante su detención y enjuiciamiento pueda contar con los medios y
herramientas adecuadas para preparar una defensa judicial. En opinión del Grupo de Trabajo,
la incomunicación durante los primeros días del arresto y al inicio del juicio, la falta de acceso
a un abogado, los malos tratos y las condiciones inhumanas de detención, provocaron que el
Sr. Cardet no recibiera un juicio justo con las debidas garantías del debido proceso.
59. La fuente además estableció que en Cuba los tribunales están subordinados a las ramas
ejecutiva y legislativa, que están controladas por el Partido Comunista. El Grupo de Trabajo
es consciente de que órganos creados en virtud de tratados, en los cuales Cuba es parte, han
expresado su preocupación sobre la falta de independencia del Poder Judicial. Por ejemplo,
al Comité contra la Desaparición Forzada “le preocupa que la subordinación de los tribunales
a otros órganos del Estado pueda afectar la garantía de independencia de los tribunales” y le
recomendó a Cuba adoptar “las medidas que sean necesarias para garantizar la plena
independencia del Poder Judicial de los otros poderes del Estado”6
. En ese mismo sentido el
Comité contra la Tortura “considera indispensable que se adopten medidas legislativas para
garantizar la independencia del poder judicial”7
.
60. El Grupo de Trabajo fue convencido de que las autoridades cubanas inobservaron de
manera grave normas internacionales relativas al derecho a un juicio justo, independiente e
5 Artículos 9 a 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
6 CED/C/CUB/CO/1, párrs. 17 y 18.
7 CAT/C/CUB/CO/2, párr. 18.
A/HRC/WGAD/2018/66
9
imparcial, lo que contraviene lo dispuesto en los artículos 9 a 11 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, lo cual hace que la detención sea arbitraria conforme a la categoría III.
61. Por las alegaciones relativas a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a las
que estuvo expuesto el Sr. Cardet desde el primer momento en que fue detenido, el Grupo de
Trabajo refiere la información al Relator Especial sobre la tortura para su posible actuación.
De la misma forma, ante las alegaciones formuladas por la fuente, el Grupo de Trabajo refiere
el presente caso al Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental.
Decisión
62. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:
La privación de libertad de Eduardo Cardet Concepción es arbitraria, por
cuanto contraviene los artículos 9, 10, 11, 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, y se inscribe en las categorías I, II y III.
63. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para
remediar la situación del Sr. Cardet sin dilación y ponerla en conformidad con las normas
internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
64. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del
caso, el remedio adecuado sería poner inmediatamente en libertad al Sr. Cardet y concederle
el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad
con el derecho internacional.
65. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva
e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr.
Cardet y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus
derechos.
66. De conformidad con el párrafo 33, apartado a), de sus métodos de trabajo, el Grupo
de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y al Relator Especial
sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental,
para que tomen las medidas correspondientes.
67. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos
los medios disponibles y lo más ampliamente posible.
Procedimiento de seguimiento
68. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo
solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de
seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión,
en particular:
a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Cardet y, de ser así, en qué fecha;
b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Cardet;
c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Cardet y, de ser así, el
resultado de la investigación;
d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones
en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Cuba con sus obligaciones
internacionales de conformidad con la presente opinión;
e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.
69. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda
haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión
y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita
del Grupo de Trabajo.
A/HRC/WGAD/2018/66
10
70. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la
información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la
presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su
propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación
en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo
mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados
para aplicar sus recomendaciones, así como, en su caso, de las deficiencias observadas.
71. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a
todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en
cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la
situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de
Trabajo de las medidas que hayan adoptado8
.
[Aprobada el 19 de noviembre 2018]
8 Resolución 33/30 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.

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