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Primera versio?n

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El presente documento es un trabajo del proyecto Estado de Sats con profesionales y estudiosos del tema Cuba, que realizan su labor desde el anonimato. Agradecemos igualmente a otros analistas que aportaron sugerencias y comentarios a este programa.

Introduccio?n

Una vez desterrada la dictadura, el proceso de transicio?n hacia la democracia en Cuba implicara? transformaciones de gran complejidad. Para dar paso, de manera efectiva, a un Estado de Derecho, es imprescindible conocer las dina?micas y estructuras que existen hoy en nuestra nacio?n.

Comprender co?mo rige el totalitarismo en la Isla implica tambie?n conocer los mecanismos que han creado los cubanos para sobrevivir al sistema, que abarcan comportamientos en lo poli?tico y social hasta estructuras de la economi?a informal. Asi? mismo, el crecimiento y fortalecimiento de la mayor parte de nuestra dia?spora, a solo 90 millas hace de nuestra nacio?n un caso sui generis.

En este texto identificamos en el espurio aparato legal y juri?dico del castrismo las bases formales de las violaciones de los derechos y libertades fundamentales y exponemos nuestra visio?n y propuestas para la construccio?n de la democracia en nuestra nacio?n.

Asumimos las relaciones interestatales e internas de cada nacio?n, en te?rminos de Estado de Derecho, democracia, legitimidad, derechos y libertades fundamentales como el conjunto de principios y valores que deben expresar la dignidad plena del hombre y el imprescindible equilibrio ciudadano-poderes pu?blicos.

Tomamos como referencia la letra de los Pactos de Derechos Humanos de la ONU y otros instrumentos juri?dicos internacionales, comentarios generales e informes de o?rganos de Tratados y fundamentos de nuestra historia para enmarcar nuestras propuestas.

Partimos del hecho, de que, en un momento inicial, un gobierno de transicio?n debe reconformar con celeridad y cara?cter transitorio algunas de las llamadas instituciones y sistema juri?dico y legal que operan en la actualidad, en aras de evitar la ingobernabilidad y disfuncionalidad.

Visualizar ese escenario futuro, requiere dar respuesta a un grupo de cuestionamientos fundamentales:

• ¿Que? pasos urgentes dar ante el fin de la dictadura?
• ¿Que? derogar, transformar o mantener del “sistema juri?dico y legal” operante y de las estructuras estatales?

• ¿Cua?les seri?an los elementos ba?sicos a implementar en cuanto a derechos y libertades fundamentales?

• ¿Que? pasos dar en el sector econo?mico para impedir un colapso y remontar el estado paupe?rrimo de la economi?a?

Mostramos un mapeo y nuestras propuestas en sectores y to?picos claves como:

1) Soberani?a,democraciayorganizacio?ndelpoderestatal

  1. 2)  Derecho a participar en la gestio?n gubernamental, directamente o por medios de representantes, mediante procesos electorales democra?ticos
  2. 3)  Institucionesnacionalesdeproteccio?nypromocio?ndeDerechosHumanos
  3. 4)  Relacio?n entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno. Sistema deincorporacio?n
  4. 5)  Derechoalalibertadyalaseguridadpersonal.Debidoproceso
  5. 6)  Libreejerciciodelaabogaci?a
  6. 7)  Libertaddeopinio?n,expresio?nyprensa
  7. 8)  Libertaddereunio?n,manifestacio?nyasociacio?n

9) LibertadesEcono?micas:derechosdepropiedadyliberalizacio?n 10)Derecho a la sindicalizacio?n y a la negociacio?n y acciones colectivas 11) Derecho a la educacio?n y a la diversidad ideolo?gica
12)Salud, pensiones y seguridad social

El presente estudio plasma una visio?n y estrategia que evolucionara? de acuerdo a los posibles escenarios que se desarrollen en nuestro pai?s. Es decir, estamos frente a un texto vivo.

La presente versio?n es una primera entrega de este programa. Para una segunda o subsecuente, an?adiremos algunos temas que se encuentran en elaboracio?n y constituyen columnas de la transicio?n:

a) Partidos poli?ticos
b) Sistema Electoral
c) Justicia transicional
d) Fuerzas Armadas
e) Ministerio del Interior y Seguridad del Estado

Es preciso aclarar que, a pesar del cara?cter ilegitimo del actual sistema imperante, haremos alusio?n a los o?rganos de poder, organismos y cuerpos juri?dicos por sus denominaciones oficiales con el propo?sito de una lectura comprensible y fluida.

Encuadre preliminar

Cuba fue uno de los Estados que enarbolo?, desde su promulgacio?n el 10 de diciembre de 1948, la Declaracio?n Universal de Derechos Humanos (DUDH). Lamentablemente este documento es solo orientativo, sin cara?cter obligatorio o vinculante.

A fin de lograr un mayor compromiso de las naciones en torno al cumplimiento de los principios ba?sicos de la DUDH, la Asamblea General de Naciones Unidas promulgo?, en diciembre de 1966, dos Tratados Internacionales de los que se derivan obligaciones concretas a las partes que se sometan a su cumplimiento. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poli?ticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Econo?micos, Sociales y Culturales (PIDESC). Esos instrumentos juri?dicos entraron en vigor en 1976 y vinculan su observancia a partir de su ratificacio?n o adhesio?n. Ambos documentos y la Declaracio?n Universal conforman la Carta Internacional de los Derechos Humanos.

No obstante, el tema relativo a los Derechos Humanos no se agota en la Carta Internacional de Naciones Unidas, pues existe un complejo entramado legal e institucional que abarca diversos instrumentos juri?dicos internacionales, o?rganos de tratados con su respectiva competencia, procedimientos especiales, informes, dicta?menes, comentarios generales, etc. A ello se an?aden las organizaciones regionales con las particularidades de su idiosincrasia e?tnica y cultural.

En un sistema tan heteroge?neo y no siempre armo?nico, la bu?squeda de esta?ndares internacionales no resulta un proceso sencillo, sin embargo, existen patrones generales a los que la diversidad de criterios e interpretaciones no pueden estar ajenos e incluso normas de interpretacio?n unilateral e imperativa, como los denominados “ius cogens”. Por ello, la cuestio?n de Derechos fundamentales ha sido un cuestionamiento recurrente en disi?miles escenarios al poder que rige en Cuba desde el an?o 1959.

El 28 de febrero de 2008 Felipe Pe?rez Roque, enviado de Rau?l Castro, firmo? el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poli?ticos y el Pacto de Derechos Econo?micos, Sociales y Culturales, mostra?ndose aparentemente receptivo a su posterior ratificacio?n o adhesio?n. Como en dichos pactos se establece el compromiso de los Estados partes a adoptar las disposiciones legislativas para hacer efectivos los Derechos que en ellos se reconocen -no garantizados en el derecho interno-, tal acto no paso? inadvertido y hubo quienes lo interpretaron como una muestra de voluntad poli?tica para realizar cambios.

En el primer Examen Perio?dico Universal llevado a cabo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH), del 2 al 13 de febrero de 2009, el “gobierno de Cuba” apoyo? la recomendacio?n de “proseguir sus actividades para adaptar, reforzar y hacer compatible la legislacio?n nacional con sus obligaciones internacionales” y se comprometio? a dar respuesta a las recomendaciones relativas a “ratificar y poner en pra?ctica lo antes posible tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poli?ticos como el de Derechos Econo?micos, Sociales y Culturales y acelerar su ratificacio?n, asi? como a cursar y poner en marcha invitaciones permanentes a todos los procedimientos especiales del CDH, particularmente los encargados de los defensores de Derechos Humanos, la libertad de opinio?n y expresio?n y la libertad de religio?n o de creencias y a la independencia de magistrados y abogados”, entre otras, au?n pospuestas por el poder insular.

Otro acontecimiento de particular intere?s ocurrido en el an?o 2009 fue la Resolucio?n AG No. 2438 del 9 de junio de la Asamblea General de la Organizacio?n de Estados Americanos (OEA) que dispuso: “dejar sin efecto la Resolucio?n VI de 31 de enero de 1962, a trave?s de la cual se excluyo? al Gobierno de Cuba de su participacio?n en el sistema interamericano y enunciar que la participacio?n de la Repu?blica de Cuba en la OEA seri?a resultado de un proceso de dia?logo iniciado a solicitud del Gobierno de la Repu?blica de Cuba”.

El poder imperante en Cuba y la OEA mantienen la confrontacio?n como resultado de una serie de acontecimientos posteriores a la exclusio?n de la isla. La Comisio?n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantuvo su competencia en relacio?n al tema Cuba, a trave?s de la elaboracio?n de informes especiales sobre la situacio?n de los DH en el pai?s, siete en total: 1962, 1963, 1967, 1970, 1977, 1979 y 1983. Ello genero? una pole?mica acerca de la competencia de la CIDH. Tomando como argumento que el re?gimen cubano ya no era titular de Derechos y Obligaciones como miembro de ese organismo ¿por que? monitorear y preocuparse por los sucesos del pai?s excluido?

A la referida cuestio?n de competencia, la CIDH fundamento? su facultad en que la Resolucio?n VI de 31 de enero de 1962: “excluyo? al gobierno de Cuba, no al Estado que es la persona en te?rminos de Derecho internacional; adema?s, Cuba no ha denunciado la Carta de la OEA y, por tanto, au?n es parte integrante de ese Tratado”. Tal argumentacio?n posibilito? que, adema?s de los informes especiales, se llevaran a cabo diversas Audiencias de Situacio?n General, Medidas Cautelares, etc. Es por ello que la Resolucio?n AG No.2438 de 9 de junio de la Asamblea General de OEA del 2009, represento? un giro radical del enfoque de este organismo internacional hacia Cuba, basado en la expectativa de integracio?n al Sistema interamericano mediante la incorporacio?n de posibles cambios democra?ticos en el orden nacional.

La posible reintegracio?n del re?gimen cubano a la OEA implicaba su incorporacio?n a la Convencio?n Americana de Derechos Humanos, “Pacto de San Jose? de Costa Rica”, que al igual que los pactos de la ONU dispone en su arti?culo 2 el Compromiso de los Estados partes de armonizar el Derecho nacional a las disposiciones del instrumento internacional.

Las condiciones para armonizar el “ordenamiento interno” y su posterior integracio?n estaban creadas, sin embargo, cuatro an?os despue?s de la firma de los Pactos en el Informe Nacional presentado en el segundo Examen Perio?dico Universal del CDH de Naciones Unidas, llevado a cabo del 22 de abril al 3 de mayo de 2013, se ofrecio? la siguiente justificacio?n:

“Diversos instrumentos de derechos humanos y otros relacionados con ese tema esta?n transitando ana?lisis y procesos ordinarios de consultas y conciliaciones con los organismos e instituciones nacionales implicadas, con vistas a la futura adhesio?n y/o ratificacio?n… en Cuba el proceso de ratificacio?n es muy riguroso…”.

Tal explicacio?n fue una excusa sin sustento en el extremadamente sencillo proceso de aprobacio?n y ratificacio?n de Tratados Internacionales dispuesto en el Decreto Ley No. 191, complementario de los arti?culos 90 m) y 98 ch) de la “Constitucio?n de la Repu?blica” au?n vigente. Mientras en el nuevo proyecto aparece en los Arti?culos 117 n?) y el 132 d).

En el u?ltimo Examen Perio?dico Universal efectuado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH), en mayo de 2018 el “gobierno de Cuba”, asumio? la misma postura defensiva y dilatoria en torno a la ratificacio?n de los aludidos Instrumentos Juri?dico Internacionales.

Recientemente Castro y sus cercanos aliados han puesto en juego un nuevo “proyecto de constitucio?n”, donde a pesar de anunciar cambios sustanciales de una llamada actualizacio?n del modelo poli?tico, econo?mico y social, mantienen los mismos lastres totalitarios sin dar margen a la diversidad ideolo?gica y al pluralismo poli?tico que existe en toda sociedad, incluida la nuestra. En su parte dogma?tica siguen suprimiendo derechos y libertades fundamentales reconocidos por los instrumentos internacionales antes mencionados. En el marco econo?mico no libera las fuerzas productivas y mantiene el ineficiente monopolio estatal de la actividad econo?mica.

El nuevo texto sostiene al Partido Comunista “martiano, fidelista y marxista-leninista”, como u?nica variante de asociacio?n poli?tica, dirigida de forma vertical y piramidal por una e?lite, con un estatus supra estatal y social.

No se debe omitir que ma?s alla? de lo formal o lo plasmado en letra, en Cuba impera un sistema controlado, en primera instancia, por una vieja e?lite militar, acompan?ada de familiares y cercanos aliados, que dispone de los o?rganos de la Seguridad del Estado como su brazo principal para ejercer un fe?rreo control sobre toda la sociedad. Esta e?lite militar controla las llamadas instituciones e individuos, incluyendo al Partido Comunista y sus militantes. Es decir, la estructura real del poder esta? jerarquizada en tres niveles:

1) E?litemilitar
2) PartidoComunista 3) PoderPopular

Pasados diez an?os de la firma de los Pactos, su no ratificacio?n, la ausencia de invitaciones permanentes a los procedimientos especiales del CDH y la negativa a iniciar la solicitud para el proceso de dia?logo e integracio?n al sistema interamericano y las continuas violaciones de los derechos y libertades como poli?tica de Estado, demuestran la ausencia de voluntad poli?tica y la inercia del sistema. Razones que evidencian que los cambios necesarios no estara?n determinados por la gestio?n de la vieja maquinaria de poder en Cuba, sino por otros actores poli?ticos interesados y capacitados que puedan conducir un proceso real de transicio?n a la democracia.

1) Soberani?a, democracia y organizacio?n del poder estatal

Hoy en di?a se aluden hasta la saciedad, te?rminos tales como, libertades plenas, democracia, Estado de Derecho e incluso Estado Socialista de Derecho y sobre todo “pueblo” o “poder popular”, la mayori?a de las veces en sentido abstracto. Todos los Estados hablan y “actu?an” en nombre del pueblo, a veces sin pedirle permiso o a pesar de e?l. Sin embargo, el concepto ma?s empleado y que ha llegado a convertirse en un arma de doble filo, es el de soberani?a.

La soberani?a, vista como potestad del Estado de auto-determinar sus destinos e intereses, sin injerencia de terceros pai?ses, lo cual es una afirmacio?n va?lida e incuestionable, tambie?n se ha empleado por regi?menes totalitarios para impedir o tratar de impedir que se cuestionen sus propias arbitrariedades. Este criterio parcial, relativo a la autodeterminacio?n de los Estados, es lo que se conoce como soberani?a Nacional.

No se puede entender que? es soberani?a sin responder previamente dos interrogantes. La primera: ¿Quie?n es el soberano? En el presente nadie osa negar que el soberano es el pueblo, del cual dimanan todos los poderes del Estado, incluso los regi?menes totalitarios se atribuyen tal virtud o condicio?n. Ello es lo que se denomina Soberani?a popular.

La segunda interrogante seri?a: Que? tipo de Estado ostenta el poder (democra?tico de derecho, totalitario u algu?n te?rmino intermedio) ¿Co?mo o que? parte de ese soberano (pueblo) ejerce el poder de forma efectiva?

La respuesta a esta segunda pregunta, conlleva una elaboracio?n ma?s compleja. De acuerdo al creador del te?rmino “soberani?a Popular”, (Jean-Jacques Rousseau, en su obra “El Contrato Social”) el soberano y la soberani?a radicaban en el pueblo y su ejercicio se haci?a efectivo a trave?s de la “voluntad general”. Este te?rmino aludi?a a la voluntad de la mayori?a y al sometimiento de la minori?a de tan importante gestio?n. Este criterio ha evolucionado, ya que demostro? ser excluyente y arbitrario, pues, que? hay de los intereses y derechos a intervenir en la vida pu?blica de la o las minori?as. Ma?xime cuando los te?rminos cuantitativos, son constantemente variables.

A pesar de que cada nacio?n posee su propia cultura, identidad e historia y sus pobladores, generalmente, cuentan con rasgos distintivos auto?ctonos; los seres humanos en su individualidad somos u?nicos e irrepetibles. Diversos. Somos diferentes tanto en rasgos fi?sicos como en intereses de todo tipo, incluidos los poli?ticos. Por tanto, no puede existir una nacio?n uniforme ni una voluntad u?nica.

Por tanto, la soberani?a o su ejercicio efectivo abarca tanto a la mayori?a circunstancial como a aquellos sectores que no representen la generalidad. Todos deben tener derecho a participar, en condiciones de igualdad, en la direccio?n de los asuntos pu?blicos, directamente o a trave?s de representantes. Debido a ello, dos de sus rasgos son la inclusio?n y la tolerancia en la diversidad. Por tanto, un Estado soberano y democra?tico es aquel en el que participen directamente o este?n representados todos los sectores cuantificables en sus debidas proporciones o porcientos.

No existe soberani?a popular o democracia en una nacio?n, donde solo hay cabida para un grupo, un individuo o una ideologi?a que excluye, denigra e incluso criminaliza a los sectores sociales que se le opongan. Este, lamentablemente, es el caso de Cuba por casi seis de?cadas.

Recientemente, el castrismo ha sacado a la luz pu?blica e intenta imponer un “proyecto de Constitucio?n de la Repu?blica”, que lejos de diversificar y democratizar la nacio?n, busca pasar de un sistema que funcionaba a nivel unipersonal, a otro donde imperara? con cara?cter u?nico y excluyente a cualquier alternativa poli?tica, la hegemoni?a de la u?nica asociacio?n poli?tica permitida. El Partido Comunista.

En el “proyecto de constitucio?n”, a pesar de que se enuncia el “disfrute de la libertad poli?tica”, la afirmacio?n de que “la soberani?a reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado”, asi? como que todos tienen derecho a participar en la direccio?n del Estado, tanto directamente como a trave?s de representantes (arti?culos 1,10 y 199, respectivamente); niega todos estos presupuestos en su arti?culo 5:

“El Partido Comunista de Cuba, u?nico, martiano, fidelista y marxista-leninista, vanguardia

organizada de la nacio?n cubana, sustentado en su cara?cter democra?tico y la permanente vinculacio?n con el pueblo, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado…”

Para comprender el rol supra estatal del partido, podri?amos remitirnos a sus estatutos.

  • –  En el capi?tulo I, prea?mbulo de los estatutos aparecen expresiones como: el PCC es “la ma?xima expresio?n de la voluntad unitaria del Pueblo cubano” …” Partido u?nico, fruto de la unidad de la nacio?n cubana…” “…desarrolla su vida interna sobre la base de la observacio?n ma?s rigurosa del principio leninista del centralismo democra?tico…”
  • –  En su arti?culo 18 declara que “es incompatible con los principios organizativos del partido la existencia de fracciones…”
  • –  El arti?culo 57 decreta: “El trabajo del partido en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior es dirigido por el primer secretario del

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Comite? Central del Partido Comunista de Cuba.”

  • –  El arti?culo 58 dispone: “Las organizaciones de base y los organismos poli?ticos en las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior mantienen estrechos vi?nculos con los organismos territoriales del partido”.
  • –  El arti?culo 60 establece que: “El partido orienta y dirige el trabajo de las organizaciones de masas y sociales…”En relacio?n al rol impuesto al partido, resulta evidente que con independencia de la estructura que se les otorgue a los o?rganos presuntamente encargados de las principales funciones del Estado; la existencia de este ente impide que se desconcentre y limite el poder del Estado. Su e?lite es el nu?cleo y la esencia de la centralizacio?n y el totalitarismo estatal. En sus propios estatutos se expresa su papel rector de las fuerzas armadas y el Ministerio del Interior, asi? como de las llamadas “organizaciones de masas y sociales”. Estas u?ltimas, ficcio?n juri?dica, para aparentar una falsa sociedad civil.De todo ello podemos concluir que se impone al Partido en una posicio?n supra estatal y social, en una especie de Olimpo, por encima del pueblo, es decir, el soberano y de cualquier institucio?n del estado. Se erige u?nica organizacio?n poli?tico-ideologi?a que excluye cualquier forma de asociacio?n y participacio?n en la vida poli?tica de la nacio?n.Al adjetivar de martiano al partido comunista distorsionan el pensamiento de Marti? que no comulgaba con ningu?n tipo de autoritarismo, ni con la ideologi?a marxista o socialista expuesto lucidamente en su arti?culo La futura esclavitud sobre el tratado del filo?sofo ingle?s Herbert Spencer alusivo al socialismo.Invocan una supuesta “voluntad unitaria del pueblo cubano”, cuando tal afirmacio?n es un imposible. Millones de cubanos no podemos tener la misma voluntad e intereses poli?ticos. Sin embargo, no permiten el pluralismo y la diversidad, para un verdadero ejercicio de soberani?a popular, ni un Estado democra?tico, “con todos y para el bien de todos”, como anhelara nuestro apo?stol.Valdri?a la pena invocar a otro pro?cer de la nacio?n, Ignacio Agramonte y Loynaz, redactor de nuestra primera Ley Fundamental, la Constitucio?n de Gua?imaro de 10 de abril de 1869, cuya figura y pensamiento tambie?n han sido manipulados. En su discurso de investidura del grado de Licenciado en Derecho Civil y Cano?nico, titulado “Sabatina”, ante el claustro de la “Real Universidad de La Habana”, dijo:“La centralizacio?n llevada hasta cierto grado, es por decirlo asi?, la anulacio?n completa del individuo, es la senda del absolutismo… hace desaparecer ese individualismo, cuya conservacio?n hemos sostenido como necesaria a la sociedad. De alli? al comunismo no hay ma?s que un paso; se comienza por declarar impotente al individuo y se concluye por justificar la intervencio?n de la sociedad en su accio?n destruyendo su libertad, sujetando a reglamento sus deseos, sus pensamientos, sus ma?s i?ntimas afecciones, sus necesidades, sus acciones todas.”Un Estado de derecho, a pesar de funcionar como un todo interrelacionado, debe tener su presupuesto esencial en la separacio?n de funciones o facultades principales (Ejecutiva, legislativa y Judicial), asignada a instituciones diferentes que se autorregulen y limiten indistintamente. Ello es la u?nica forma de estructurar el poder de modo tal que no recaiga en un solo sujeto u organismo, evitar la arbitrariedad y garantizar la correlacio?n de fuerzas.

Examinemos a continuacio?n si ello se cumple en el nuevo “proyecto de Constitucio?n”:

1.-En el arti?culo 97, se instituye a la Asamblea Nacional del Poder Popular (o?rgano legislativo como “o?rgano supremo del Poder del Estado” que representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana. Ello nos indica que el proyecto de constitucio?n se pronuncia, en apariencia, hacia un sistema de gobierno parlamentarista.

En los modelos parlamentaristas cla?sicos, el foco de poder reside en el Parlamento, encargado de controlar al Presidente del gobierno y dema?s miembros del Ejecutivo, limitando su poder, aunque el Jefe de Estado no se supedita al Legislativo. Es el modelo ti?pico, aunque no exclusivo, de las monarqui?as constitucionales.

A diferencia del modelo parlamentarista, en la presunta estructura de mando en Cuba el foco de poder radica en la e?lite del Partido Comunista. La duda que pueda existir, se despeja de forma simple: La Asamblea Nacional del Poder Popular es “el o?rgano supremo del poder del Estado”, mientras el Partido Comunista es la “fuerza dirigente superior del Estado”. Lo cual quiere decir que el partido, como ya hemos afirmado, se encuentra ma?s alla? de estado, en un nivel superior (supra estatal)

El Consejo de Estado, constituye una e?lite selecta de la Asamblea Nacional, es su o?rgano permanente y la representa entre uno y otro peri?odo de sesiones, la Asamblea so?lo se reu?ne de forma ordinaria dos veces al an?o.

En la nueva constitucio?n que impondra?n el Presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea, tambie?n los son del Consejo de Estado, segu?n el arti?culo 116 del proyecto. Precepto en el que se pretende una separacio?n de funciones entre este o?rgano, el ejecutivo y el judicial al expresarse que “No podra?n integrar el Consejo de Estado los miembros del Consejo de Ministros, ni las ma?ximas autoridades de los o?rganos judiciales, electorales y de control estatal.”

2.- La supuesta separacio?n de funciones es solo en el marco de las apariencias, ya que los cargos de Presidente de la Repu?blica, Vicepresidente, y miembros del Consejo de Ministros no podra?n conformar el Consejo de Estado, pero si? forman parte de la Asamblea Nacional u o?rgano presuntamente legislativo. Analicemos:

  • –  El Consejo de Ministros es, segu?n el arti?culo 128, el ma?ximo o?rgano ejecutivo y administrativo y constituye el Gobierno de la Repu?blica. El Jefe del Gobierno y por tanto del ejecutivo, es designado por la Asamblea a propuesta del Presidente de la Repu?blica. El Primer Ministro requiere adema?s ser parte de la Asamblea (arti?culos 136 y 138) Forma parte tambie?n del legislativo, aunque ello puede ser ti?pico en un sistema parlamentarista.
  • –  En cuanto al resto de los miembros del Consejo de Ministros, no se dice ni se niega que tengan que ser diputados de la Asamblea, pero si? que es esta quien los designa a propuesta del Presidente de la Repu?blica. Lo cual da la posibilidad de que tambie?n sean diputados y parte del legislativo.
  • –  El Presidente de la Repu?blica, Jefe de Estado, es elegido por la Asamblea entre sus diputados (arti?culo 121). Tambie?n forma parte del legislativo. Ello si es totalmente ati?pico con un sistema parlamentarista.
  • – El Vicepresidente de la Repu?blica, se elige de la misma forma que el presidente (arti?culo 124). Tambie?n es diputado y forma parte del legislativo.

De acuerdo a estas particularidades, podemos afirmar, que si el Jefe de Gobierno y tal vez los miembros o algunos miembros del Consejo de Ministros, el Presidente y el Vicepresidente de la Repu?blica, tambie?n son diputados de la Asamblea Nacional, adema?s de otros cargos que potencialmente puedan tener, excepto en el Consejo de Estado, entonces no existe ni siquiera en teori?a una divisio?n real entre las funciones o poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

Se debe tomar en cuenta que las ma?ximas figuras de instituciones como: Consejo de Estado, Presidencia de la Repu?blica y consejo de Ministros, son a su vez parte del Buro? Poli?tico del Partido Comunista, regido por sus propios estatutos y lineamientos al que tributan, primariamente, total obediencia. De esta manera se garantiza la subordinacio?n de estas instituciones al Partido Comunista.

Otro aspecto que en lo formal demuestra la concentracio?n y centralizacio?n del poder, es la fusio?n y alineamiento de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior a las directrices del partido comunista. Los militares en ejercicio tambie?n pueden formar parte del legislativo, ejecutivo y de cargos pu?blicos de la organizacio?n territorial del Estado. Ello es posible debido a lo dispuesto en el arti?culo 203 del proyecto, que les atribuye a los miembros de las instituciones armadas el derecho de elegir y ser elegidos, igual que los dema?s ciudadanos.

En una democracia las funciones de las instituciones militares han de ser, fundamentalmente, relativas a la defensa nacional y el orden interior. No deben intervenir ni parcializarse en procesos poli?ticos y sus miembros no pueden formar parte de los poderes pu?blicos. Con excepcio?n de los tribunales de competencia militar y los ministerios de las Fuerzas Armadas y Ministerio del Interior como miembros del Consejo de Ministros en sus respectivas competencias. Un cuerpo militar profesional cumple sus funciones como institucio?n del Estado y no puede supeditarse ni plegarse a una ideologi?a o grupo poli?tico.

3.- El otro presupuesto de la divisio?n de funciones o poderes, ha de estar en la existencia de un sistema de tribunales fuerte e independiente con el poder y la autoridad para administrar justicia, libre de presiones externas o poli?ticas.

En Cuba no existe la independencia e imparcialidad del poder judicial, la violacio?n esta? tanto en la pra?ctica como en la propia ley. En este u?ltimo aspecto, el formal, el “proyecto de Constitucio?n” parece en un primer momento dar ciertos pasos, sin embargo, en el desarrollo de su articulado existen ambigu?edades y contradicciones que terminan anulando tales garanti?as.

El arti?culo 147 del proyecto dispone que “los magistrados y jueces, en su funcio?n de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia ma?s que a la ley”. El 144 le atribuye la funcio?n de impartir justicia al pueblo, ejercida en su nombre por el Tribunal Supremo Popular y los dema?s Tribunales que la Ley instituye. Por su parte, el 145 enuncia que los tribunales constituyen un sistema de o?rganos estatales, estructurados con independencia funcional de cualquier otro, le atribuye la ma?xima autoridad judicial al Tribunal Supremo Popular, titular de iniciativa legislativa y potestad reglamentaria, a trave?s de su Consejo de Gobierno, o?rgano que, en aras de establecer una pra?ctica uniforme en la interpretacio?n y aplicacio?n de la Ley, imparte Instrucciones de obligatorio cumplimiento a todos los tribunales.

La independencia de la judicatura comienza a desmontarse en letra cuando al Consejo de Estado, o?rgano permanente y por tanto integrante activo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, poder legislativo e institucio?n suprema del poder del Estado; se le asigna entre otras funciones la de: “impartir instrucciones de cara?cter general a los tribunales a trave?s del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular” (arti?culo 116, inciso m).

Lo expuesto ilustra la dependencia del Sistema judicial al o?rgano legislativo, pues si el Consejo de Estado, organismo permanente de la Asamblea Nacional, con jerarqui?a e intereses poli?ticos por naturaleza, imparte instrucciones de cara?cter general a trave?s del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo y este, a su vez, dicta normas de obligado cumplimiento que se extienden al universo de tribunales que se le subordinan, entonces los jueces ni son independientes ni se subordinan solo a la ley.

En el nuevo texto existen otros tres preceptos que formalmente someten al sistema judicial, funciones que corresponderi?an a la judicatura se le asignan al o?rgano legislativo, Asamblea Nacional y Consejo de Estado. Se expone:

  • –  En el arti?culo 103 inciso e) relativo a las funciones de la Asamblea Nacional, el control de constitucionalidad sobre las leyes, decretos-leyes, decretos presidenciales, decretos y dema?s disposiciones generales, lo ejerce esta misma institucio?n. El propio o?rgano legislativo es quien presuntamente se controla a si? mismo. Este rol puede ser u?til en razo?n de control interno; pero una real contrapartida ha de hallarse en un o?rgano imparcial, sin otra autoridad que la Constitucio?n de la Repu?blica.Esta funcio?n disminuye formalmente al poder judicial y lo debilita, pues el verdadero control de constitucionalidad y de los derechos y garanti?as fundamentales del ser humano, ha de corresponder a un Tribunal Constitucional. En un momento posterior del texto fundamentaremos esta afirmacio?n.
  • –  En el propio arti?culo 113, inciso b), se le asigna a la Asamblea Nacional, la funcio?n de “dar a la Constitucio?n y a las leyes, en caso necesario, una interpretacio?n general y obligatoria”. Este mismo rol se le adjudica al Consejo de Estado, en el arti?culo 117, inciso b), pero solo en relacio?n a las leyes vigentes. Estas son funciones judiciales, no legislativas.En el caso de la interpretacio?n de la Constitucio?n, en caso de dudas, los razonamientos explicativos deben venir de un Tribunal Constitucional. En relacio?n a las leyes vigentes, en caso de conflicto de intereses entre ciudadanos o entre e?stos con las instituciones o entre e?stas u?ltimas, la interpretacio?n y aplicacio?n uniforme o casui?stica ha de emanar de un o?rgano judicial.A modo de conclusio?n en torno al tema judicial, podemos afirmar que au?n con las sutiles modificaciones del nuevo texto que fungira? como Constitucio?n, el sistema de tribunales no es independiente y continu?a subordinado tanto a la Asamblea Nacional y su Consejo de Estado como al Partido Comunista, el cual es segu?n el citado arti?culo 5 “la fuerza dirigente superior del Estado”.Por u?ltimo, a fin de demostrar la verticalidad y centralizacio?n absoluta, haremos un simple examen del articulado del proyecto relativo a la Organizacio?n territorial del Estado y los llamados o?rganos Locales del Poder Popular.

En el arti?culo 162, se enuncia que la provincia tiene personalidad juri?dica propia a los efectos legales. Luego en el 165, se establece que el Gobierno Provincial esta? conformado por un Gobernador y un consejo Provincial.

En cuanto al Gobernador Provincial, se enuncia en el arti?culo 169, que representa al Estado en su Territorio y es el ma?ximo responsable ejecutivo-administrativo en su provincia. Sin embargo, la supuesta descentralizacio?n y autonomi?a, se troncha en el arti?culo 170, relacionado con los 104 y 123 f), que expone que, al cargo de Gobernador, se accede por designacio?n de la Asamblea Nacional del Poder Popular (legislativo), a propuesta del Presidente de la Repu?blica, previamente “electo” por la misma asamblea. A su vez, en el arti?culo 104 inciso k), se dice la misma asamblea revoca o sustituye a las personas elegidas o designadas por ellas.

En si?ntesis, a los Gobernadores Provinciales, los designa, los revoca o los sustituye la Asamblea nacional en base a criterios discrecionales, lealtad o fidelidad poli?tica. No cabe dudas que, a semejante cargo pu?blico, ha de accederse por sufragio o eleccio?n popular de los pobladores de su demarcacio?n territorial y no impuesto por el “o?rgano supremo del Estado” que a la vez se subordina a su “fuerza dirigente superior”: El Partido Comunista.

El cargo de Gobernador estuvo instituido en la Constitucio?n de 1940, texto con el que el nuevo proyecto ha querido establecer paralelismos en torno a la organizacio?n territorial del Estado. Por tanto, vale la pena hacer algunas comparaciones.

En el arti?culo 235 de la Constitucio?n de 1940, el gobernador era elegido por sufragio directo y secreto, entre diversos candidatos provenientes de diferentes fuerzas poli?ticas.

En el actual proyecto, en su arti?culo 177, en relacio?n al Consejo Provincial refiere que es presidido por el Gobernador e integrado por el vicegobernador (designado por el consejo de ministros, segu?n arti?culo 175), los presidentes de asambleas locales, los intendentes y dema?s miembros designados por ley. El inciso c) del arti?culo 179, le otorga la facultad de adoptar acuerdos en el marco de la constitucio?n y sus leyes. Sin embargo, estos acuerdos pueden ser revocados por la Asamblea Nacional, suspendidos por el Consejo de Estado, El Presidente de la Repu?blica y el Consejo de Ministros, arti?culos 103 g), 117 h), 125, y 132 s), respectivamente.

En la Constitucio?n del 40, se regulaba en el arti?culo 146 que los acuerdos y decisiones, de los gobiernos provinciales, no podi?an ser anulados ni suspendidos por autoridad gobernativa, pero si impugnados ante los tribunales, tanto por autoridades gobernativas como por cualquier ciudadano que resultase afectado. Sin embargo, en el arti?culo 246, se le otorgaba derecho al Gobernador, previo acuerdo del Consejo Provincial, de interponer ante el pleno del Tribunal Supremo, recurso de abuso de poder contra las resoluciones del Gobierno Nacional que atentaran contra el re?gimen de autonomi?a provincial.

En el actual proyecto, en torno a los municipios, el arti?culo 163 dispone que el municipio goza de autonomi?a y personalidad juri?dica, cuenta con ingresos propios y las asignaciones que recibe del Gobierno de la Repu?blica. En el 164, se define su albedri?o a la eleccio?n de sus autoridades, facultad para decidir sobre la situacio?n de sus recursos y el ejercicio de las competencias con arreglo a la Constitucio?n y las leyes.

La enunciada autonomi?a municipal, termina reducie?ndose al marco estrecho y vertical de la centralizacio?n, al otorgarle a la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el Presidente de la Repu?blica, el primer ministro y el Gobernador Provincial, la facultad de revocar o modificar los acuerdos o disposiciones de los o?rganos locales por cuestiones que van desde violaciones de la legalidad hasta razones que “afecten los intereses generales del pai?s”. (arts. 103 h), 117 i), 123 m), 132 r) y 174 j)

En la constitucio?n del 40, esta formal autonomi?a, era superada con creces al disponer en su arti?culo 217, como garanti?a de la autonomi?a municipal, que los acuerdos de los o?rganos o autoridades municipales no podi?an ser suspendidos por el Presidente, el Gobernador ni otra autoridad gobernativa. Estos acuerdos o resoluciones, so?lo podi?an ser impugnados ante Tribunales de Justicia que resolvi?an si el organismo u autoridades locales los habi?an tomado o no, dentro de su esfera de competencia y la Constitucio?n.

Hasta aqui? el bosquejo de la situacio?n interna en torno a los temas soberani?a y organizacio?n del poder estatal vigente en el contexto nacional actual.

Propuesta: Pasos a seguir en una transicio?n, para alcanzar la estructuracio?n del poder de un verdadero Estado soberano y democra?tico:

  1. 1)  Disolver y prohibir el Partido Comunista Cubano, por haber impuesto una ideologi?a de discriminacio?n, odio y violencia.El primer paso para democratizar y diversificar la nacio?n, ha de ser, precisamente, eliminar el nu?cleo centralizador y eje del totalitarismo, el PCC. No habra? un verdadero tra?nsito hacia una sociedad libre representada en un Estado de Derecho, mientras se mantenga la causa fundamental de su no existencia. Su desmontaje es imprescindible.
  2. 2)  Establecer legalmente las bases para el pluralismo poli?tico. Abrir paso a la diversidad ideolo?gica y su efectiva participacio?n en la vida pu?blica, mediante el uso pleno de los derechos de asociacio?n, reunio?n, expresio?n y prensa.La materializacio?n efectiva del ejercicio de la diversidad ideolo?gica y el pluralismo poli?tico no pueden lograse sin el derecho individual y colectivo de los ciudadanos de asociarse segu?n intereses y afinidades poli?ticas, la posibilidad de reunirse y, mediante el uso de los medios de comunicacio?n, trasmitir su ideales y programas. Ello posibilitari?a que, en un periodo inicial, los sectores sociales no involucrados directamente en poli?tica partidista, conozcan sus alternativas para un futuro proceso electoral competitivo y democra?tico.Este paso, en un inicio, debera? hacerse efectivo mediante una reforma provisional a la Ley de Asociaciones y al resto de normas que regulan tales derechos, hasta tanto exista un o?rgano legislativo que sea capaz de crear los correspondientes cuerpos legales.
  3. 3)  Establecer una separacio?n de poderes provisional dentro de las estructuras estatales existentes en el momento del cambio. Premisa invariable de la descentralizacio?n del poder y del futuro gobierno de transicio?n.No es posible, en un momento inicial de transicio?n, crear instituciones democra?ticas inexistentes. En un comienzo habra? que contar con algunas de las actuales estructuras, claro esta?, con los correspondientes y necesarios cambios en sus directivos.

A fin de evitar la concentracio?n de poder en el gobierno provisional, habra? que instituir dentro de las estructuras la separacio?n de poderes y funciones (Ejecutiva, legislativa y judicial). Ningu?n actor poli?tico debe pertenecer o ser miembro de ma?s de un poder o funcio?n. En cuanto al sistema judicial, han de eliminarse las normas contrarias a su independencia e imparcialidad.

Esta premisa debe, en principio, alcanzarse mediante reformas provisionales que garanticen la funcionalidad temporal.

  1. 4)  Profunda reestructuracio?n del aparato militar. Prohibir a militares en activo ocupar cargos pu?blicos civiles. Desmontaje y reemplazo de las fuerzas de la Seguridad del Estado, asi? como la remocio?n inmediata de todo aquel implicado en la violacio?n de los derechos humanos y la represio?n.Tal como hemos expresado, las instituciones militares deben garantizar, en esencia, la defensa e integridad de la nacio?n y el orden interior. Su alineamiento poli?tico e intervencio?n protago?nica en cargos o poderes pu?blicos civiles, constituye una violacio?n a sus funciones. Por tanto, al igual que en lo relativo a la separacio?n de poderes, ha de prescribirse la dualidad de funciones militares y civiles.Otra cuestio?n medular seri?a, al igual que con el partido comunista, el desmontaje y reemplazo de los o?rganos de la Seguridad del Estado responsables de la represio?n poli?tica y sostenimiento del totalitarismo. Del e?xito de esta tarea dependera? la efectividad del tra?nsito hacia la democracia.
  2. 5)  Instituir un gobierno de transicio?n que tenga como propo?sito crear las condiciones necesarias para, mediante elecciones aute?nticas, ceder paso a un verdadero Estado democra?tico de derecho.La institucio?n del gobierno provisional no es, en si? mismo, un verdadero acto democra?tico y su creacio?n no estara? exenta de arbitrariedades, pero su espi?ritudebe ser el desmontaje del totalitarismo ¿Quie?nes sera?n los actores o grupos que asumira?n provisionalmente este gobierno y co?mo lo hara?n? Dependera? de disi?miles variables y estara? sujeto al momento impredecible de ruptura con el sistema actual.Las fuerzas y origen del cambio jugara?n un rol fundamental en la forma y la estructura que adopte el gobierno de transicio?n. Puede suceder una implosio?n, presio?n masiva de sectores sociales que desemboque en una crisis que derribe el poder, negociaciones bilaterales entre sectores de la sociedad civil y sectores que se desmarquen de la e?lite, profundas reformas del sistema, golpe de Estado, toma del poder por una faccio?n interna o grupo dispuesto a negociar y reformar o la combinacio?n de varios factores. La historia muestra que los imponderables parado?jicamente son la regla.En Europa del Este se vivieron distintas experiencias desde lo ocurrido en la antigua Checoslovaquia de Havel, donde cae el poder comunista y los opositores toman las riendas; en la Rumania de Ceausescu, el dictador fue fusilado y se creo? un nuevo gobierno dirigido por Iliescu, comunista del viejo sistema; en la Polonia de Solidaridad, Jaruzelski acepto? la creacio?n de la mesa redonda para acordar el cambio, opositores y comunistas permanecieron en el nuevo escenario; en Bielorrusia, Lukashenco se anclo? en el poder, mutando de comunista a nacionalista o en la Rusia de Yeltsin, viejo comunista que se reciclo? acorde al nuevo escenario.

Existen tambie?n experiencias de otros sistemas autoritarios con escenarios algo distintos al nuestro. En algunos casos el poder decidio? pactar con los actores democra?ticos y los desenlaces fueron menos trauma?ticos, el caso de Espan?a, Chile, son ejemplos muy socorridos. En otros los golpes de Estado han sido el me?todo de dar fin al viejo sistema como ha ocurrido en mu?ltiples pai?ses de A?frica o Ame?rica Latina.

En nuestro caso, se desconoce cua?l sera? la variante. Es fundamental que el futuro Gobierno de transicio?n, tenga conciencia que su existencia es temporal y su propo?sito es abrir paso a una sociedad democra?tica.

  1. 6)  Suspender en el “ordenamiento juri?dico” todas las leyes o normas que violan, limitan o reprimen el ejercicio de derechos y libertades fundamentales.Al igual que las instituciones, en cuanto al ordenamiento juri?dico, no podra? crearse de inmediato una legislacio?n supletoria dada la inexistencia de un verdadero o?rgano legislativo legi?timo. En ese lapso de tiempo habra? que operar con muchos de los cuerpos legales anteriores y continuar resolviendo conflictos. Por otro lado, la ciudadani?a tendra? la urgente necesidad de gozar de sus libertades fundamentales al tiempo que se requerira? de gobernabilidad.En momentos posteriores del presente texto sen?alamos cua?les derechos y libertades esta?n coartados y se identifican algunas normas y cuerpos legales que deben dejar de operar.
  2. 7)  Crear una nueva Ley Electoral provisional, que cumpla con esta?ndares internacionales, donde se instituya un o?rgano imparcial y plural, apoyado en un sistema de observacio?n efectivo, que organice y valide un proceso electoral primario con el u?nico propo?sito de instituir mediante elecciones democra?ticas una asamblea constituyente.Este rol le corresponde al gobierno de transicio?n, que so?lo podra? legislar con cara?cter provisional. La Ley electoral, que se cree a los efectos de conformar una asamblea constituyente encargada de crear una nueva Constitucio?n, debera? ser inclusiva en cuanto a la posibilidad de participar en este primer momento electoral en igualdad de condiciones.Ma?s adelante nos referiremos a este aspecto y a la celebracio?n de elecciones de forma ma?s especi?fica.
  3. 8)  Convocar a elecciones para crear una asamblea constituyente plural y con representacio?n porcentual.Este paso es la puesta en pra?ctica del anterior. Quedara? por resolver que? tipo de parlamento se configurara?, mono o bicameral. Sin embargo, en cualquiera de sus variantes debera? representar tanto la poblacio?n como los sectores territoriales. Su conformacio?n debera? ser plural e incluir a todos los partidos o ideologi?as que ganen representacio?n porcentual en las urnas. Predominara? el grupo poli?tico con mayor porcentaje de electores y coexistira? con el resto.
  1. 9)  Crear un proyecto de constitucio?n y ley electoral.La Asamblea Constituyente que surja del peri?odo de elecciones, es una institucio?n con cara?cter temporal que tendra? como objetivos la elaboracio?n de un nuevo proyecto de Constitucio?n y una nueva Ley Electoral. Esta Constitucio?n debera? contener como premisas la soberani?a nacional y popular, una forma republicana de gobierno (presidencialista, parlamentarista o mixta), divisio?n de poderes y equilibrio entre estos, descentralizacio?n del poder del Estado, pluripartidismo poli?tico y, sobre todo, derechos y libertades fundamentales acordes a tratados y esta?ndares internacionales de derechos humanos.Dada la existencia de un verdadero o?rgano legislativo (Asamblea Constituyente) y la nueva nomenclatura de cargos e instituciones pu?blicas, seri?a el momento para redactar una nueva Ley Electoral que garantice un proceso de elecciones libres y competitivas.Este particular lo abordaremos con especificidad en un momento posterior del texto.
  2. 10)  Someter a refere?ndum el proyecto de Constitucio?n y Ley electoral creados por la Asamblea ConstituyenteDada la trascendencia de una nueva Constitucio?n que establecera? el pacto entre la sociedad y el Estado, asi? como una Ley electoral donde se determinara?n las reglas del juego del sistema representativo, es preciso, antes de su entrada en vigor, someter ambos cuerpos legales a refere?ndum popular como mecanismo de democracia directa y transparencia.En el refere?ndum, la ciudadani?a debe pronunciarse, mediante mayori?a absoluta, sobre la aceptacio?n de ambos textos. Si? ello no se logra no habra? legitimidad y sera? necesario reformular ambas propuestas hasta alcanzar lo que el pueblo de Cuba considere como bien comu?n.
  3. 11)  El gobierno de transicio?n convoca a elecciones libres, plurales y competitivas, con la intervencio?n de un mecanismo eficaz de observacio?n ciudadana e internacional. Todo ello de acuerdo a la nueva Ley electoral.
  4. 12)  El gobierno de transicio?n da paso al nuevo gobierno elegido democra?ticamente culminando el peri?odo transitorio. No obstante, la construccio?n de la democracia y los derechos fundamentales tendra? cara?cter permanente.

2) Derecho a participar en la gestio?n gubernamental, directamente o por

medios de representantes, mediante procesos electorales democra?ticos

El tema electoral en Cuba es, posiblemente, el punto neura?lgico en los debates sobre la legitimidad del reducido grupo de individuos que ostentan el poder en el pai?s durante casi seis de?cadas.

Una elemental observacio?n de la letra del articulado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poli?ticos (PIDCP), de la Carta Magna vigente o del nuevo proyecto, y la Ley Electoral y el manejo de criterios democra?ticos esenciales, sirve de base en la toma de postura sobre la falta de autenticidad de los procesos electorales y de la ilegitimidad del poder poli?tico.

El derecho de la ciudadani?a a participar en la gestio?n poli?tica de forma directa o a trave?s de representantes, se encuentra redactado en el arti?culo 25 del PIDCP de la siguiente forma:

“Todos los ciudadanos gozara?n, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el

arti?culo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

  1. a)  Participar en la direccio?n de los asuntos pu?blicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.
  2. b)  Votar y ser elegidos en elecciones perio?dicas, aute?nticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresio?n de la voluntad de los electores;
  3. c)  Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones pu?blicas de su pai?s.”

El precepto nos remite al arti?culo 2 que prohi?be la distincio?n de los derechos otorgados en el pacto por diversas razones enunciadas, entre ellas la distincio?n por criterio u opinio?n poli?tica o de otra i?ndole.

La diversidad ideolo?gica, conflictos de intereses y pluralismo poli?tico existen en todas las sociedades, sin excepcio?n. Sin embargo, unos gobiernos aceptan estos presupuestos como parte de su esencia, mientras otros son intolerantes ante las posiciones poli?ticas opuestas. He ahi? la principal diferencia entre democracias y autoritarismos o totalitarismos.

Por tanto, no podra? existir un proceso electoral democra?tico o aute?ntico que excluya de la gestio?n gubernamental, directa o a trave?s de representantes, a los sectores de la ciudadani?a que no compartan la ideologi?a del gobierno de turno.

El cara?cter exclusivo al pluralismo poli?tico e ideolo?gico es notorio en el articulado inicial del proyecto de Constitucio?n que es, a todas luces, un texto discriminatorio ideolo?gicamente pese a proclamar en su arti?culo 1 el disfrute de la libertad poli?tica, negado luego en el arti?culo 5.

Lo cual evidencia la exclusio?n por razo?n de opinio?n poli?tica. Entonces, los procesos electivos en Cuba, bajo el castrismo, nunca han sido libres ni aute?nticos.

Tras precisar el cara?cter excluyente del sufragio activo y pasivo de los sectores antago?nicos, es necesario analizar co?mo se produce el “proceso electoral” para garantizar el ascenso y continuidad en la estructura del poder de los sectores ubicados dentro de la ideologi?a oficial.

La Ley Electoral de 29 de octubre de 1992, au?n vigente, sera? parte de los cuerpos legales que una vez aprobado el proyecto de constitucio?n, debera? ser modificada debido a la nueva nomenclatura de cargos e instituciones. Hasta tanto no se establezca una nueva reglamentacio?n, se mantendra? la vigente.

A continuacio?n, enunciamos brevemente co?mo se produce el llamado proceso electoral.

1). En la “Ley Electoral vigente”, esta?n creadas dos tipos de instituciones fundamentales que rigen los denominados procesos electorales: Las Comisiones Electorales (que pasara?n a ser sustituidas, segu?n el proyecto de constitucio?n por el Consejo Electoral Nacional) y Las Comisiones de Candidaturas. La creacio?n, composicio?n y funcionamiento forman el engranaje destinado a mantener las estructuras de poder.

A). Las Comisiones Electorales, segu?n la Ley electoral, esta?n destinadas a organizar, dirigir y validar los procesos electorales a fin de cubrir los cargos electivos de los o?rganos de poder. Sus niveles son nacional, provincial, municipal, de distritos, de circunscripcio?n y especiales.

En resumen, es la institucio?n que ha de cumplir un rol de juez o arbitral en los diferentes niveles electorales. Su elemento esencial deberi?a ser la imparcialidad, pero ello se encuentra viciado por el quie?n designa sus miembros y en base a que? criterios. Se relaciona a continuacio?n:

  • –  De acuerdo al arti?culo 21, es el Consejo de Estado quien designa a los miembros de la Comisio?n Electoral Nacional. El propio poder ejecutivo, parte en el proceso, es quien escoge quienes sera?n los a?rbitros a su nivel electoral. No se relaciona en ley en base a que? criterios se determina tal designacio?n, lo cual lo convierte en discrecional, a lealtades poli?ticas.
  • –  El arti?culo 22, inciso d) establece que a su vez la Comisio?n Electoral Nacional, designa a las comisiones Provinciales, del Municipio Especial de la Isla de Juventud y Comisiones Electorales Especiales.
  • –  En el arti?culo 24, inciso b) las Comisiones Electorales Provinciales designan a los miembros de las Comisiones Municipales.
  • –  En el 26, inciso c) Las comisiones Municipales designan a los miembros de las comisiones electorales de circunscripcio?n y de distritos.Resumiendo, los o?rganos encargados de impartir equidad en los procesos legislativos son designados por el Consejo de Estado al ma?s alto nivel y unos a otros en orden vertical descendente. ¿Imparcialidad?En el proyecto de Constitucio?n, tales comisiones sera?n sustituidas por el Consejo Electoral Nacional, con similares funciones a la Comisio?n Electoral Nacional, sin embargo, la subordinacio?n a la estructura del poder au?n se mantiene, segu?n el arti?culo 208 del texto, sus integrantes sera?n elegidos y evocados por la Asamblea Nacional del Poder Popular o, en su caso, por el consejo de Estado. Solo se sustituye la terminologi?a.

Sin embargo, si bien es cuestionable la constitucio?n y rol de las comisiones electorales o el futuro Consejo Electoral Nacional; mucho ma?s lo es, el de las comisiones de candidatura.

B). Comisiones de Candidatura: son los o?rganos encargados de presentar los proyectos

de candidaturas para los Delegados a las Asambleas Provinciales y Diputados a la Asamblea Nacional. Cuentan con tres niveles: Nacional, Provincial y Municipal.

  • –  La “solicitud” de designacio?n de las Comisiones de candidaturas la hacen las Comisiones electorales (art 68). Esta u?ltima tal como expusimos, en orden vertical ascendente son designadas por el Consejo de Estado.
  • –  El factor cuestionable de las Comisiones de Candidaturas, esta? dado precisamente en su composicio?n. Segu?n el arti?culo 68, estas se conforman por representantes de las denominadas organizaciones de masas: central de Trabajadores de Cuba, Comite?s de Defensa de la Revolucio?n, Federacio?n de Mujeres Cubanas, Asociacio?n Nacional de Agricultores Pequen?os, federacio?n Estudiantil Universitaria y federacio?n de Estudiantes de la Ensen?anza Media, designados a solicitud de las Comisiones Electorales.
  • –  A fin de comprender el verdadero rol de las Comisiones de Candidaturas, es preciso definir que? son realmente las organizaciones de masas. Estas son instituciones aparentemente no gubernamentales, creadas por el estado, a excepcio?n de la Federacio?n de Estudiantes Universitarios y la Central de Trabajadores Cubanos creadas antes de 1959 que perdieron su antigua autonomi?a conservando solo su nombre. En consecuencia, todas cuentan con funcionamiento vertical, centralizado y programado, no forman parte de la diversidad sino de la centralizacio?n estatal, cuyo fin es crear una imagen de “sociedad civil”.
  • –  La prueba de lo expuesto aparece en el arti?culo 60 de los Estatutos del Partido Comunista de Cuba (Fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado): “El partido orienta y dirige el trabajo de las organizaciones de masas y sociales…”
  • –  Basado en este presupuesto, puede concluirse que las llamadas organizaciones de masas y, consecuentemente, comisiones de candidaturas, no cumplen un rol de imparcialidad, sino que constituyen herramientas de la ma?s alta nomenclatura estatal.Tal es el rango de las Comisiones de candidaturas, que los Candidatos a Delegados a las Asambleas Provinciales y los Diputados a la Asamblea Nacional, son nominados por las Asambleas Municipales, pero siempre a propuesta de los precandidatos designados por las Comisiones de candidaturas. En caso de rechazo, estas mismas debera?n presentar otra propuesta de precandidatos. (arts. 92 y 96)En las democracias las distintas fuerzas o partidos poli?ticos proponen a sus candidatos, incluso pueden proponerse candidatos independientes que no pertenecen a ningu?n partido. En Cuba, las Comisiones de Candidaturas suplantan esas funciones.En resumen, no habra? Delegado de la Asamblea Nacional o Diputado al Parlamento que no sea propuesto por las correspondientes Comisiones de Candidatura que en orden vertical son regidas por el poder central.

2). La primera fase del proceso electoral, que ocurre cada dos an?os y seis meses, tiene por propo?sito constituir las denominadas Asambleas Municipales del Poder Popular. Esta etapa, a diferencia del proceso electivo del resto de las estructuras de gobierno, cuenta con una apariencia democra?tica.

Segu?n la Ley Electoral, los candidatos a delegados a las Asambleas Municipales, gobiernos locales, no son nominados por las llamadas Comisiones de candidaturas, sino en asambleas generales de electores de su a?rea de circunscripcio?n electoral, en presencia masiva de los electores que cuentan, en su generalidad, con el derecho a proponer pu?blicamente a cualquier ciudadano que resultara? nominado a candidato si obtiene mayor nu?mero de votos. Cada circunscripcio?n ha de contar como mi?nimo con 2 nominados a candidatos. (arts. 78 a 85 LE).

En otro orden, se dispone un mecanismo de conformacio?n de la Asamblea Municipal y su directiva por votacio?n mayoritaria de sus miembros (arts. 124 a 134 LE) A su vez, se establece en el arti?culo 185 que los acuerdos de las Asambleas Municipales del Poder Popular se adoptan por mayori?a simple.

Sin embargo, todo lo antes expuesto resulta solo una apariencia; pues estos o?rganos locales de municipio no gozan de una verdadera autonomi?a, se encuentran subordinados a una estructura de mando vertical, piramidal y centralizada.

A continuacio?n, ofreceremos algunos ejemplos:

  • –  De acuerdo al proyecto de Constitucio?n, la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado, el Presidente de la Repu?blica, el primer ministro y el Gobernador Provincial, pueden revocar o modificar los acuerdos o disposiciones de los o?rganos locales del poder popular por cuestiones que van desde violaciones de la legalidad hasta razones que “afecten los intereses generales del pai?s”. (arts. 103 h), 117 i), 123 m), 132 r) y 174 j)
  • –  El te?rmino “intereses generales del pai?s”, queda englobado en toda decisio?n local que se considere fuera del marco de la centralizacio?n institucional e ideolo?gica.
  • –  En materia de recursos para su gestio?n administrativa, las asambleas municipales tienen que ajustar su plan presupuestario a las “poli?ticas trazadas por la administracio?n central del Estado”. No habra? gestio?n o iniciativa alternativa al poder central que tenga respaldo econo?mico.3) La segunda fase del proceso electoral, que se realiza cada cinco an?os, se denomina “Elecciones generales”, pues adema?s de la seleccio?n de los miembros a ocupar las AMPP, se incluyen de los delegados a las APPP y los diputados a la ANPP.Tal como habi?amos aludido todos los candidatos a delegados y diputados sera?n el resultado de las propuestas de las llamadas comisiones de candidaturas. Veamos a continuacio?n como se produce tales nominaciones de acuerdo al articulado de la Ley electoral (arts. del 85 al 93)A) ¿De do?nde salen los candidatos a delegados a las APPP?
  • –  Las Comisiones de Candidaturas Municipales, seleccionan de los delegados de las Asambleas Municipales un paquete de candidatos que ocupa el 50% de los escan?os de la APPP.
  • –  Este paquete de 50% es enviado por las Comisiones de Candidatura Municipales, a las Comisiones de Candidatura Provinciales, que tiene la facultad de aprobarlo o no.
  • –  El otro 50% o ma?s, lo escogera? a dedo, la propia Comisio?n de Candidatura Provincial que lo regresara? a las CCM.
  • –  Este paquete es presentado por las CCM ante la AMPP, que votara? o no, por los precandidatos propuestos.
  • –  Una vez aprobado el paquete, las CEM lo entregara? a las CEP B) ¿De do?nde salen los candidatos a diputados a la ANPP?
  • –  Las Comisiones de Candidaturas Municipales, seleccionan de los delegados de las Asambleas Municipales, un paquete de candidatos que ocupan el 50% de los asientos de la ANPP.
  • –  Este paquete de 50% es enviado por las Comisiones de Candidatura Municipales a la Comisio?n de Candidatura Nacional que tiene la facultad de aprobarlo o no.
  • –  El otro 50% o ma?s, lo escogera? a dedo, la propia Comisio?n de CandidaturaNacional para completar el paquete que lo regresara? a las CCM.
  • –  Este paquete, es presentado por las CCM ante la AMPP, que votara? o no, por losprecandidatos propuestos.
  • –  Una vez aprobado el paquete, las CEM lo entregara? a las CEPTodo este proceso de nominacio?n no es ma?s que una cuestio?n de i?ndole burocra?tica para llenar la forma, pues como se demuestra, esas comisiones esta?n regidas por las dirigencias de las organizaciones de masas y en orden ascendente, por el poder central.4). Luego de seleccionados los candidatos a ocupar las plazas de Delegados a las APPP y los Delegados a la ANPP, se realizara? el segundo momento de votacio?n en todo el pai?s para “elegir” a los “ganadores”. Aqui? pareceri?a nuevamente que los cubanos escogemos, pero ya todos estos candidatos a delegados y diputados, como hemos visto, han sido previamente seleccionados.Otro aspecto de corte surrealista, es que a la hora de elegir a los Delegados a las Asambleas Provinciales y Diputados a la Asamblea Nacional; coinciden el nu?mero de Candidatos y Diputados con las que plazas a cubrir, tal eleccio?n es solo en apariencia, pues les falta el elemento fundamental: la competitividad. Es so?lo un simulacro.5). El punto culminante de este predecible montaje electoral esta? dado en que, de acuerdo a los arti?culos 73,141, 143 y 144, es la Comisio?n de Candidatura Nacional quien propone a las personas para cubrir los Cargos de Presidente (un solo nombre), Vicepresidente (un solo nombre) y Secretario de la Asamblea Nacional (un solo nombre).Finalmente, luego de conformada la composicio?n del Parlamento, es nuevamente la Comisio?n de Candidatura Nacional, quien impone los nombres para ocupar los cargos de Presidente (un solo nombre), Vicepresidentes, Secretario (un solo nombre) y otros miembros del Consejo de Estado.En ambos casos, solo puede hacerse una sustitucio?n de las propuestas de la Comisio?n de

Candidatura Nacional, si la propuesta es rechazada por ma?s de la mitad de los miembros de la Asamblea Nacional. Luego, la Asamblea ratifica mediante ‘‘voto secreto’’ la propuesta predeterminada. Aqui? culmina ese llamado proceso electoral.

6). A modo de conclusio?n sobre el tema electoral: es un juego de simulacio?n para garantizar que la alta cu?pula del poder se elija a si? misma o a sus designados y garantice su continuidad.

A continuacio?n, enunciaremos los nuevos cargos pu?blicos, creados en el proyecto de Constitucio?n que escapara?n al “voto popular”:

  1. 1)  Presidente de la Repu?blica. En el arti?culo 121 del proyecto de Constitucio?n, se anuncia que sera? elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular de entre sus diputados. Un cargo tan importante debe ser sometido al sufragio universal.
  2. 2)  Vicepresidente de la Repu?blica. El arti?culo 124 del proyecto enuncia que es elegido de la misma forma y por igual peri?odo que el presidente.
  3. 3)  Primer Ministro, Jefe de Gobierno de la Repu?blica. Designado por la Asamblea Nacional, a propuesta del Presidente de la Repu?blica, segu?n el arti?culo 136 del proyecto.
  4. 4)  Gobernador provincial, ma?ximo responsable ejecutivo- administrativo de la provincia. Designado a propuesta del Presidente de la Repu?blica, por la Asamblea Nacional del Poder Popular o por el Consejo de Estado. Arti?culo 170 del proyecto.
  5. 5)  Intendente Municipal que presidira? el Consejo de Administracio?n Municipal. Designado por la Asamblea Municipal del Poder Popular Correspondiente. Arti?culo 197 del proyecto.

A diferencia de un proceso real esta farsa adolece de signos distintivos como:

  • –  Ausencia de candidatos o representantes de diversos grupos o partidos poli?ticos. Centralizacio?n vs pluralismo.
  • –  Inexistencia de programas, cronogramas para su cumplimiento o propuestas que los candidatos ofrezcan a sus electores. Los electores no conocen realmente cua?les son las pretensiones futuras o agendas de sus futuros representantes, pues en realidad no existen.
  • –  No hay debates o confrontaciones radiales, televisados o en espacios pu?blicos entre los candidatos. Ello le impide a la masa electoral convencerse, empatizar e inclinarse por el candidato de su preferencia. No hay conectividad.
  • –  Los candidatos adolecen de eventos o espacios pu?blicos. No existe otra publicidad que la oficial.
  • –  Se mantiene vigente la posibilidad, dispuesta tanto en el proyecto, como en la Ley electoral, que les otorga a los miembros de la Fuerzas Armadas y otros institutos armados, el derecho a elegir y ser elegidos.

Propuesta: Sistema electoral que garantice elecciones aute?nticas en un proceso de transicio?n:

La propuesta para un sistema electoral que cumpla con requisitos mi?nimos de autenticidad y competitividad se encuentra en proceso de redaccio?n y sera? expuesta en la segunda edicio?n de este documento.

3) Instituciones nacionales de proteccio?n y promocio?n de Derechos

Humanos

El primer presupuesto que debe existir en una nacio?n, donde se instituyan, respeten y garanticen los derechos humanos, es la instauracio?n de un verdadero Estado de Derecho, democra?tico, establecido a trave?s de un proceso electoral aute?ntico. Una vez que ello suceda en el contexto nacional, debe incorporarse a la Constitucio?n y al ordenamiento juri?dico, el universo los derechos inherentes a la condicio?n humana.

El mero enunciado de derechos, no es suficiente para que se garantice su ejercicio, se restituya o se compense, entre otras variantes. Sera? necesario la creacio?n de instituciones estatales y el monitoreo de organizaciones no gubernamentales u otros miembros de la sociedad civil encargados de tales funciones y deberes ci?vicos.

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poli?ticos (PIDCP) se exige a los estados que ratifiquen o se adhirieran al documento, la existencia en el sistema legal de cada Estado, de una autoridad competente de i?ndole judicial, administrativa o legislativa encargada de resolver el recurso efectivo interpuesto por toda persona que estime que sus derechos y libertades hayan sido violados. Institucio?n que, a su vez, desarrollara? los recursos judiciales que debera?n cumplir las autoridades competentes.

En el primer Taller Internacional de Instituciones Nacionales para la Promocio?n y Proteccio?n de los Derechos Humanos, celebrado en Pari?s en octubre de 1991, diversos organismos especializados, Estados y ONG, formularon un conjunto de recomendaciones generales sobre el papel, composicio?n y funciones de las entidades nacionales encargadas del tema. Como resultado de ello, la Comisio?n de Derechos Humanos de la ONU, adopto? en marzo de 1992 los “Principios de Pari?s”.

Los Principios de Pari?s recogen, de forma general, los estatutos y las funciones de las instituciones nacionales de Derechos Humanos. Los elementos centrales para su composicio?n son la independencia y el pluralismo, donde debe asegurarse la representacio?n pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil y la autonomi?a en relacio?n al Estado. Segu?n el documento, la institucio?n nacional tendra?, en particular, las siguientes atribuciones:

a) presentar, a ti?tulo consultivo, al gobierno, al Parlamento y a cualquier otro o?rgano pertinente, a instancia de las autoridades interesadas o en ejercicio de su facultad de auto sumisio?n, dicta?menes, recomendaciones, propuestas e informes sobre todas las cuestiones relativas a la proteccio?n y promocio?n de los derechos humanos; la institucio?n nacional podra? decidir hacerlos pu?blicos; los dicta?menes, las recomendaciones, las proposiciones y los informes, asi? como cualquier prerrogativa de la institucio?n nacional, abarcara?n las siguientes esferas:

  1. i)  todas las disposiciones de cara?cter legislativo y administrativo, asi? como las relativas a la organizacio?n judicial, destinadas a preservar y ampliar la proteccio?n de los derechos humanos; a este respecto, la institucio?n nacional examinara? la legislacio?n y los textos administrativos en vigor, asi? como los proyectos y proposiciones de ley y hara? las recomendaciones que considere apropiadas para garantizar que esos textos respeten los principios fundamentales en materia de derechos humanos; en caso necesario, la institucio?n nacional recomendara? la aprobacio?n de una nueva legislacio?n, la modificacio?n de la legislacio?n en vigor y la adopcio?n de medidas administrativas o su modificacio?n;
  2. ii)  toda situacio?n de violacio?n de los derechos humanos de la cual decida ocuparse;
  3. iii)  la elaboracio?n de informes sobre la situacio?n nacional en materia de Derechos Humanos en general o sobre cuestiones ma?s especi?ficas;
  4. iv)  Sen?alar a la atencio?n del Gobierno las situaciones de violacio?n de los Derechos Humanos en cualquier parte del pai?s, proponer medidas encaminadas a poner te?rmino a esas situaciones y, en su caso, emitir un dictamen sobre la posicio?n y reaccio?n del Gobierno;

b) promover y asegurar que la legislacio?n, los reglamentos y las pra?cticas nacionales se armonicen con los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que el Estado sea parte, y que su aplicacio?n sea efectiva;

c) alentar la ratificacio?n de esos instrumentos o la adhesio?n a esos textos y asegurar su aplicacio?n;

d) contribuir a la elaboracio?n de los informes que los Estados deban presentar a los O?rganos y comite?s de las Naciones Unidas, asi? como a las instituciones regionales, en cumplimiento de sus obligaciones contrai?das en virtud de tratados y, en su caso, emitir un dictamen a ese respecto, en el marco del respeto de su independencia;

e) cooperar con las Naciones Unidas y los dema?s organismos del sistema de las Naciones Unidas, las instituciones regionales y las instituciones de otros pai?ses que sean competentes en las esferas de la promocio?n y proteccio?n de los derechos humanos;

f) colaborar a la elaboracio?n de programas relativos a la ensen?anza y la investigacio?n en la esfera de los derechos humanos y participar en su aplicacio?n en el a?mbito escolar, universitario y profesional;

g) dar a conocer los derechos humanos y la lucha contra todas las formas de discriminacio?n, en particular la discriminacio?n racial, sensibilizando a la opinio?n pu?blica, en particular mediante la informacio?n y la ensen?anza, recurriendo para ello a todos los medios de comunicacio?n.

En relacio?n a la independencia y pluralismo de las Instituciones nacionales de Derechos Humanos, los Principios de Pari?s proponen que esta?s entidades este?n conformadas por: organizaciones no gubernamentales competentes en la esfera, sindicatos, organizaciones socio profesionales (juristas, me?dicos, periodistas y personalidades cienti?ficas), corrientes de pensamiento filoso?fico y religioso, universitarios y especialistas cualificados y el parlamento. En caso de incluirse las administraciones, solo participara?n en debates a ti?tulo consultivo. Deben tener autonomi?a respecto al Estado.

Visto lo principios generales que rigen la composicio?n, independencia del poder poli?tico y funciones de los o?rganos nacionales de proteccio?n y promocio?n de Derechos Humanos, nos toca enunciar co?mo esta? regulado el tema en el contexto nacional actual, para finalmente proponer co?mo deberi?a ser en un futuro Estado democra?tico de derecho.

Contexto nacional actual sobre entidades de proteccio?n y promocio?n de Derechos

Humanos:

Ante todo, es preciso afirmar que no hay en el territorio nacional ninguna institucio?n autorizada en ley, encargada de la proteccio?n y promocio?n de Derechos Humanos con autonomi?a respecto al Estado ni conformada de forma plural, que abarque a las diversas fuerzas de la sociedad civil como orientan los Principios de Pari?s.

En relacio?n al Pacto de Derechos Civiles y Poli?ticos, puede afirmarse que no existe una autoridad de i?ndole judicial encargada de velar por la constitucionalidad y respeto de derechos fundamentales en las leyes de que se promulgan, ni con competencia especifica en Derechos Humanos. No hay un Tribunal Constitucional que se encargue de velar por la supremaci?a de la constitucio?n y el amparo por violaciones de tales derechos.

En el “Proyecto de Constitucio?n” se ha dispuesto en el arti?culo 94 que “la persona a la que se le vulneren sus derechos y sufriere dan?o o perjuicio por los o?rganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, con motivo de la accio?n u omisio?n indebida de sus funciones, tiene derecho a reclamar, ante los tribunales, la restitucio?n de los derechos y obtener, de conformidad con la ley, la correspondiente reparacio?n o indemnizacio?n”. Sin embargo, ello queda sujeto a la promulgacio?n de una nueva Ley de Tribunales y a la creacio?n de una nueva judicatura que au?n no existe en nuestro contexto.

Segu?n el proyecto de constitucio?n, en su arti?culo 103 e), es la Asamblea Nacional del Poder Popular, quien ejerce el control de constitucionalidad sobre las leyes, decretos- leyes, decretos presidenciales, decretos y dema?s disposiciones generales, de conformidad con el procedimiento previsto en ley. Es el propio o?rgano legislativo, lo cual es va?lido para el control interno de tal institucio?n, pero carente de contrapartida institucional, pues el mismo o?rgano legislativo es quien controla que sus disposiciones legales este?n a tono con su propia ley fundamental y garanti?as ¿Quie?n supervisa entonces a la Asamblea?

En la espuria legislacio?n imperante se encuentra de forma dispersa e incompleta la posibilidad de acceder a este recurso, para resolver cuestiones relativas a Derechos humanos. En el proyecto de Constitucio?n se dispone en el arti?culo 64 el derecho de todo ciudadano a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atencio?n o respuestas pertinentes en el plazo adecuado, conforme a la ley. De forma ma?s especi?fica, en la Ley No. 83, Ley de la Fiscali?a General, este organismo tiene entre sus funciones proteger a los ciudadanos en el ejercicio legi?timo de sus derechos e intereses.

Ninguna de las aludidas normas resultan satisfactorias, pues la supuesta garanti?a constitucional abarca a una pluralidad de instituciones que no siempre tienen facultad para restablecer derechos fundamentales o velar por su cumplimiento; en otro orden, la Fiscali?a tiene otras funciones que abarcan tanto el ejercicio de la accio?n penal, como la preservacio?n de intereses legi?timos de o?rganos, instituciones y dependencias estatales

¿Que? hacer cuando estos roles se vuelven antago?nicos entre si??

En el Co?digo Penal y, por tanto, en la Jurisdiccio?n Penal, se encuentran en el Ti?tulo IX los “Delitos contra los derechos individuales”. Un grupo de figuras delictivas que reprimen a quien quebrante bienes juri?dicos tales como, la libertad personal y su autodeterminacio?n (delitos de privacio?n de libertad, amenazas y coaccio?n) la propiedad y la privacidad (delito contra el derecho de propiedad, violacio?n de domicilio y registro ilegal), el secreto de la correspondencia y otros delitos contra “la libertad de pensamiento”, los derechos de reunio?n, manifestacio?n, asociacio?n, queja y peticio?n, libertad de cultos e igualdad. En otros ti?tulos del Co?digo se tipifican tipos penales que protegen otros derechos fundamentales, relativos a la vida, integridad fi?sica, etc.

La jurisdiccio?n penal es imprescindible para todo orden social, sin embargo, cuenta con limitantes, pues su rol es imponer sanciones a quien vulnera e incluso destruye bienes juri?dicos, no restituye derechos ni garantiza su ejercicio. Actu?a cuando ya el dan?o existe y solo contra quien lo produjo. Previene con el temor a la pena y sus funciones son ma?s represivas que garantes.

En lo relativo a la legislacio?n penal, resulta parado?jico que proteja y reprima a quien vulnera derechos fundamentales que no esta?n garantizados en el orden juri?dico. Ejemplo de ello la libertad personal, de opinio?n, expresio?n y prensa, reunio?n, manifestacio?n y asociacio?n. Sin embargo, existen otras figuras delictivas que reprimen su libre ejercicio, fuera de los li?mites razonables del respeto al derecho ajeno y orden pu?blico. Es el caso de las “asociaciones, reuniones y manifestaciones ili?citas”, “clandestinidad de impresos”, “propaganda enemiga”, “desacato”, “difamacio?n de las instituciones”, diversos arti?culos de la Ley 88, entre otros. En un momento posterior del presente trabajo, fundamentaremos lo relativo a nuestra afirmacio?n.

Sistema nacional de proteccio?n y promocio?n de Derechos Humanos

Propuesta:

1.- Tribunal Constitucional. Estimamos que, por la importancia del tema, en un futuro

Estado de Derecho debe instituirse una rama jurisdiccional que se encargue de velar por la supremaci?a de la constitucio?n y la proteccio?n de los derechos fundamentales establecidos en ella, acorde a la Carta Internacional de derechos Humanos.

El Tribunal Constitucional ha de funcionar como un o?rgano auto?nomo e independiente del Estado y solo debe someterse a la Constitucio?n de la Repu?blica y a sus regulaciones de funcionamiento interno. Sus roles son en lo fundamental dos:

1) Hacer efectiva la supremaci?a de la Carta Magna mediante la revisio?n de la adecuacio?n de las leyes, proyectos de leyes y el resto de los instrumentos que conformen o pretendan ingresar al ordenamiento juri?dico. Ello llevado a cabo mediante un examen de constitucionalidad.

En lo relativo a esta funcio?n, un Tribunal Constitucional controla que el ordenamiento juri?dico armonice con la Constitucio?n y sus garanti?as fundamentales. Puede declarar la inconstitucionalidad y la correspondiente nulidad de cuerpos legales que se encuentre en contraposicio?n con la Ley Fundamental. Tambie?n debe efectuar un examen previo sobre la constitucionalidad de los Tratados Internacionales que el Estado pretenda incorporar a su derecho interno.

2) Proteger los derechos fundamentales establecidos en la constitucio?n, mediante la solucio?n de conflictos de intereses que se sometan a su jurisdiccio?n por presuntas violaciones de tales derechos.

En nuestro pasado constitucional tenemos un antecedente de Tribunal Constitucional en la constitucio?n de 1940, donde se instituyo? el “Tribunal de Garanti?as Constitucionales y Sociales”. O?rgano judicial que, de acuerdo al arti?culo 182 de este texto, era competente para conocer de asuntos tales como:

  1. a)  Recursos de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos-leyes, decretos, resoluciones o actos que nieguen, disminuyan, restrinjan o adulteren los derechos y garanti?as consignados en esta Constitucio?n o que impidan el libre funcionamiento de los o?rganos del Estado.
  2. b)  Consultas de jueces y tribunales sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos- leyes y dema?s disposiciones que hayan de aplicar en juicio.
  3. c)  Recursos de habeas corpus, por vi?a de apelacio?n, o cuando haya sido ineficaz la reclamacio?n ante otras autoridades o tribunales.
  4. d)  Validezdelprocedimientoydelareformaconstitucionales.
  5. e)  Cuestiones juri?dico-poli?ticas y las de legislacio?n social que esta Constitucio?n y la Ley sometan a su consideracio?n.
  6. f)  Recursos contra los abusos de poder.

La Constitucio?n de 1940 se caracterizo? por su aplicacio?n disfuncional, lo cual obedecio? a diversos factores que fueron desde lo poli?tico hasta la incapacidad del texto de ajustarse al contexto histo?rico real. El Tribunal de Garanti?as Constitucionales y Sociales, lamentablemente, no fue la excepcio?n. Sin embargo, la pro?xima Ley Fundamental y Tribunal Constitucional en una Cuba democra?tica debera?n beber de su fuente.

2.- Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. La existencia de un Tribunal

Constitucional, encargado de la defensa de los derechos fundamentales, es imprescindible. Sin embargo, un o?rgano jurisdiccional esta? dentro del rango de lo preceptuado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poli?ticos, pero no abarca la pluralidad de funciones enunciadas en lo Principios de Pari?s.

Un Tribunal cuenta con un radio de accio?n limitado, pues, con independencia del examen de constitucionalidad de los cuerpos juri?dicos, en relacio?n con la solucio?n de conflictos sobre derechos fundamentales, solo resuelve aquellos casos que son sometidos a su consideracio?n o pueda conocer de oficio de acuerdo al alcance de sus funciones. Su rol es fundamentalmente esta?tico, es un o?rgano estatal, independiente, pero no auto?nomo en relacio?n al Estado y no abarca el resto de las funciones comprendidas en los principios.

Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos son o?rganos administrativos, destinados para proteger y promover el tema, cuentan con un rango de accio?n heteroge?neo y complementario. Estas se agrupan, generalmente, en dos tipos de categori?as: Defensori?a del Pueblo u Ombudsman y Comisiones de Derechos Humanos.

La Defensori?a del Pueblo u Ombudsman, esta u?ltima denominacio?n de Origen Sueco, instituida en la Constitucio?n de Suecia en 1809, es entendida como una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los ciudadanos ante abusos que puedan hacer los poderes poli?ticos, en su caso, legislativo de ese mismo Estado. El Ombudsman es elegido por el parlamento, pero es independiente a este o?rgano. No tiene capacidad impositiva o coactiva con respecto al cumplimiento y restitucio?n de derechos humanos, su rol es esencialmente persuasivo y, en la mayori?a de los casos esta? capacitado para presentar acciones o recursos ante el Tribunal Constitucional o equivalente.

Las Comisiones de Derechos Humanos, a diferencia del Ombudsman, son o?rganos colegiados formados por diversos grupos sociales y tendencias poli?ticas e independientes del estado, enfocadas en promocionar y ejercer funciones de proteccio?n de derechos fundamentales. Pueden promover investigaciones y solucio?n de conflictos mediante vi?as como la conciliacio?n, el arbitraje e incluso instar al Tribunal Constitucional o equivalente. A pesar de que desarrollan su actividad dentro del territorio nacional, su esfera de accio?n incluye la interaccio?n con organismos y convenciones internacionales.

Propuesta: Dado su rango colegiado, plural y auto?nomo del Estado, un gobierno de transicio?n debe crear una Comisiones de Derechos Humanos.

4) Relacio?n entre Derecho Internacional y Derecho Interno. Sistema de

incorporacio?n

En un escenario complejo como el contempora?neo, marcado por la integracio?n e interrelacio?n entre naciones, la convivencia paci?fica depende de la realizacio?n efectiva de principios de rango trasnacional que se enuncian en la propia Carta de Naciones Unidas, tales como: la libre determinacio?n de los pueblos, igualdad soberana, independencia y no injerencia en asuntos internos de los estados, igualdad de derechos; el respeto universal de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de todos, asi? como la efectividad de tales derechos y libertades, entre otros.

Como puede observarse, los Principios generales del Derecho Internacional Pu?blico esta?n enfocados, en esencia, en cuatro sentidos direccionales, uto?picos en ocasiones y en apariencia contrapuestos:

1) Cooperacio?n internacional, 2) Igualdad de derechos y obligaciones en el marco trasnacional, 3) Soberani?a vista como el respeto a la autodeterminacio?n y no injerencia en cuestiones internas nacionales, y 4) Cumplimiento efectivo de Derechos Humanos.

Existe una aparente contradiccio?n entre el tema soberani?a nacional que invoca la no injerencia en cuestiones de i?ndole nacional y el potencial cuestionamiento, con responsabilidad internacional derivada, del incumplimiento fragante de Derechos Humanos en el orden interno; sin embargo, tal disyuntiva se despeja con la respuesta a una interrogante ba?sica:

¿Podra? considerarse estado libre y soberano aquel que no respete, proteja o garantice los derechos y libertades fundamentales? Evidentemente, no.

Queda sentado que el Derecho a principios del siglo XXI no solo es la herramienta que establece las normas en las relaciones individuo-Estado o interpersonales de los miembros de un determinado territorio, sino que tambie?n incluye los vi?nculos interestatales y los compromisos internacionales. Todo ordenamiento juri?dico contempora?neo esta? compuesto tanto de Normas nacionales como trasnacionales, sin embargo, ello ha generado un sinnu?mero de debates sobre cuestiones relativas a determinar si se trata de dos sistemas de derecho independientes o de un todo interrelacionado, cua?l debe predominar y co?mo debe operar el mecanismo de asimilacio?n.

Antes de particularizar en el espurio ordenamiento juri?dico actual que rige en Cuba y nuestra propuesta de transformaciones en el tema, es relevante presentar brevemente el contenido de las tendencias teo?ricas dominantes que inspiran las constituciones vigentes:

El Dualismo es la expresio?n ma?s cla?sica y antigua, defiende la idea que el Derecho

internacional y el Derecho interno son dos regi?menes va?lidos por si? mismos, pero que no tiene contacto tema?tico en tanto regulan hechos y sujetos distintos, son aplicables por autoridades diferentes y resuelven problemas juri?dicos diferentes.

Tal dualidad implicaba que no existi?a la necesidad de jerarquizarlos para determinar cua?l primaba sobre el otro, entendi?a que el Derecho internacional no era aplicable al a?mbito interno y para que lo fuera, necesitaba incorporarse a trave?s de una ley nacional que lo reflejara.

Esta teori?a resulta de imposible aplicacio?n en el mundo actual, pues las regulaciones trasnacionales imponen ca?nones a todo tipo de feno?menos locales e integradores. Sin embargo, a pesar de su desestimacio?n en el plano teo?rico, es la idea generalizada en operadores internos que no se sienten responsabilizados con normas fora?neas.

El Monismo considera, por el contrario, que el Sistema juri?dico es un conjunto u?nico del que forma parte el Derecho internacional y se centra en determinar la jerarqui?a de uno u otro.

En torno al problema de la jerarqui?a, las teori?as monistas ofrecen dos opciones: 1) El monismo constitucional o del Derecho interno que les otorga la supremaci?a a las normas de produccio?n interna de los Estados sobre las Normas internacionales, y 2) El monismo internacional que ubica las Normas internacionales en la ma?s alta jerarqui?a frente a las normas del orden interno.

En el a?mbito universal, casi todos los ordenamientos juri?dicos de Estados democra?ticos admiten, como regla general, la supremaci?a del Derecho internacional sobre el Interno, aunque en la pra?ctica casi todos cuentan con un mecanismo mixto que les permita invocar, en casos concretos, cuestiones de soberani?a nacional. Ello depende del grado de obligatoriedad que emana de las diversas fuentes del Derecho internacional.

No todas las fuentes del derecho internacional tienen un cara?cter imperativo o perentorio, ius cogens; pero en el a?mbito de los tratados, para los Estados que se someten a sus reglas mediante el mecanismo de consentimiento establecido, rige el principio de armonizar el derecho interno a las reglas del tratado.

El esta?ndar internacional en materia de supremaci?a del Derecho internacional, se encuentra en la Convencio?n de Viena sobre el Derecho de los tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969 y en vigor desde el 27 de enero de 1980. De cuya letra se deducen tres principios fundamentales:

  • –  El libre consentimiento de los Estados partes en la concertacio?n de tratados.
  • –  El principio “Pacta sunt Servanda” (lo pactado obliga), previsto en su arti?culo 26: “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.
  • –  Y el de “Derecho Interno y la observancia de los tratados”, regulado en su arti?culo 27: “una parte no podra? invocar las disposiciones de su derecho interno como justificacio?n del incumplimiento de un tratado”.La Convencio?n de Viena establece el principio monista internacional, de ineludible cumplimiento, pero siempre que el Estado manifieste previamente su adhesio?n mediante los mecanismos preestablecidos para su entrada en vigor -ratificacio?n, aceptacio?n, aprobacio?n o adhesio?n-, segu?n el caso concreto. Luego de ello, el Derecho interno no ha de constituir una limitante.En el caso del sistema imperante en Cuba, ¿co?mo operan los temas relativos al tipo de sistema establecido sobre relacio?n Derecho internacional e interno y el mecanismo de incorporacio?n? Tales cuestiones se encuentran reguladas directamente en la Constitucio?n y de forma especi?fica en el Decreto Ley No.191 de 8 de marzo de 1999 sobre los Tratados Internacionales.El Decreto Ley No.191 estable que los Tratados internacionales entran en vigor a partir del asentimiento del Estado en obligarse mediante los mecanismos de ratificacio?n, aceptacio?n, aprobacio?n y adhesio?n. Libre consentimiento.En el orden constitucional, el u?nico precepto alusivo a la relacio?n entre derechos, nacional e internacional, es el arti?culo 12: “La Repu?blica de Cuba repudia y considera ilegales y nulos los tratados, pactos o concesiones concertados en condiciones de desigualdad o que desconocen o disminuyen su soberani?a y su integridad territorial.”El arti?culo 12 al considerar nulos e ilegales los tratados o pactos concertados en “condiciones de desigualdad”, alude indirectamente a las causas de nulidad preceptuadas en los arti?culos 49, 51 y 52 de la Convencio?n de Viena, relativas al dolo mediante fraude de otro Estado, coaccio?n sobre un representante de un Estado o a la coaccio?n sobre un Estado por amenaza o el uso de la fuerza pu?blica. Todas son vicios del consentimiento o la voluntad.En otro orden, existen en el proyecto de Constitucio?n dos articulo relativos al tema en cuestio?n. El 7 que establece la supremaci?a de la Constitucio?n como “norma suprema del Estado y el 17 que dispone que lo prescrito en los tratados internacionales ratificados por la Repu?blica de Cuba, se integran al ordenamiento juri?dico nacional, conforme a lo establecido en la ley.Al no existir otros preceptos constitucionales relativos al tema, no queda otra alternativa que considerar que la estructura impuesta adopta un sistema monista constitucional con predominio constitucional sobre los compromisos internacionales adquiridos mediante libre consentimiento. Deja abierta la opcio?n de invocar disposiciones del Derecho interno como justificacio?n de incumplimiento de tratados.El otro aspecto de intere?s del tema abordado, es el ana?lisis del mecanismo de incorporacio?n del Derecho internacional al ordenamiento juri?dico y si el me?todo vigente, constituye un verdadero acto de soberani?a.

Contrario a lo manifestado en el Informe presentado por el re?gimen al segundo Examen Perio?dico Universal del Consejo de Derechos Humanos, el proceso de aprobacio?n, ratificacio?n e incorporacio?n de los instrumentos juri?dicos internacionales al Derecho interno, es extremadamente sencillo. Pues solo compete al Consejo de Estado y al Consejo de Ministros. Su regulacio?n esta? enmarcada en dos preceptos constitucionales y en cinco arti?culos del Decreto Ley No. 191 “De los Tratados Internacionales”.

En la “Constitucio?n” se regula en arti?culo 117 n): la atribucio?n del Consejo de Estado de ratificar y denunciar tratados internacionales, mientras el arti?culo 132, inciso d): la facultad del Consejo de Ministros de aprobarlos y someterlos a la ratificacio?n del Consejo de Estado. Asi? de simple.

En el Decreto Ley No. 191 “De los Tratados Internacionales”, Capi?tulo III, Seccio?n II, se regula el aludido tra?mite constitucional de la siguiente manera:

  • –  El Ministerio de Relaciones Exteriores sometera? al Consejo de Ministros los tratados referidos en los arti?culos 14 y 15 -los que requieren aprobacio?n y ratificacio?n de los o?rganos referidos-, anexando su valoracio?n favorable al tratado, incluyendo implicaciones legales, econo?micas o de otra i?ndole de su ejecucio?n en el orden nacional. Se anexara?n, adema?s, el criterio del Ministerio de finanzas – arti?culo 17-.
  • –  La secretaria del Consejo de Ministros circula los documentos para que se reenvi?en al Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso de opiniones contrarias en forma de dicta?menes (arti?culo 18).
  • –  Si solo se requiere la aprobacio?n del Consejo de Ministros, una vez que este adopte el acuerdo se comunica al Ministerio de Relaciones Exteriores para que realice el tra?mite internacional que corresponda (arti?culo 19)
  • –  Si el tra?mite requiere ratificacio?n por el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros lo remitira? a este organismo luego de adoptar la aprobacio?n (arti?culo 20)
  • –  Finalmente, la Secretari?a del Consejo de Estado notifica al Ministerio de Relaciones Exteriores los acuerdos de aprobacio?n y ratificacio?n para que se ejecuten los tra?mites internacionales correspondientes.Como se observa, se trata de un ir y venir entre diferentes organismos que formalmente seri?an parte del poder ejecutivo (en las democracias). Se alude al Consejos de Ministros que, segu?n la Constitucio?n, es el ma?ximo o?rgano ejecutivo y administrativo y constituye el Gobierno de la Repu?blica. Los otros organismos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Finanzas y Precios, forman parte del Consejo de Ministros. El Presidente de los Consejos de Ministros y del Consejo de Estado, ma?xima representacio?n del Estado, convergen en una sola persona en la actual estructura. En el “nuevo proyecto”, estas dos u?ltimas funciones quedara?n separadas y aparecera? una nueva que es la de “presidente de la repu?blica”.Propuesta: Tomando en consideracio?n que la inclusio?n en el ordenamiento juri?dico de instrumentos internacionales, muchas veces requiere para lograr su armonizacio?n, de modificaciones sustanciales, el mecanismo de incorporacio?n es, en lo fundamental, un acto legislativo.

La firma, ratificacio?n, aceptacio?n, aprobacio?n, adhesio?n, segu?n el caso, como acto internacional por el cual el Estado haga constar su consentimiento en obligarse por un tratado, debe corresponder a aquellos que ostenten poderes plenipotenciarios en razo?n de sus funciones o por designacio?n. Lo cual, generalmente, recae en Jefes de Estados, de Gobiernos y Ministros de Relaciones Exteriores.

No obstante, tal consentimiento final, debe ocurrir luego de un peri?odo de discusio?n y votacio?n por mayori?a favorable a su incorporacio?n por el o?rgano legislativo (Parlamento). Lapso en el que se analizari?an cuestiones de Derechos fundamentales, soberani?a u otras que puedan representar en el futuro un debate de supremaci?a, pertinencia de aprobacio?n integra o mediante reservas, etc.

En estos te?rminos, se reduciri?an los posibles conflictos de supremaci?a y no habri?a ningu?n inconveniente para incluir en la Constitucio?n el principio “Pacta sunt Servanda”, y el de Derecho interno y la Observancia de los tratados, en sintoni?a con la Convencio?n de Viena.

5) Derecho a la libertad y a la seguridad personal. Debido proceso

Todo Estado, en el ejercicio de sus funciones, cuenta con la facultad de dirigirse contra el individuo que quebranta el ordenamiento juri?dico con todo un andamiaje institucional capaz de hacer uso, en caso necesario, de la fuerza pu?blica; sin embargo, un Estado de Derecho ha de dotar al presunto infractor de un conjunto de garanti?as, principios y derechos para ejercer de forma eficaz su defensa. Esto es el “Debido proceso”.

El debido proceso representa el equilibrio entre el Poder estatal y el Individuo como parte de la sociedad. Es el li?mite ante el posible poder desmedido del Estado.

El PIDCP dedica los arti?culos del 9 al 15 a los derechos a la libertad y seguridad personal y al empleo de las debidas garanti?as que debe seguir el procedimiento criminal.

El “proyecto de Constitucio?n” en lo relativo al debido proceso, incluye principios que al parecer constituira?n un paso de avance en torno a ello, sin embargo, todo estara? sujeto a las normas especiales encargadas de desarrollar los derechos y garanti?as esenciales en el a?mbito de enjuiciamiento criminal. El Co?digo Penal y la Ley de Procedimiento vigentes, no cumplen con los esta?ndares internacionales. A continuacio?n, citamos algunos ejemplos de incumplimiento de las garanti?as esenciales:

A) Presuncio?n de inocencia versus I?ndice de peligrosidad predelictiva.

El principio de presuncio?n de inocencia, recogido en el arti?culo 14, apartado 2 del PIDCP, se encuentra regulado en el arti?culo 1 de la Ley de Procedimiento Penal: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio pu?blico, en el que se hayan asegurado todas las garanti?as necesarias para su defensa”

Pero este principio entra en contradiccio?n en el arti?culo 72 del Co?digo penal, el cual sen?ala: “Se considera estado peligroso la especial proclividad en que se haya una persona para cometer delito, demostrada por la conducta que observa en contradiccio?n manifiesta con las normas de la moral socialista”.

Si bien es cierto que en cualquier nacio?n existen indicadores de peligrosidad por razones de alcoholismo, drogadiccio?n o actitudes violentas de enajenados mentales, no se justifica una antinomia juri?dica como el arti?culo 72, que va ma?s alla? de la presuncio?n de culpabilidad por la futura e hipote?tica comisio?n de un delito indeterminado. Da la posibilidad al o?rgano judicial de castigar en el presente a un individuo por un hecho au?n no cometido.

Son interesantes tambie?n, por kafkianas, la cualidad de las medidas de seguridad predelictiva por “conducta antisocial” de acuerdo a los arti?culos 78, 80 y 81:

  1. 1)  Internamiento en un centro especializado de trabajo y estudio por un te?rmino de uno a cuatro an?os. En la pra?ctica, el “centro” es un eufemismo de ca?rcel o entidad penitenciaria y, por tanto, la sancio?n es privativa de libertad.
  2. 2)  Entrega a un colectivo de trabajo para el control y la orientacio?n de la conducta del sujeto en estado peligroso. Esta medida se equipara? en sus efectos legales a la pena subsidiaria de la privativa de libertad regulada en el arti?culo 33 del Co?digo Penal, Trabajo Correccional sin Internamiento.
  3. 3)  Vigilancia por los o?rganos de la Polici?a Nacional Revolucionaria. Medida de seguridad similar a la sancio?n accesoria regulada en el arti?culo 45 del Co?digo Penal, Sujecio?n a la vigilancia de los o?rganos y organismos que integran las Comisiones de prevencio?n y atencio?n social.

Como puede observarse, las “medidas de seguridad” no son ma?s que sanciones efectivas. Ello, a nuestro modo de ver, tambie?n entra en contradiccio?n con lo preceptuado en el arti?culo 15 del PIDCP: “nadie sera? condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos segu?n el derecho nacional e internacional”.

B) Intervencio?n tardi?a del defensor en el proceso penal. Acceso a la defensa de oficio.

En el arti?culo 14, apartado 3, incisos b y d del PIDCP se establecen los derechos del acusado de disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparacio?n de su defensa, comunicarse con un defensor de su eleccio?n, defenderse con el auxilio de este, ser informado del derecho a tenerlo y a que se le nombre uno de oficio, en caso de carecer de recursos para pagarlo.

De forma especi?fica, en los “Principios Ba?sicos sobre la Funcio?n de los abogados”, aprobados en el Octavo Congreso de las Naciones Unidad sobre Prevencio?n del delito y Tratamiento de Delincuentes, celebrado en La Habana del 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990, se dispone en su arti?culo que:

“Los gobiernos garantizara?n adema?s que todas las personas arrestadas, o detenidas, con una acusacio?n penal o no, tengan acceso a un abogado inmediatamente, y en cualquier caso dentro de las 48 horas siguientes al arresto o detencio?n”.

En el ordenamiento procesal imperante, el Derecho a la defensa te?cnica o la representacio?n letrada, resulta en extremo tardi?o, trascendiendo negativamente al a?mbito de la defensa material, pues en el procedimiento ordinario el acusado es considerado parte y puede designar defensor solo a partir del momento en que es asegurado con medida cautelar (art. 249 LPP).

Esta disposicio?n es erro?nea, pues el aseguramiento del procesado constituye una cuestio?n totalmente independiente a su condicio?n de acusado, ya que este necesita defenderse desde el momento mismo en que es detenido o en su defecto desde que es instruido de cargos, o sea, cuando se le haga saber de que? se le acusa, por quie?n y cua?les son los elementos en su contra (art. 161 LPP). Siguiendo esta li?nea, en muchas ocasiones, no es hasta el se?ptimo di?a de su detencio?n, li?mite ma?ximo para disponer una medida coercitiva, en que tiene la posibilidad de acceder a un abogado. Para esta fecha, ya se ha vertido su Declaracio?n en ausencia total de un asesoramiento que le permita conocer el alcance de sus manifestaciones.

En ocasiones sucede que el acusado no es sujeto a medida cautelar y, por ende, no tiene derecho a designar defensor hasta el momento en que es notificado de las Conclusiones provisionales del Fiscal. En este momento, ya ha concluido el Expediente de instruccio?n y con e?l la fase investigativa donde este no ha tenido la posibilidad de intervenir y el defensor contara? con el reducido plazo de cinco, o veinte di?as ha?biles cuando se trate de un te?rmino comu?n de ma?s de cuatro acusados para estudiar el sumario, evacuar conclusiones y proponer pruebas de descargo. Esta variante limita considerablemente el derecho a su defensa, pues estuvo ausente en la etapa donde se produjeron las diligencias de instruccio?n que pueden extenderse excepcionalmente hasta 180 di?as o ma?s.

El acceso al Defensor de oficio, segu?n el arti?culo 281 de la LPP, es solo a partir de transcurridos cinco di?as ha?biles de haber recibido el acusado las Conclusiones provisionales del fiscal y corre igual suerte que lo enunciado en el anterior pa?rrafo. A tal posibilidad debe tenerse acceso desde el momento de la detencio?n o la instruccio?n de cargos.

El caso ma?s cuestionable se da en el proceso sumario donde de acuerdo al arti?culo 374.2 de la LPP, el abogado no se persona y participa en el proceso hasta el mismo di?a del juicio oral. Debido a ello no tendra? el tiempo suficiente para ejercer adecuadamente el derecho a la defensa. En otro orden, puede darse el caso que se trate de un extenso expediente o que este resulte complejo en su contenido y materialmente sea en extremo difi?cil realizar la faena descrita en tan estrecho lapso.

C) Falta de regulacio?n expresa en la intervencio?n del defensor en las diligencias sumariales.

Aun cuando se estima que la parte ma?s importante del proceso penal es el juicio oral, no puede obviarse que es en la fase preparatoria o investigativa donde se obtienen los elementos de pruebas e indicios que contendra?n la base de la acusacio?n y que conocera? el juzgador en aquel acto, resultando por ello necesaria la presencia de ambas partes en las diligencias de instruccio?n para lograr su efectivo control. Principio de contradiccio?n.

Parado?jicamente a lo expuesto, en el ordenamiento procesal penal interno solo se regula expresamente en la fase investigativa, la participacio?n del abogado en la Inspeccio?n del lugar de los hechos y cuando es necesario tomarle declaracio?n a un testigo que presuntamente se encontrara? fuera del territorio nacional al momento de celebrarse el juicio oral, segu?n disponen los arti?culos 132 y 194. Es omisa la Ley adjetiva en cuanto a las dema?s diligencias de Instruccio?n.

Sobre la Inspeccio?n del lugar de los hechos, esta facultad otorgada al defensor no posee aplicacio?n pra?ctica, dado que tal diligencia se realiza generalmente al inicio de la investigacio?n, cuando au?n no hay detenido e incluso se desconoce el autor, y si lo hay no se encuentra asegurado.

Evidentemente, esta norma constituye una seria limitacio?n al Derecho a la defensa por lo limitado de las facultades que otorga, que deberi?an extenderse al resto de las diligencias de instruccio?n. Esto constituye una disminucio?n notoria al principio de contradiccio?n, ya que el resultado de las diligencias investigativas queda plasmado en un documento que sera? valorado por los jueces como prueba documental, de la que difi?cilmente podra? defenderse el acusado si no ha participado en su pra?ctica, ni ha tenido la posibilidad de objetarlas durante su realizacio?n. Impidie?ndose el control que sobre las pruebas deben ejercer las partes interesadas.

D) Control del fiscal de la situacio?n procesal del acusado durante la fase sumarial.

La prisio?n preventiva es considerada, por su naturaleza, una pena anticipada, pues vulnera uno de los derechos inherentes a la personalidad tan trascendental como es la libertad, enviando a prisio?n a alguien que es te?cnicamente inocente. Es considerado a su vez un mal necesario que tiene por propo?sito proteger a la sociedad de los ataques ma?s lesivos o peligrosos a sus bienes juri?dicos ma?s importantes; asi? como evitar que el presunto infractor obstaculice o evada la accio?n de la justicia. Debe tener, por su complejidad, un cara?cter excepcional y determinarse por un o?rgano imparcial.

El re?gimen por su parte ha hecho variaciones en lo referente a esta institucio?n, en detrimento del planteamiento anterior y de las garanti?as procesales. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la prisio?n preventiva era determinada por un Juez de Instruccio?n fundadamente por auto que era recurrible ante la Audiencia con celebracio?n de vista. En la Ley de 1973 se determinaba la situacio?n procesal en una audiencia verbal, con intervencio?n del Tribunal, fiscal, defensor y acusado y se tomaba una decisio?n irrecurrible. Luego, con la Ley de 1977, se facultaba al Fiscal para adoptar la medida que era revisada por el Tribunal. Finalmente, en 1994 con el Decreto Ley No.151 se le otorgaba a la Fiscali?a, el sen?ori?o exclusivo del aseguramiento del acusado en cuanto a este medio coercitivo en la fase preparatoria.

En la actualidad, el Fiscal asegura, resuelve disconformidades en cuanto al aseguramiento y, adema?s, acusa. El Fiscal, que es una de las partes del proceso, es quien posee la potestad para resolverlo. Obviamente, no puede existir imparcialidad en la opinio?n y actuar del acusador, el Fiscal. Esta situacio?n es insostenible.

E) El derecho a recurrir los fallos condenatorios. La prohibicio?n de la Reformatio In peius.

El arti?culo 14, apartado 5 del PIDCP, regula el derecho de toda persona declarada culpable por fallo condenatorio, que su pena sea sometida a un Tribunal superior, conforme a lo prescrito en la ley.

Esta normativa forma parte del derecho a la defensa, que debe ser complementado por el principio de Prohibicio?n de la Reformatio In Peius, que consiste en la prohibicio?n de agravar la situacio?n procesal del recurrente por el tribunal superior. Obedece a la ma?xima de que no puede derivarse un perjuicio a quien, como expresio?n de la autodeterminacio?n de su voluntad, decide hacer uso del medio de impugnacio?n dispuesto para intentar mejorar su estatus en el proceso.

Lo contrario desnaturalizari?a la esencia misma del recurso, que es gozar de una segunda oportunidad que obedezca a los intereses de quien lo hace.

Este principio tan importante no esta? regulado en ningu?n precepto en la Ley de Procedimiento Penal, su contenido se encuentra orientado al sistema judicial, a trave?s de la Instruccio?n No. 63 de 11 de mayo de 1977 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. Donde se expone que aun cuando no se encuentra regulado en la LPP, debe entenderse que rige tambie?n a los procesos que este cuerpo legal regula, ya que es consustancial a la naturaleza misma de todo recurso, cualquiera que sea su clase, que se utilice en intere?s y nunca en perjuicio de quien hace uso de e?l.

A la disposicio?n aludida se opone en parte la tambie?n Instruccio?n del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular No. 107 de 15 de marzo 1983 que instruye a los Tribunales Provinciales Populares que cuando conozcan en apelacio?n, de un delito que entiendan de su competencia y que fue indebidamente juzgado por un Tribunal Municipal Popular, trasladara? las actuaciones al Fiscal para que emita su criterio y, en su caso, anulara? las actuaciones y remitira? nuevamente estas al fiscal para que formule la imputacio?n correspondiente.

Esta u?ltima Instruccio?n constituye una violacio?n al principio Prohibicio?n de la Reformatio In peius cuando el u?nico recurrente haya sido el acusado, pues se deriva un perjuicio en su contra como consecuencia de un derecho concedido en Ley de la cual este hace uso de acuerdo a la determinacio?n de su voluntad, contradiciendo la esencia misma de todo recurso. Si bien es cierto que esta disposicio?n tiene por propo?sito enmendar un error de procedimiento, este no se hubiera conocido si el sancionado no hubiera hecho uso de su derecho a recurrir.

En otro orden, en la pra?ctica ha sucedido que cuando un recurso de Casacio?n establecida por el acusado, el Tribunal Supremo por Quebrantamiento de Forma ha anulado y retrotrai?do las actuaciones al tra?mite de investigaciones, Calificaciones, Juicio oral o votacio?n y sentencia; la nueva resolucio?n ha resultado perjudicial al recurrente en relacio?n a la primera. Todo por no estar regulado expresamente en la Ley de Tra?mites este imprescindible principio procesal en el marco del debido proceso.

Propuesta:

Elementos fundamentales del ordenamiento interno como: La presuncio?n de inocencia, la intervencio?n del defensor en el proceso penal, el acceso a la defensa de oficio, la falta de regulacio?n expresa en la intervencio?n del defensor en las diligencias sumariales, la intervencio?n del fiscal de la situacio?n procesal del acusado durante la fase sumarial, el derecho a recurrir los fallos condenatorios, la prohibicio?n de la Reformatio In peius, entran en contradiccio?n con los esta?ndares internacionales y deben ser armonizados.

Todo elemento presente en el ordenamiento interno que sea discordante con los esta?ndares internacionales, debe ser de inmediato derogados o armonizados segu?n sea el caso.

Debe ser prioridad del gobierno de transicio?n asegurar las garanti?as procesales para todo ser humano.

6) Libre ejercicio de la abogaci?a

Un factor decisivo para el funcionamiento de una sociedad organizada en la estructura interactiva de un Estado de derecho democra?tico, ha de ser el efectivo ejercicio de la abogaci?a, practicado de forma libre e independiente, fuera del andamiaje estatal. Ello encuentra fundamento en que mientras la mayori?a de los operadores del derecho pertenecen a las instituciones estatales, con fines generales y roles administrativos, judiciales, coercitivos, etc.; es en la figura del abogado donde la ciudadani?a encuentra un verdadero gestor de sus intereses particulares, capaz de reclamar ante el poder pu?blico tanto el otorgamiento como la restitucio?n de derechos y garanti?as fundamentales.

En resumen, la abogaci?a ha de ser una herramienta en manos del ciudadano para el ejercicio efectivo de sus derechos. Factor decisivo en el equilibrio Poder pu?blico-Derechos Humanos. Por eso su ejercicio ha de desarrollarse en coordinacio?n, pero de forma auto?noma o independiente a la gestio?n estatal.

Diversos son los instrumentos juri?dicos internacionales sobre el tema de la abogaci?a, pero para establecer un patro?n comparativo con la vigente normativa nacional, por su afinidad y sede de discusio?n, consideramos ma?s ido?neos los “Principios Ba?sicos sobre la Funcio?n de Abogados”, aprobados por el Octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevencio?n del Delito y Tratamientos del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

El examen comparativo que a continuacio?n relacionamos sera? solo sobre la base de aspectos tema?ticos de aquellos puntos que identificaremos como los ma?s contradictorios.

Principios Ba?sicos sobre la Funcio?n de Abogados:

  • –  En el noveno Considerando del Prea?mbulo se establece que “la proteccio?n apropiada de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales que toda persona puede invocar, ya sean econo?micos, sociales y culturales o civiles y poli?ticos, requiere que todas las personas tengan acceso efectivo a servicios juri?dicos prestados por una abogaci?a independiente”.
  • –  En el pa?rrafo final del Prea?mbulo se enuncia que “los Principios Ba?sicos sobre la Funcio?n de los Abogados que figuran a continuacio?n… deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de su legislacio?n y practica nacionales…” Alusivo a Cuba por ser parte y sede en la elaboracio?n de este instrumento juri?dico internacional.
  • –  En el arti?culo 7 se dispone que “los gobiernos garantizara?n adema?s que todas las personas arrestadas, o detenidas, por una acusacio?n penal o no, tengan acceso a un abogado inmediatamente, y en cualquier caso dentro de las 48 horas siguientes al arresto o detencio?n”. En el punto No. 5 de este documento, relativo al Derecho a la libertad y seguridad personal, inciso b, expusimos por que? este particular no se cumple en Cuba.
  • –  El arti?culo 23, expone que “los abogados, como los dema?s ciudadanos, tienenderecho a la libertad de expresio?n, creencias, asociacio?n y reunio?n…” Los temas relativos a estas libertades son abordados de forma especi?fica en los puntos 7 y 8 del presente documento.
  • –  Y el arti?culo 24 establece facultad de los abogados para “constituir asociaciones profesionales auto?nomas e incorporarse a estas asociaciones con el propo?sito de representar sus intereses…” He aqui? la cuestio?n.En Cuba el ejercicio de la abogaci?a esta? regulado y centralizado en una u?nica institucio?n de rango nacional, de estructura piramidal y vertical y dependiente tanto de la Organizacio?n Central del Estado como de los gobiernos provinciales: La Organizacio?n Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC).Las normas relativas a la cuestio?n aparecen en el Decreto Ley No. 81 -Sobre el Ejercicio de Abogaci?a y la Organizacio?n de Bufetes Colectivos- y en la Resolucio?n No. 142 de 18 de diciembre de 1984 del Ministro de Justicia que dispuso su Reglamento.La ONBC no nace como resultado de la voluntad conjunta o mayoritaria del gremio de abogados de agruparse en una u?nica institucio?n y renunciar al derecho plural de asociacio?n, sino a un acto dispositivo del Consejo de Estado mediante Decreto Ley. En tanto, el Reglamento que regula sus normas de funcionamiento no emana de sus o?rganos directivos superiores, la Asamblea General o la Junta Directiva, sino de un organismo de la Administracio?n Central del Estado: el Ministerio de Justicia.A continuacio?n, relacionamos el articulado de la legislacio?n vigente, incompatibles con los Principio Ba?sicos de la Funcio?n de Abogados, que debera?n derogarse:A) Centralizacio?n y monopolio del ejercicio de la abogaci?a, excluyente de cualquier variante de pluralidad:Este aspecto queda definido en arti?culo 1 del D/L 81 donde luego de definir el rol de la abogaci?a, precisa que “son abogados los juristas que ejercen habitualmente la abogaci?a dentro de la Organizacio?n Nacional de Bufetes Colectivos, sin perjuicio de lo establecido en el inciso a) del arti?culo 4”. Por su parte, el arti?culo 3 establece como requisito sine qua nom para ejercer esta funcio?n, adema?s del correspondiente ti?tulo en Derecho, el ser admitido por la ONBC.En los dos preceptos aludidos, se muestra el cara?cter monopo?lico y excluyente de la ONBC, pues no basta con ser jurista acreditado para ejercer rol habitual de abogado, sino que es preciso pertenecer a una u?nica institucio?n que, adema?s, cuenta con derecho de admisio?n.Tal regla tiene un nu?mero limitado de excepciones en su arti?culo 4 donde se dispone, poder desempen?ar excepcionalmente el rol de abogaci?a fuera de la ONBC, a los juristas que:El inciso a) alude a los que “este?n Vinculados laboralmente a las sociedades civiles de servicios, reconocidas por la legislacio?n vigente”.

A esta “excepcio?n” la caracteriza la extrema ambigu?edad, pues es incierto el te?rmino “sociedades civiles de servicios”, asi? como cua?les son las reconocidas en la legislacio?n. ¿Se trata de asociaciones alternativas o independientes de abogados? A estas interrogantes responderemos al abordar el tema especi?fico.

Los incisos b), c), ch) y d) autorizan de modo excepcional a los juristas a ejercer en asuntos relacionados con sus propios derechos, su co?nyuge, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; representar a una entidad estatal, cooperativa, organizacio?n social o de masas, tras haber sido previamente autorizado por el Ministro de Justicia para actuar en un procedimiento determinado y para ejercer la docencia en facultades de derecho.

Como puede apreciarse, se trata de autorizaciones muy limitadas para casos puntuales.

B) Control y subordinacio?n a o?rganos de gobierno central y local. Falta de independencia en el ejercicio de la abogaci?a.

En este aspecto medular, se utiliza la ambigu?edad juri?dica a fin de crear una ilusio?n de independencia, que luego de un ana?lisis racional queda en entredicho.

En un primer momento, en el arti?culo 2 del D/L 81 se enuncia que el ejercicio de la abogaci?a es libre e independiente, solo subordinado a la ley, con el disfrute de todos los derechos y garanti?as legales para exponer los alegatos en relacio?n con el derecho que se defienda. Por su parte, el arti?culo 5 especifica que la ONBC es una entidad auto?noma nacional de intere?s social y cara?cter profesional, con personalidad juri?dica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por juristas.

Estos enunciados entran en contradiccio?n con las Disposiciones Especiales Primera y Segunda del D/L 81 que le otorgan al Ministerio de Justicia la facultad de ejercer la alta inspeccio?n, supervisio?n y control de la actividad de la ONBC y sus miembros. A su vez, los o?rganos provinciales del Poder Popular, a trave?s de las direcciones provinciales de justicia, tambie?n inspeccionan a los bufetes colectivos. El doble control estatal ata y limita la supuesta autonomi?a de la abogaci?a, atornillada en los bufetes.

Sin embargo, no es en el D/L 81 donde se evidencia una contradiccio?n manifiesta con los te?rminos libertad, independencia y autonomi?a en el ejercicio de la abogaci?a, pues no resultan ati?picas las funciones de inspeccio?n, supervisio?n o cierto control por parte del Estado. Lo irregular esta? dado en el contenido y extenso nu?mero de atribuciones que se otorga a los organismos del Estado en el Reglamento del D/L.

En el Reglamento sobre el Ejercicio de la Abogaci?a y la ONBC (Resolucio?n No. 142 del Ministro de Justicia), se establece en el arti?culo 42 Las atribuciones del Ministerio de Justicia, y en el 43 las atribuciones y deberes de los o?rganos provinciales del Poder Popular sobre la ONBC. Una simple lectura de sus postulados puede ilustrar el problema.

El reglamento le otorga al Ministerio de Justicia diversas atribuciones sobre la ONBC, algunas de ellas abarcan cuestiones como:

  • –  Aprobar su Reglamento.
  • –  Supervisar y evaluar la actuacio?n de los abogados con las instituciones y losusuarios.
  • –  Aprobar la creacio?n, divisio?n, refundicio?n y extensio?n de unidades y subunidades, asi? como el nu?mero de abogados adscritos.
  • –  Controlar la poli?tica a seguir en cuestiones concernientes a la seleccio?n,promocio?n y seleccio?n de los cuadros de Bufetes Colectivos.
  • –  Anular o suspender los acuerdos de la Junta Directiva Nacional que infrinjan lasleyes o su reglamento.
  • –  Analizar las quejas que se reciban de los usuarios y la poblacio?n y dar cuenta a laJunta Directiva Nacional para que adopte las medidas pertinentes;
  • –  Proponer al Comite? Estatal de precios las tarifas para el cobro de los serviciosjuri?dicos que presta la organizacio?n;
  • –  Practicar auditoria o comprobaciones a las actividades econo?micas- financieras;No obstante, lo enunciado no es suficiente, pues a los o?rganos provinciales del “poder popular” se les asignan otras funciones que de conjunto con las del MINJUS, anulan la capacidad dispositiva de la ONBC. Entre ellas las siguientes:
  • –  Vigilar la disciplina de los directores de bufetes.
  • –  Ser oi?dos en relacio?n a la ubicacio?n de las unidades de bufetes y la cantidad deabogados que deben integrarlas.
  • –  Coadyuvar con el Ministerio de Justicia para que el personal ajuste su actuacio?n ala legalidad socialista.
  • –  Trasladar a la Direccio?n Provincial de Bufetes criterios sobre la designacio?n osustitucio?n de los directores de las unidades y sobre la actuacio?n de los mismos.
  • –  Controlar la organizacio?n financiera de los bufetes radicados en la respectivaprovincia.
  • –  Controlar el cumplimiento de normas relativas al re?gimen laboral, salarial, pra?cticaprofesional, capacitacio?n, etc.
    Luego de examinar tales atribuciones, no cabe duda de que la ONBC no es libre,auto?noma ni independiente.C) Imposibilidad de constituir asociaciones de abogados auto?nomas o alternativas.La lectura de los arti?culos 1 y 3 del D/L 81 otorga?ndole el cara?cter exclusivo en el ejercicio de la abogaci?a a la ONBC, parece ser excluyente en torno al Derecho de los abogados a crear asociaciones independientes o alternativas a esta organizacio?n, sin embargo, el inciso a) del arti?culo 4, alusivo a miembros vinculados a las indefinidas “sociedades civiles de servicios”, genera incertidumbre sobre si ello crea una hipote?tica posibilidad.La ambigu?edad se incrementa en la Disposicio?n Especial U?nica del D/L 81 que expone que la “Unio?n Nacional de Juristas de Cuba asocia a los juristas y los representa en Cuba y en el Extranjero”.La Unio?n Nacional de Juristas, segu?n el D/L, es tambie?n una organizacio?n centralizada que monopoliza la representacio?n nacional e internacional de juristas. Sin embargo, en el plano conceptual no es una Asociacio?n creada a partir de lo regulado en la Ley No. 54, Ley de Asociaciones, sino una Organizacio?n Social o de Masas que basa su origen en el arti?culo 14 del proyecto de Constitucio?n.La Unio?n de Juristas no es una Asociacio?n en el plano juri?dico-constitucional. En consecuencia, no es el resultado de la facultad otorgada en el arti?culo 24 de los Principio Ba?sicos sobre la Funcio?n de Abogados. En otro orden, su cara?cter de organizacio?n de masa o social, entra en la definicio?n de institucio?n paraestatal dada al abordar el tema electoral. Ver punto 2.

Por u?ltimo, surge la interrogante de si el te?rmino “sociedades civiles de servicios” pudiera estar incluido en la Ley de Asociaciones al enunciar en su arti?culo 2 sobre el tipo de asociaciones autorizadas a constituirse donde se emplea otra expresio?n ambigua: “cualesquiera otra (asociacio?n) que conforme a la Constitucio?n y esta Ley se propongan fines de intere?s social”.

A esta duda puede responderse en negativo de acuerdo a un hecho precedente, pues ya hubo un intento fallido de legalizar mediante la gestio?n de un grupo de abogados, de acuerdo a la Ley de Asociaciones y su Reglamento, una Asociacio?n juri?dica auto?noma.

Tal fue el caso de la Asociacio?n Juri?dica Cubana que pretendio? su legalizacio?n agotando los recursos del Derecho interno, lo cual devino en un largo proceso que abarco? la vi?a administrativa y judicial iniciado en la Sala Segunda de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial de La Habana (No. 304/2012) y que culmino? en la ma?xima judicatura, Tribunal Supremo.

¿Por que? de la negativa? La existencia de la ONBC y de la Unio?n Nacional de Juristas.

Propuesta: En futuros cambios legislativos, el ejercicio de la abogaci?a en Cuba debe armonizarse con los “Principios Ba?sicos sobre la Funcio?n de Abogados” de Naciones Unidas. La ONBC debe ser disuelta, dando paso a la creacio?n de nuevas asociaciones de este gremio, guiadas por los esta?ndares internacionales mencionados.

El gobierno de transicio?n debe brindar plenas libertades para desempen?ar el ejercicio de la abogaci?a. Debe incluirse a un nuevo sector privado, reinstaura?ndose como herramienta pra?ctica del ciudadano para la efectiva defensa de sus derechos. La independencia y eficacia de los letrados representa el equilibrio Poder pu?blico-Derechos Humanos.

7) Libertad de opinio?n, expresio?n y prensa

Las libertades de opinio?n, expresio?n y prensa constituyen, sin dudas, uno de los puntos neura?lgicos en cuanto al cuestionamiento de su estipulacio?n en el orden nacional y medios coercitivos que limitan y reprimen su efectivo ejercicio. Antes de adentrarnos en consideraciones, es preciso establecer puntos comparativos entre algunos instrumentos juri?dicos internacionales, y principios generales, para luego pasar al a?mbito interno.

Tanto la Declaracio?n Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poli?ticos (PIDCP), enuncian en sus respectivos arti?culos 19 el derecho relativo a no ser molestados a causa de nuestras opiniones y al Derecho a la libertad de expresio?n que comprenda la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda i?ndole, sin consideracio?n de fronteras, ya sea en forma oral, escrita, impresa, arti?stica u otro procedimiento de eleccio?n. Similar redaccio?n al PIDCP recoge la “Convencio?n Americana sobre Derechos Humanos” o “Pacto de San Jose? de Costa Rica” en su el arti?culo 13

El PIDCP y el “Pacto de San Jose?” establecen li?mites mesurados basados en el respeto a los derechos y reputacio?n ajena y razones de seguridad nacional, orden, salud y moral, pu?blicas, asi? como la prohibicio?n de propaganda a favor de la guerra y la apologi?a al odio que incite a la discriminacio?n, la hostilidad o la violencia. Fuera de ello estas libertades han de ser plenas.

El PIDESC tambie?n se pronuncia al respecto en su arti?culo 15 en relacio?n al Derecho a participar en la vida cultural y el Compromiso de los Estados partes para respetar la indispensable libertad en la actividad creadora.

Estos derechos y libertades no tienen mayor complicacio?n en Estados democra?ticos, de derecho, donde se admite el pluralismo poli?tico e ideolo?gico, como resultado de la diversidad humana. En este tipo de sociedades, se admite como esencia el conflicto de intereses y la confrontacio?n de criterios contrapuestos como vi?a paci?fica para lograr los cambios que, en el orden social, econo?mico o poli?tico, sean necesarios. La manifestacio?n sincera de verdaderos puntos de vista, sin temor al debate, es la expresio?n viva del verdadero ejercicio de la soberani?a popular.

Para nuestro pesar en el “orden juri?dico” vigente en nuestro pai?s, estos derechos au?n se encuentran coartados. En el arti?culo 59 del proyecto de constitucio?n “El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresio?n.”

“La objecio?n de conciencia no puede invocarse con el propo?sito de evadir el cumplimiento de la ley…”

Por su parte, el arti?culo 60 “Se reconoce a los ciudadanos la libertad de prensa. Este derecho se ejerce de conformidad con la Ley.”
“Los medios fundamentales de comunicacio?n social, en cualquiera de sus soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo, lo que asegura su uso al servicio de toda la sociedad.”

“El Estado establece los principios de organizacio?n y funcionamiento para todos los medios de comunicacio?n social.”

Realmente se trata de una formulacio?n dirigida al a?mbito de las apariencias; pues adolece de ambigu?edad. En torno a la libertad de expresio?n el nuevo texto sustituye la limitante “fines de la sociedad socialista” por “el cumplimiento de la Ley”, lo cual remite a leyes especiales que regulen o restrinjan tal libertad. Ello no lleva a dos interrogantes: ¿Cua?les sera?n los para?metros que se establecera?n en las normas complementarias? ¿Que? le sucede a quie?nes se expresan sin tener en cuenta las normas del aparato estatal?

Parte de la respuesta se encuentra en el propio articulado del proyecto, pues en el pa?rrafo segundo de su arti?culo 39 se dispone que “los derechos y deberes reconocidos en esta Constitucio?n se interpretan de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Cuba”. En relacio?n a tal afirmacio?n, haremos un simple examen comparativo de la letra de la Declaracio?n Universal de Derechos Humanos con el proyecto en torno a la igualdad ante la ley:

El arti?culo 2 de la declaracio?n universal refiere: “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaracio?n, sin distincio?n alguna de raza, color, sexo, idioma, religio?n, opinio?n poli?tica o de cualquier otra i?ndole, origen nacional o social, posicio?n econo?mica, nacimiento o cualquier otra condicio?n. Adema?s, no se hara? distincio?n fundada en la condicio?n poli?tica…”

Similar redaccio?n tiene ambos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, firmados por Cuba desde 2008 y au?n no ratificados, el de Derechos Civiles y Poli?ticos y el de Derechos Econo?micos, Sociales y Culturales, tambie?n en su arti?culo 2 donde se incluye la prescripcio?n de discriminacio?n por razo?n de opinio?n poli?tica o de otra i?ndole.

Por su parte el arti?culo 40 del proyecto refiere que: “Todas las personas son iguales ante la ley, esta?n sujetas a iguales deberes, reciben la misma proteccio?n y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminacio?n por razones de sexo, ge?nero, orientacio?n sexual, identidad de ge?nero, origen e?tnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o cualquier otra distincio?n lesiva a la dignidad humana.”

Como puede apreciarse, la letra del proyecto tiene una descripcio?n mucha ma?s amplia. Sin embargo, a diferencia de la declaracio?n Universal, no esta? prescrita la discriminacio?n por razo?n de opinio?n poli?tica o de cualquier otra i?ndole ni la distincio?n en base a la condicio?n poli?tica. Se emplea en su lugar, una formula ambigua que da margen a dudas con respecto a ello, “cualquier otra distincio?n lesiva a la dignidad humana” ¿Esta? prohibida o permitida la discriminacio?n en razo?n de opinio?n o condicio?n Poli?tica? ¿Tal discriminacio?n, en caso de estar permitida, incluira? o mantendra? sanciones penales?

Un tema tan importante como la libertad de expresio?n o condicio?n poli?tica, no puede quedar indefinido. Es peligroso.

En relacio?n a la libertad de prensa, tambie?n se remite a una ley especial y se emplea el te?rmino medios fundamentales de comunicacio?n, lo cual continu?a con el monopolio y centralizacio?n de los medios de difusio?n en manos del Estado. Lo que implica comunicacio?n acorde solo al discurso oficial ¿Co?mo investigar, recibir y difundir informaciones por cualquier medio y sin limitacio?n de fronteras? ¿Cua?les son los medios no fundamentales de comunicacio?n social y como se podri?an emplear si se expone que el Estado regulara el uso de todos de estos?

En lo relativo al Derecho a participar en la vida cultural y a la libertad creadora, continu?a coartado en el proyecto de nueva constitucio?n. El articulo 90 comienza exponiendo que todas las personas tienen derecho a participar en la vida cultural y arti?stica de la nacio?n, para luego enunciar que el Estado promueve la cultura y las distintas manifestaciones arti?sticas, de conformidad con la poli?tica cultural y la ley. Finalmente, en el arti?culo 95 h) se expone que “la creacio?n arti?stica es libre y en su contenido respeta los valores de la sociedad socialista cubana. Las formas de expresio?n en el arte son libres” ¿Son libres o deben respetar los valores de la sociedad socialista? La antinomia legal aparece en el propio precepto juri?dico.

En relacio?n a la creacio?n arti?stica, recientemente ha salido a la luz pu?blica, mediante Gaceta Oficial No. 35 Extraordinaria de 10 de Julio de 2018, el Decreto No. 349 sobre “Contravenciones de las Regulaciones en Materia de Poli?tica Cultural y sobre la prestacio?n de Servicios Arti?sticos.” Cuyo contenido es objeto de preocupacio?n en torno a las formas de expresio?n arti?sticas.

En el Decreto 349, se busca de forma general la centralizacio?n y control del universo de especta?culos arti?sticos por parte del Ministerio de Cultura y sus diferentes departamentos. Se penaliza todo especta?culo o intervencio?n arti?stica en lugares abiertos al pu?blico que no este? previamente aprobados y contratados por la institucio?n cultural a que corresponda (nada fuera de la supervisio?n del Ministerio de Cultura), el empleo de medios audiovisuales donde se muestren contenidos desde cuestiones realmente reprobables hasta otras que “infrinjan el normal desarrollo de nuestra sociedad en materia cultural”(arti?culo 3, inciso g), El comercio de libros con contenidos lesivos a los valores e?ticos y culturales (arti?culo 4, inciso f). Es decir: Censura institucionalizada.

Si de acuerdo al enunciado del proyecto de Constitucio?n, au?n no resulta suficientemente claro cua?les sera?n las leyes especiales que regulara?n la libertad de expresio?n, prensa, medios de comunicacio?n, la poli?tica cultural y los valores dentro de los cuales debe moverse la creacio?n arti?stica. Si? podemos responder la interrogante de que? le sucede a quie?nes se expresan sin tener en cuenta las normas del aparato estatal. Parte de las respuestas a esta cuestio?n se encuentran, fundamentalmente, en el Co?digo Penal y en la Ley 88.

a) Preceptos del Co?digo Penal que reprimen las libertades de opinio?n, expresio?n y prensa.

Las restricciones constitucionales se materializan en el articulado del Co?digo Penal. El arti?culo 103 tipifica el Delito de propaganda enemiga e incluso preve? sancio?n en su figura agravada entre 7 y 15 an?os de prisio?n. “Si para la ejecucio?n de los hechos…se utilizan medios de difusio?n masiva”.

La aludida figura delictiva cuenta, por su indefinida ambigu?edad, con un rango de alcance ilimitado, pues que? debe entenderse por “propaganda enemiga”. Ello incluye desde el reprochable proselitismo a favor de un enemigo en acciones be?licas, apologi?a a la guerra al odio, etc.; como el derecho a difundir informaciones e ideas ma?s alla? de los denominados “fines de la sociedad socialista” con su respectivo cara?cter excluyente e intolerante a la diversidad poli?tica e ideolo?gica.

Tambie?n los arti?culos 144, 204, 210 y 291 violan y penalizan la Libertad de expresio?n y de opinio?n. El 144, apartado 2, preve? sancio?n para quienes se manifiestan contra el Presidente del Consejo de Estado, el Presidente de la Asamblea Nacional, ministros, diputados y otros funcionarios. Si bien es justo proteger la dignidad y el decoro de cualquier persona, esta figura puede tipificar delitos a los que, sencillamente, manifiesten disconformidad con la permanencia en el poder de los ocupantes de tales cargos.

Por su parte, el arti?culo 204, describe las medidas contra el que pu?blicamente difame, denigre o menosprecie a las instituciones, las organizaciones poli?ticas y de masas y a los he?roes y ma?rtires de la patria. Precepto que con exclusio?n del mencionado debido respeto a los pro?ceres, impide el cuestionamiento y la necesaria discrepancia poli?tica.

El 210, titulado Clandestinidad de impresos, censura cualquier tipo de difusio?n escrita fuera del centralismo estatal. No importa el tipo de noticia, informacio?n e idea: fuera del Estado, nada.

b) ComentariossobrelaLeyNo.88.LeyMordaza.

La llamada, “Ley de Proteccio?n de la Independencia Nacional y la Economi?a de Cuba”, de nu?mero 88 de febrero de 1999, clasifica en el te?rmino de Ley Mordaza, pues no solo cuarta derechos y libertades como los de expresio?n, reunio?n, asociacio?n y prensa; sino que tipifica y reprime con extensas penas de prisio?n, conductas propias de su ejercicio efectivo.

La Ley 88 enuncia que tiene por propo?sito o finalidad “tipificar y sancionar aquellos hechos dirigidos a apoyar, facilitar, o colaborar con los objetivos de la Ley “Helms- Burton”, el bloqueo y la guerra econo?mica contra nuestro pueblo, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el pai?s y liquidar el Estado Socialista y la independencia de Cuba”

Como puede observarse, la reto?rica empleada cuenta con una redaccio?n en extremo expansiva. Comienza exteriorizando el problema a razones internacionales, para luego recurrir a cuestiones internas ambiguas, aludiendo tanto al tema soberani?a, como a todo aquello que pueda representar un cuestionamiento abierto del ri?gido sistema poli?tico. En especial del derecho a disentir, a difundir ideas fuera de los medios oficiales de prensa y el empleo de medios no estatales para ello.

A continuacio?n, analizaremos algunas de las conductas que tipifican como delitos:

1) En el arti?culo 4, suministrar informacio?n al Gobierno de Estados Unidos de Ame?rica,

agencias, dependencias, representantes o funcionarios o terceros estados (cualquiera), segu?n el arti?culo 12, con los fines ya descritos. Ello puede alcanzar pena de hasta 20 an?os de prisio?n.

En este caso no se trata de informacio?n clasificada, pues a ello se refiere el arti?culo 5, y es obvio que seri?a reprochable e incluso sancionable el divulgar falsas noticias. Sin embargo, esta figura incluye la difusio?n de noticias, la denuncia de arbitrariedades o violaciones de Derechos Humanos por parte del Estado u opiniones opuestas al sistema imperante. Salvo el caso de evidente falacia, este precepto reprime abiertamente la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda i?ndole, sin consideracio?n de fronteras.

2). El arti?culo 6 reprime al que acumule, reproduzca o difunda material de cara?cter subversivo. Ello evidentemente constituye un concepto en extremo amplio e indefinido que sobrepasa los li?mites razonables establecidos en los citados instrumentos juri?dicos internacionales. Puede abarcar hasta 15 an?os de prisio?n.

3) El arti?culo 7, tipifica y sanciona hasta con 8 an?os de prisio?n, colaborar con emisoras de radio o televisio?n, perio?dicos, revistas u otros medios de difusio?n extranjeros. O sea, cualquier gestio?n de periodismo, fuera de los medios oficiales nacionales.

Sin embargo, lo ma?s absurdo de este arti?culo se encuentra en su apartado 2 que expone que “la responsabilidad penal sera? solo para los que utilicen los medios y no para los reporteros extranjeros legalmente acreditados en el pai?s, si fuera la vi?a empleada”. En este caso, una misma actividad llevada a cabo en concierto de voluntades y en colaboracio?n por dos personas, un nacional y un extranjero, solo sera? delito para el cubano. Ello representa una discriminacio?n por lugar de origen, pues a los efectos de esta ley no somos iguales, lo cual entra en contradiccio?n con los citados instrumentos juri?dicos internacionales e incluso la “constitucio?n”, en su arti?culo 42.

Por u?ltimo, enunciaremos lo que, a todas luces, evidencia violaciones de principios generales del Derecho Penal:

1). Se excluye cualquier consideracio?n al tema Autori?a y Participacio?n en el delito, segu?n el cual existen varias formas de intervencio?n delictiva, autores y co?mplices, pues los delitos, por lo general, pueden cometerse por una o varias personas (arti?culos 18 y 19 de Co?digo Penal). Ello se evidencia en la incorporacio?n en varias figuras delictivas, modalidades agravadas que abarcan hasta 20 an?os de prisio?n “si el hecho se comete en concurso de dos o ma?s personas”

Ello vulnera, adema?s, cualquier intento de asociacio?n o reunio?n para fines de periodismo independiente.

2). Existen varias etapas en el desarrollo del acto delictivo: Ideacio?n, actos preparatorios, tentativa y consumacio?n. La primera de ellas no resulta punible, pues queda solo en el plano subjetivo, generacio?n de ideas, meros acuerdos sin llegar a actos preparatorios, etc. Sin embargo, en el arti?culo 10 se sanciona con un marco de 2 a 5 an?os de prisio?n o multa de 1000 a 3000 cuotas o ambas, a quien solo concerte con otras personas para ejecutar algu?n delito previsto en la ley.

3). Se viola flagrantemente el principio de Prohibicio?n de doble valoracio?n penal o Nom bis

in Idem que tiene como premisa: “ninguna circunstancia de hecho puede apreciarse dos veces en disfavor del reo” ello significa, por ejemplo, que un elemento que sirvio? de base para configurar un tipo penal determinado no puede ser tomado en cuenta nuevamente para tipificar otra figura delictiva, circunstancia agravante de la responsabilidad penal o para individualizar la pena en sentido negativo.

El bis in Idem se muestra en la presencia de la misma figura delictiva derivada en varios arti?culos que agravan los marcos penales con sanciones de hasta 20 an?os de prisio?n “si el hecho se realiza con a?nimo de lucro o mediante da?diva, remuneracio?n, recompensa o promesa de cualquier ventaja o beneficio”. Sin embargo, el arti?culo 11 preve? pena de hasta 8 an?os de prisio?n a quien en los mismos delitos que preve?n este tipo de modalidad agravada, “reciba, distribuya o participe en la distribucio?n de medios financieros, materiales o de otra i?ndole…”.

Como puede apreciarse, el recibo de da?diva, remuneracio?n, recompensa o promesa de cualquier ventaja o beneficio; se valora para conformar tipos penales agravados y luego se revalora, para conformar una figura delictiva independiente a quien, al cometer esos mismos delitos, reciba medios financieros, materiales o de otra i?ndole. Es la misma conducta.

4). Finalmente, se pasa por encina de conceptos generales de Unidad y Pluralidad Delictiva, al dejar sin efecto la tradicional pena u?nica para la institucio?n del Delito Complejo o Delito de Medio a fin, regulado en el Co?digo Penal en el arti?culo 10, inciso a) y apartado 2. Precepto que considera un solo delito “los distintos actos delictivos cuando uno de ellos sea medio necesario e imprescindible para cometer otro” y se le impone la sancio?n relativa al delito ma?s grave.

En el apartado 3, del arti?culo 3 de Ley 88 se dispone que: “Los delitos previstos en esta ley se sancionan con independencia de los que se cometan para su ejecucio?n o en ocasio?n de ella”. Sanciones independientes por cada delito.

Este tipo de engendro legal viola derechos inherentes a la condicio?n humana y no tiene otra justa solucio?n que su derogacio?n.

Propuesta: Que se cumpla con el articulado de la Declaracio?n Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos (el de derechos civiles y poli?ticos y el de derechos econo?micos, sociales y culturales), asi? como el “Pacto de San Jose? de Costa Rica”.

En el peri?odo de transicio?n, debera?n derogarse de inmediato la Ley No. 88 y todos los preceptos legales que coartan y repriman la libertad de expresio?n y prensa.

La creacio?n de medios de comunicacio?n privados en distintos formatos y plataformas, permitira? la difusio?n de voces desde diversos sectores de la sociedad cubana. Los nuevos medios de comunicacio?n jugara?n un papel fundamental en la reconstruccio?n de la estructura social.

8) Libertad de reunio?n, manifestacio?n y asociacio?n

Los derechos a la reunio?n paci?fica y a asociarse libremente se encuentran regulados en los arti?culos 21 y 22, respectivamente, del PIDCP. Su homo?logo constitucional se encuentra en el arti?culo 61 del proyecto de constitucio?n, al establecer que los derechos de reunio?n, manifestacio?n y asociacio?n con fines li?citos y paci?ficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden pu?blico y el acatamiento a las preceptivas establecidas en las leyes.

En relacio?n a los derechos de reunio?n y manifestacio?n, su otorgamiento queda enunciado de forma general e imprecisa, pues no existe una ley especial que regule de que? forma o las circunstancias en que? estas deben realizarse. Lo cual resulta imprescindible debido a que el Co?digo Penal, en su arti?culo 209, tipifica el delito de Reuniones o Manifestaciones Ili?citas al que participe en estas cuando sean celebradas “con infraccio?n de las disposiciones que regulan el ejercicio de estos derechos”.

Lo anterior convierte en nulo el desempen?o de estas libertades, al no haber disposiciones que regulan el ejercicio de estos derechos, todas las reuniones o manifestaciones por iniciativa ciudadana seri?an ili?citas y, por tanto, delictivas ¿Se trata de un olvido legislativo o de una prohibicio?n con apariencia de constitucionalidad?

En cuanto al Derecho de asociaciones, si? existen disposiciones que regulan su ejercicio. Es el caso de la Ley No. 54, Ley de Asociaciones y su respectivo Reglamento.

El arti?culo 2 de dicha ley alude al tipo de asociaciones que podra?n constituirse: cienti?ficas o te?cnicas, culturales y arti?sticas, deportivas, de amistad y solidaridad, y “cualesquiera otra que conforme a la Constitucio?n y esta Ley se propongan fines de intere?s social”.

Un simple ana?lisis nos llevari?a a confirmar que dentro de esta u?ltima categori?a no se encuentran incluidas asociaciones con fines poli?ticos, conformadas por ciudadanos con intereses afines e intencio?n de participar activamente en la esfera pu?blica. La creacio?n de partidos poli?ticos, como forma cla?sica de asociacio?n. La respuesta esta? en el arti?culo 5 de la Constitucio?n que le otorga la exclusividad al Partido Comunista de Cuba. Este constituye otro punto neura?lgico a derogarse de forma inmediata.

Otros aspectos relativos a la Ley de Asociaciones son la prohibicio?n de dos o ma?s asociaciones de ide?nticos o similares objetivos, lo que desprecia la diversidad y favorece el monitoreo y control de las asociaciones por un o?rgano, organismo o dependencia estatal.

La legalidad de la asociacio?n, de acuerdo a la ley, se encuentra subordinada a su inscripcio?n en el Registro de Asociaciones. La falta de este requisito es constitutiva de delito, segu?n el arti?culo 208 del Co?digo Penal. En resumen, el desempen?o de este derecho fundamental se encuentra anulado.

Propuesta: Que se cumplan los Convenios Internacionales de Derechos Humanos relativos al tema y enunciados. La Ley de Asociaciones debe modificarse de forma provisional, a fin de permitir el pluripartidismo y contemplar la diversidad y pluralidad de la sociedad cubana.

Todas las asociaciones que durante an?os han ejercido la discriminacio?n, promocio?n del odio y la violencia contra los cubanos que no profesen la ideologi?a impuesta por el sistema totalitario, deben ser disueltas. En correspondencia con los esta?ndares internacionales.

Deben reglamentarse de inmediato el derecho a manifestacio?n y el uso del espacio pu?blico, ofrecie?ndose todas las garanti?as. El espacio pu?blico es un escenario natural para ejercer derechos civiles y poli?ticos.

9) Libertades Econo?micas: derechos de propiedad y liberalizacio?n

Ha sido factor comu?n en regi?menes de corte totalitario focalizar la propiedad privada y la libre empresa como el origen de todos los males, usar como banderas, te?rminos ambiguos como: redistribucio?n igualitaria de riquezas, “propiedad social de los medios de produccio?n”, justicia social colectiva, entre otros. Sin embargo, en la pra?ctica, tales enunciados han operado como justificantes, para concentrar la propiedad en manos del aparato estatal manejado por la e?lite en el poder, centralizar o monopolizar la economi?a y anular la iniciativa privada.

El tipo de sistemas enunciados devienen en regi?menes inertes, solo capaces de hacer ti?midas reformas con el u?nico objetivo de mantener el poder. En lugar del progreso anunciado, la ineficacia ha sido una constante en el plano de la gestio?n econo?mica. Los me?todos empleados para lograr el monopolio econo?mico estatal, han sido el resultado de mu?ltiples arbitrariedades en detrimento de uno de los derechos fundamentales del hombre: El derecho de propiedad.

Nuestro caso no ha sido la excepcio?n; pues desde un inicio adoptaron medidas encaminadas a la concentracio?n de la propiedad, centralizacio?n de la economi?a y eliminacio?n de variantes independientes en todas las esferas de la vida poli?tica, social y econo?mica.

A continuacio?n, relacionaremos algunas de las medidas que, en forma progresiva, llevaron a la concentracio?n de la propiedad:

1) En la Constitucio?n de 1940 se enunciaba que cualquier expropiacio?n debi?a ser precedida por el pago inmediato del precio de lo expropiado. Tal como se conoce, este texto constitucional nunca fue restituido, a pesar de la promesa de restitucio?n inmediata contenida en el “programa poli?tico” de los asaltantes del Moncada.

En su lugar se promulgo? en 1959, la denominada “Ley Fundamental” que conteni?a en cuanto al derecho de propiedad un nuevo precepto. En su arti?culo 24 prohibi?a la confiscacio?n de bienes, pero autorizaba la de los bienes del tirano depuesto el 31 de diciembre de 1958 y de sus colaboradores, personas naturales o juri?dicas responsables de delitos cometidos contra la economi?a nacional o la hacienda pu?blica y de las que se enriquezcan o se hayan enriquecido ili?citamente al amparo del poder pu?blico.

Ninguna otra persona podri?a ser privada de su propiedad a no ser por autoridad judicial competente, por causa justificada de utilidad o intere?s social, y siempre previo el pago de la correspondiente indemnizacio?n en efectivo, fijado judicialmente. La falta de formalidades podi?a motivar el derecho del expropiado a ser amparado por los Tribunales de Justicia y, en su caso, reintegrado en su propiedad.

Se trataba de la recuperacio?n de los bienes malversados y de la determinacio?n limitada, vi?a judicial de posibles expropiaciones, previa justa indemnizacio?n. Aspectos que podi?an ser respaldados en algunos casos por la justicia pero que fueron degenerando progresivamente en otros cuerpos legales y aplicados en la mayori?a de los casos bajo arbitrariedad.

2) A la “Ley Fundamental” se an?adieron tambie?n con el cara?cter de fundamentales las dos leyes de Reforma Agraria. La reforma agraria, segu?n se expuso teni?a por propo?sito establecer un ma?ximo de extensio?n de tierra agri?cola a poseer y la adquisicio?n estatal del exceso por la vi?a de la expropiacio?n. Ya en este tipo de expropiaciones forzosas, no seri?a imprescindible que el pago de las indemnizaciones fuera en efectivo:

  • –  La primera Ley de Reforma agraria de 17 de mayo de 1959, establecio? un ma?ximo de tierra a poseer por persona natural o juri?dica: 30 caballeri?as. Lo que excediere seria expropiado. La indemnizacio?n se estableceri?a a trave?s de los llamados bonos de la Reforma agraria, seri?an considerados valores pu?blicos y sus emisiones se hari?an por un te?rmino de 20 an?os.
  • –  La segunda Ley de Reforma Agraria de 3 de octubre de 1963, redujo el li?mite a 5 caballeri?as mediante nacionalizacio?n y adjudicacio?n al Estado de todas las fincas ru?sticas superior a esta cuanti?a. La indemnizacio?n seri?a solo a los que manteni?an las tierras en explotacio?n, mediante una arbitraria renta mensual de 15 pesos por caballeri?a expropiada, con un ma?ximo de 250 mensuales. Ello inclui?a el pago total de los bienes expropiados (con inclusio?n de ganado, equipos e instalaciones. El dinero en efectivo en bancos que tuvieran esas personas, seri?a tambie?n expropiado en lo necesario para el pago de las deudas)En torno de las expropiaciones, resultaron afectadas no solo las grandes empresas norteamericanas, sino entidades nacionales privadas que en su gran mayori?a marcharon al exilio sin recibir una indemnizacio?n justa del precio real de sus tierras, pues como es obvio no aceptaron la solucio?n arbitraria y unilateral impuesta por el Estado.En cuanto al resultado, cabri?a analizar si la reforma logro? su propo?sito o al menos alcanzo? a mejorar la situacio?n preexistente. Entre sus propo?sitos se hallaban “eliminar el latifundio y evitar que extensas a?reas de tierra continuaran mantenie?ndose ociosas y cubiertas de marabu?”.El concepto Latifundio, es visto como una gran propiedad agraria, compuesta de grandes extensiones de tierra en poder de uno o unos pocos duen?os, administrada de forma ineficiente, con bajos rendimientos, utilizacio?n de la tierra por debajo del nivel de ma?xima explotacio?n, mano de obra en condiciones precarias y grandes masas de campesinos sin tierras. Podemos afirmar que en la actualidad es ello precisamente lo que resulto? de la Reforma Agraria. Esta vez con un u?nico terrateniente titular de las tierras: el Estado. Con una extensio?n de tierras ociosas y marabu?, considerablemente superior a la preexistente.

3) Leyes de Expropiacio?n.

  • –  La Ley 851 de 6 de julio de 1960, expropio? los bienes y las empresas de personas naturales o juri?dicas norteamericanas. Nacionalizacio?n de grandes empresas monopolistas norteamericanas de servicios pu?blicos, petroleras y azucareras. Luego mediante Resolucio?n Conjunta No. 1 del Presidente y Primer Ministro, de fecha 6 de agosto de 1960 se nacionalizaron las empresas bancarias norteamericanas que operaban en el pai?s.El modo de indemnizacio?n propuesto, mediante bonos que se formari?an de un fondo que “se nutriri?a de las divisas extranjeras que corresponderi?an al exceso de las compras de azucares que en cada an?o calendario realizara EEUU. Si no pudiera pagarse asi? por carecer de tal fondo, los bonos se amortizari?an en un plazo de 30 an?os, en la forma y la proporcio?n que determinase el presidente del Banco Nacional de Cuba.Este modo de indemnizacio?n, impuesto unilateralmente, constituyo? toda una ironi?a, pues tres di?as antes el presidente de EEUU redujo la cuota azucarera cubana a ingresar en ese mercado. Entonces, co?mo formar un fondo con el exceso de las compras de azucares si ya se conoci?a que tal compra teni?a un li?mite preestablecido. En su defecto un pago en 30 an?os resulto? ma?s que irrisorio y obviamente no fue aceptado.
  • –  La Ley 890 de 13 de octubre de 1960 nacionalizo? del resto de las principales industrias del pai?s, de los sectores ma?s importantes de la economi?a nacional. Luego por Resolucio?n Conjunta No. 3 de 14 de octubre de 1960, las medidas nacionalizadoras se extendieron al resto de las empresas privadas cubanas y a las norteamericanas que no habi?an sido nacionalizadas. Tal nacionalizacio?n resulto? ser, ma?s bien confiscacio?n, debido a que en su gran mayori?a no se efectuo? la correspondiente indemnizacio?n.
  • –  La Ley 891 de igual fecha, declaro? pu?blica la funcio?n bancaria y establecio? que solo el Estado podri?a ejercerla. Nacionalizacio?n de todas las empresas bancari?as cubanas.

4) La Ley de Reforma Urbana de 14 de octubre de 1960, determino? que los inmuebles destinados a vivienda que no ocuparan los propietarios (el 78% del total) pasaron a ser propiedad de los ocupantes. Se elimino? el arrendamiento de inmuebles urbanos y se determino? el traspaso obligatorio de las viviendas a favor de sus ocupantes; asi? como que ninguna persona podri?a tener, en lo adelante, ma?s de una vivienda, salvo otra para descanso o vacaciones en zona de descanso.

Aun cuando tal ley, en su momento resulto? popular para los beneficiados, sin dudas constituyo? una gran arbitrariedad e injusticia, pues privo? de la propiedad a sus legi?timos titulares, asi? como de su derecho a arrendar de acuerdo a la ley oferta-demanda, tal como opera en la gran mayori?a del mundo contempora?neo. A ello se an?ade la falta de indemnizacio?n justa.

  1. 5)  La Ley No. 989 de fecha 5 de diciembre de 1961, dispuso la nacionalizacio?n mediante confiscacio?n a favor del Estado Cubano, de todos sus bienes muebles, inmuebles o de cualquier otra clase, derechos, acciones y valores de cualquier tipo de los que se ausenten con cara?cter definido del pai?s.Esta nefasta ley, au?n vigente, era complementada con otras regulaciones que impedi?an, a la persona que pretendi?a salir del pai?s por tiempo indefinido, disponer libremente de sus bienes. Ello ocurrio? hasta la promulgacio?n del Decreto Ley No. 288 de 28 de octubre de 2011, modificativo de la Ley general de la Vivienda, que permitio? al titular disponer del inmueble antes de salir del pai?s. No obstante, toda persona que es considerado emigrante continu?a perdiendo sus bienes y derechos, incluso los hereditarios (arti?culo 470 del Co?digo Civil)El concepto “salida definitiva del pai?s” o el de “residente”, es utilizado indistintamente por el ordenamiento juri?dico espurio, que tiene dentro de sus efectos confiscar los bienes del propietario y su derecho a heredar. Tal arbitrariedad es incompatible con el arti?culo 13.2 de la Declaracio?n Universal de los Derechos Humanos que expresa: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier pai?s, incluso del propio, y regresar a su pai?s”.¿Co?mo puede el Estado determinar arbitrariamente que una salida del territorio nacional es definitiva si, presuntamente, la persona que viaja puede regresar al lugar de origen cuando estime conveniente?Sin lugar a dudas, esta forma de confiscacio?n constituyo? por an?os la principal fuente del fondo habitacional del pai?s. Una pra?ctica de despojo e injusticia, propia de un sistema totalitario.
  2. 6)  Finalmente, la eliminacio?n total de la propiedad privada y de las formas de gestio?n independiente, culmino? en marzo de 1968 mediante la llamada “Ofensiva Revolucionaria”, quedo? exterminada la pequen?a y mediana propiedad con la intervencio?n de ma?s 50 mil establecimientos de produccio?n y de servicios. Todo ellos mediante el despojo, sin compensacio?n.

La metamorfosis descrita dio al traste con la sustitucio?n del termino propiedad privada por la llamada “propiedad personal” que segu?n el arti?culo 21 de la denominada Constitucio?n de la Repu?blica de 1976, au?n vigente, dejaba al individuo el derecho sobre ingresos y ahorros procedentes del trabajo propio y sobre los bienes destinados a las “necesidades materiales y culturales de su persona”, en el arti?culo 20 el derecho de propiedad de pequen?os agricultores sobre un li?mite establecido de tierras y bienes agrarios, ma?s el derecho a asociarse entre si? para formar cooperativas agropecuarias (entidades auto?nomas solo en apariencia, bajo la supervisio?n y control del Estado)

Ahora con el “proyecto de Constitucio?n”, ha reaparecido el te?rmino propiedad privada en sus arti?culos 21, inciso e) y 29. El primero, relativo a “determinados medios de produccio?n, de conformidad con lo establecido y sujeto a posteriores regulaciones legales”, cuya regulacio?n ya se enuncia restringida en el arti?culo 22 que prohi?be la acumulacio?n de riquezas para persona, naturales y juri?dicas, no estatales. Solo el Estado y los inversores extranjeros tienen tal privilegio. La propiedad privada como ha sido declarada, queda muy por debajo de las prerrogativas de las que goza bajo un sistema

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donde se ejerzan las libertades y derechos econo?micos.

La segunda forma de propiedad, la del arti?culo 29 del proyecto, es llamada propiedad privada sobre la tierra, regulada por un re?gimen especial. Ya en el propio arti?culo se demuestra que no es un verdadero derecho de propiedad. Derecho que para ser real ha de contar con todas sus facultades: Posesio?n, uso, disfrute y disposicio?n. Este u?ltimo relativo a la facultad del propietario de darle a sus bienes el destino que determine e incluso enajenarlos. Ello no es posible debido a lo siguiente:

  • –  se expone en el pa?rrafo segundo del arti?culo 29, que la venta o transmisio?n de la tierra podra? realizarse con las limitaciones que establece la ley, con derecho preferente del Estado para adquirirla, mediante justo precio. (no se puede determinar, la cantidad de tierra a vender o adquirir, el comprador ni el precio)
  • –  Adema?s, se prohi?be, pa?rrafo tercero, el arrendamiento, la aparceri?a, los pre?stamos hipotecarios y cualquier otro que implique gravamen o cesio?n a particulares de derechos emanados de la propiedad privada de la tierra.¿Puede hablarse realmente de propiedad privada de la tierra o ello es solo una ficcio?n?En el arti?culo 21, inciso b) se incorpora la llamada “propiedad cooperativa”, sustentada en el trabajo colectivo de sus socios, sujeta segu?n el u?ltimo pa?rrafo del precepto a posteriores regulaciones legales. Aunque las vigentes esta?n muy limitadas en relacio?n al tema. Y en el inciso f) se mantiene la “propiedad personal”, sobre bienes destinados a “necesidades materiales y espirituales”, sin llegar a ser medios de produccio?n.Este nuevo giro queda muy restringido con la suma de las leyes complementarias que siguen asfixiando cualquier intento de creacio?n y florecimiento de la micro, pequen?a o mediana empresa no estatal.En el plano econo?mico, el proyecto de Constitucio?n continu?a con la reto?rica, segu?n el arti?culo 20, de un sistema de economi?a “basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre medios fundamentales de produccio?n, como forma de propiedad principal” (lo que en esencia no es ma?s que propiedad estatal) y la direccio?n planificada de la economi?a (centralizacio?n estatal) que “considera y regula el mercado en funcio?n de los intereses de la sociedad”. En este u?ltimo aspecto, se afirma que el Estado tambie?n regulara? el mercado.El proyecto mantiene, en esencia, la poli?tica de centralizacio?n y monopolio estatal de la gestio?n econo?mica de la “constitucio?n” de 1976 relativo a la organizacio?n, direccio?n y control de la actividad econo?mica nacional y el comercio exterior. Ello se ilustra en los arti?culos 26 y 27. En el 26, se continu?a empadronando a la “empresa estatal socialista” como sujeto principal de la economi?a nacional y se le atribuye el papel principal en la produccio?n de bienes y servicios. El arti?culo 27, afirma que el Estado dirige, regula y controla la actividad econo?mica nacional y la panificacio?n socialista es el elemento central del sistema de direccio?n del desarrollo econo?mico social.Llegado a este punto, se puede afirmar que tal grado de centralizacio?n de la propiedad y control de la economi?a nacional; ha culminado en un proceso de estatizacio?n y monopolio estatal o de e?lite, sin margen a alternativas reales de competencia en ningu?n sector de la produccio?n o los servicios. Todo ello ha sido posible por medio de grandes paradojas:
  1. a)  Con la supuesta intencio?n de eliminar el latifundio se creo? uno u?nico, el del Estado, manejado por una e?lite.
  2. b)  Bajo el presunto intere?s de eliminar los grandes monopolios, crearon un u?nico monopolio, en manos del Estado y el poder.
  3. c)  Bajo la imposicio?n de propiedad social sobre los medios fundamentales de produccio?n, arruinaron al pai?s mediante el control y la estatizacio?n.

Algunos espacios de gestio?n no estatal y ti?midas transformaciones efectuadas desde inicios de los an?os 90.

A comienzos de la de?cada de los 90, luego de que el poder perdiera el subsidio proveniente del bloque de Europa del Este, se vio obligado a realizar transformaciones que solo resultaron en ti?midas maniobras con el objetivo de impulsar su maltrecha economi?a y subsistir en el poder.

Como consecuencia de las transformaciones, aparecio? en el horizonte el llamado “trabajo por cuenta propia”, la apertura a la inversio?n extranjera, la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas, las llamadas Cooperativas no Agropecuarias que unidas a las ya denominadas cooperativas agropecuarias, constituyeron formas en extremo limitadas de aparente gestio?n econo?mica no estatal.

El paso del tiempo ha demostrado, que tales transformaciones no han resultado verdaderas opciones de crecimiento econo?mico ni espacios de libertad. A continuacio?n, analizaremos algunas de estas medidas.

Tal como expusimos, en el proyecto de constitucio?n reaparece el te?rmino propiedad privada, arti?culo 21, inciso e), pero relativa a medios no fundamentales de produccio?n y el 22 prohi?be la concentracio?n de propiedad, solo para los nacionales.

A pesar de que la igualdad ante la ley se encuentra formalmente regulada en el arti?culo 40 del “proyecto de Constitucio?n”, donde se prescribe la discriminacio?n por razones de sexo, ge?nero, orientacio?n sexual, identidad de ge?nero, origen e?tnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o cualquier otra lesiva a la dignidad humana y en el arti?culo 76 se expone que “todas las personas reciben el mismo salario por trabajo de igual valor”; la poli?tica de inversio?n extranjera entra en sustancial contradiccio?n con estos enunciados.

La Ley No.118 del an?o 2014, Ley de Inversio?n Extranjera, cuenta en su contenido con preceptos que, a todas luces, evidencian una discriminacio?n por razo?n de lugar de origen nacional, al otorgarle al inversor fora?neo la posibilidad de adquirir bienes de los denominados “medios fundamentales de produccio?n”, gestio?n y explotacio?n de servicios y bienes pu?blicos, facilidades para la libre transferencia al exterior y obtencio?n de dividendos o beneficios procedentes de la inversio?n; derecho a adquirir en propiedad edificaciones destinadas a viviendas, oficinas, desarrollos inmobiliarios con fines de explotacio?n turi?stica y un “Re?gimen especial de tributacio?n”, diferente al establecido en la Ley No.113 del Sistema Tributario.

Un importante aspecto generador de desigualdad, en la Ley de Inversio?n extranjera, es el respectivo a la Relacio?n laboral, porque el inversionista para poder adquirir mano de obra de personal cubano o extranjeros con residencia permanente en Cuba, tiene que acudir mayoritariamente a la conformacio?n de un “Contrato de Suministro de Fuerza de Trabajo” con una entidad empleadora: Empresa estatal que le maneja al inversor extranjero los trabajadores necesarios para el desarrollo de su actividad.

En la concertacio?n del Contrato de suministro de fuerza de trabajo, segu?n el Reglamento sobre el Re?gimen Laboral en la Inversio?n Extranjera (Resolucio?n No.16 de 2014 de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), la entidad empleadora acuerda con el inversor extranjero el pago que este debe desembolsar por el valor de la fuerza de trabajo del personal nacional, determina?ndose la cuanti?a, fundamentalmente, de acuerdo al salario de cargos similares en la misma rama o sector de a?rea geogra?fica. Suma que recibe la entidad estatal que, a su vez, se encarga de pagarle, en la devaluada moneda nacional, al trabajador nativo un sueldo equivalente en un mi?nimo relativo al salario promedio al cierre del an?o anterior en el pai?s en el momento de la negociacio?n.

En si?ntesis, el trabajador nacional recibe de parte de la entidad empleadora un salario decenas de veces inferior al que paga por su fuerza de trabajo el inversionista extranjero; sin embargo, la ley de Inversio?n Extranjera dispone que el inversor puede contratar directamente a extranjeros sin residencia permanente en el pai?s para ocupar cargos de direccio?n superior o puestos de trabajo de cara?cter te?cnico, quienes deben ser retribuidos en base al valor real de su fuerza de trabajo. Cargos que, en caso de ser ocupados indistintamente por personal cubano o fora?neo, genera un abismo entre el sueldo de unos y otros ¿Salario igual por trabajo igual?

Por otro lado, las formas no estatales de gestio?n econo?mica, Cooperativas de Produccio?n Agropecuarias, no agropecuarias y el Trabajo por cuenta propia, se encuentran en extremo limitadas. Ambas Cooperativas, la agropecuaria y la no agropecuaria, cuentan con personalidad juri?dica, pero con una capacidad de obrar restringida. La primera con fines agrarios, conformada por la fusio?n de los bienes y tierras de varios agricultores pequen?os o varias cooperativas de este tipo, con la obligacio?n de explotar la tierra directamente y una forma de transmisio?n solo al Estado y a un grupo, en extremo limitado, de herederos que hayan trabajado la tierra como mi?nimo cinco an?os antes de fallecer el titular. La segunda, aun con un espectro ma?s amplio, cuenta con una esfera de encargo tan solo local o regional y un fe?rreo control de los o?rganos de gobierno local. Ningunas de estas formas cuentan con la posibilidad de importar o exportar, toda operacio?n va a trave?s de los ministerios estatales asociados a su actividad.

La entrega en usufructo de tierras estatales ociosas, au?n en su versio?n ma?s flexible hallada en el vigente Decreto Ley 358/2018 y su reglamento Decreto No.350/2018 cuenta con demasiadas limitaciones. La asignacio?n esta? determinada a condiciones discrecionales, limitada en modo de empleo, espacio y tiempo de explotacio?n. El uso se encuentra condicionado al vi?nculo con granjas estatales o cooperativas de produccio?n agropecuaria. Su principal impedimento es el no constituir verdadera propiedad. Una de las causantes del despojo de las tierras puede ser: “Manifestar una conducta moral y social contraria a los principios e?ticos de nuestra sociedad”. Estos veredictos son perfectos para que se puedan aplicar sanciones desde juicios basados en una total ambigu?edad.

El alcance de la gestio?n agropecuaria, en todas sus modalidades, es ineficiente. Parado?jicamente el tema agropecuario, se resuelve mayormente con importaciones, a pesar de contar el pai?s con un territorio en su mayori?a rural. Persiste la negativa a reconocer que la respuesta esta? en proporcionar mayores incentivos y libertades comerciales a los productores nacionales.

El Trabajo por Cuenta propia, de acuerdo a su reglamento (Resolucio?n No. 32 de 2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) se amplio? a 178 actividades, en su mayori?a son oficios simples y antiguos tales como: len?ador, aguador, zapatero remendo?n, barbero, amolador, entre otros. El ma?s lucrativo, al parecer, es el de servicios gastrono?micos o “paladares”, que constituyen pequen?os restaurantes, pero con limitadas capacidades y sin la posibilidad de establecerse como institucio?n o adquirir personalidad juri?dica.

Recientemente se han publicado un grupo de modificaciones generales al trabajo por cuentapropia. Se reestructuraron las actividades permitidas agrupa?ndolas en 123, donde continu?an ausentes las de cara?cter profesional. Tambie?n se prohibio? la posibilidad de tener varias licencias como aparece establecido en la Resolucio?n No.11/2018 relacionada al D/L No.356/2018 cumplimentando la disposicio?n que aparece en los lineamientos del PCC: “En las formas de gestio?n no estatales no se permitira? la concentracio?n de la propiedad en personas juri?dicas o naturales”. Hasta aqui? la esfera de posibilidades de gestio?n econo?mica del nacional.

Fijaron mediante el D/L No.355/2018 la obligatoriedad de la apertura de cuentas corrientes a trabajadores que generen ingresos anuales superiores a 50,000 CUP equivalentes a 2000 USD. Tambie?n exigira?n declaracio?n del origen de los fondos para aperturas de nuevos negocios.

En este nuevo ajuste el sector del transporte esta? siendo especialmente golpeado. Las nuevas normativas fijan establecer 3 categori?as que estara?n perfectamente monitoreadas, controlando desde tarifas, combustible consumido e impuestos estimados sobre la renta. Todo esto aparece reflejado en la Resolucio?n No.175/2018 del Ministerio de Transporte.

Algunas causas que evidencian la ineficacia del sistema de concentracio?n estatal de la propiedad y centralizacio?n de la Economi?a

Los hechos han demostrado que aquellos regi?menes que han adoptado la estatizacio?n y monopolio de la economi?a, la llamada planificacio?n centralizada y la anulacio?n de la libre empresa o economi?a de mercado; han fracasado. Ha constituido un factor comu?n, que los actores poli?ticos responsables del desastre resultante, empleen como justificacio?n la existencia de causas externas para eludir sus evidentes males de origen.

En el caso de Cuba, se ha culpado del desastre, en su totalidad, a la poli?tica de embargo de los Estados Unido de Ame?rica, en respuesta a las confiscaciones anteriormente explicadas. Es va?lido aclarar que aun en tiempos del subsidio cuasi total de la extinta URSS y sus pai?ses sate?lites de Europa del Este, primo? la ineficacia y la dilapidacio?n de recursos. El derrumbe del bloque comunista, solo dejo? al desnudo lo que hasta entonces resultaba encubierto.

A continuacio?n, relacionaremos algunas de las razones de la ineficacia del sistema estatizado de gestio?n econo?mica centralizada y su inferioridad en relacio?n a la libre empresa:

1) Falta de competitividad. En el plano econo?mico, la existencia de una pluralidad de actores en el mercado, encargados de la produccio?n de un mismo tipo de mercanci?a o servicios, conlleva inexorablemente a la competencia y tambie?n a la cooperacio?n cuando se aceptan las reglas del juego establecidas. En este marco cada operador, en su afa?n de agenciarse un espacio en el mercado, debera? adoptar varias alternativas: optimizar, modernizar o hacer ma?s atractivo su renglo?n, abaratar los precios, etc. Poner en funcio?n la creatividad. En este tipo de dina?mica, aunque no todos resulten exitosos, la constante interaccio?n genera evolucio?n.

Contrario a lo expuesto, un sistema que monopoliza y centraliza en el Estado el grueso de la gestio?n econo?mica, no tiene la dina?mica necesaria. Su falta de opciones contribuye a su ineficacia.

  1. 2)  Sustitucio?n del empresario por el funcionario pu?blico. Un factor preponderante en el e?xito de toda gestio?n econo?mica, esta? determinado en la cualidad del o los operadores encargados de llevar adelante cualquier empresa. En una economi?a de mercado, los sujetos que, en un marco competitivo, han sido capaces de llevar adelante o mantener con cierto e?xito cualquier tipo de empresa, generalmente cuentan con condiciones innatas o adquiridas de aptitud y eficacia. El empresario o el emprendedor es un sujeto imprescindible para el desarrollo. Parado?jicamente, en el sistema de hegemoni?a estatal econo?mica, se parte de la idea de desestimular e incluso criminalizar a este tipo de sujetos. Es por ello que el empresario, es sustituido por el funcionario pu?blico que es designado, generalmente, por su lealtad poli?tica-ideolo?gica y no por sus dotes empresariales.
  2. 3)  Verticalidad y rigidez. Toda gestio?n econo?mica requiere de toma de decisiones constantes de acuerdo a los cambios bajo todo tipo de circunstancias, internas y externas. En una economi?a de mercado, impera la celeridad, la creatividad e incluso la osadi?a. Por el contrario, en una economi?a dirigida y centralizada, la toma de decisiones se encuentra subordinada a un nivel vertical-piramidal e impera un ri?gido control totalitario. Las determinaciones resultan ma?s poli?ticas que econo?micas. Ello genera burocracia, lentitud e inoperancia.
  3. 4)  Ausencia de sentido de pertenencia. Al resultar inaplicable la llamada propiedad social de todo el pueblo y resultar el Estado un ente abstracto, a pesar de la omnipresencia del estatismo, se produce un estado generalizado donde pocos o nadie, sienten como propia la gestio?n econo?mica a realizar. Ello crea un ambiente de desidia que disminuye considerablemente los niveles de eficiencia en el resultado. Impera la ma?xima: “lo que es negocio de todos, no es negocio de nadie”.
  4. 5)  Arbitrariedad e intervencionismo. En la economi?a centralizada-planificada, le corresponde al Estado determinar que? se va a producir, que? cantidad, en que? condiciones, en que? peri?odo de tiempo, que debe importarse y de do?nde. El intervencionismo llega al punto de legislar para establecer precios fijos en la mayori?a de los productos. Se subordina la demanda poblacional a una oferta predeterminada. Queda poco o ningu?n margen a la libertad. Ello no ocurre en la economi?a de mercado donde todas estas variantes se retroalimentan y fluyen las alternativas, logrando coexistir un mayor nu?mero de oportunidades.
  5. 6)  Gastos de inversio?n innecesarios. En el centralismo econo?mico, el Estado tiene que emplear gran parte del presupuesto pu?blico en el proceso inversor. Ello significa que en todo proyecto debera? destinar fondos a la adquisicio?n de todos los recursos: empleo de personal te?cnico, pago mi?sero de mano de obra, materiales para edificar o modificar las instalaciones del “negocio”, mantener (si lo logra) el suministro de todos los insumos para desarrollar la actividad, etce?tera. Los mecanismos burocra?ticos frenan los tiempos de reaccio?n al comportamiento del mercado, lo cual infringe un sello de ineficiencia a la produccio?n y comercializacio?n. En mu?ltiples casos las inversiones realizadas representan pe?rdidas.

Por el contrario, en un sistema de libre empresa la eficiencia aumenta como resultado de la competencia, de otorgar libertades y espacios a la creatividad, sumado al libre flujo de informacio?n. Las inversiones corren a cargo del empresario privado y el Estado solo recibe ingresos, pues mientras mayores sera?n las ganancias del sector no estatal, mayores sera?n los fondos que reciba.

Mitos y supuestas bondades de la centralizacio?n econo?mica. Las llamadas gratuidades

Los defensores a ultranza de la estatizacio?n monopo?lica de la economi?a, alegan que este

tipo de sistema resulta ma?s humano e invocan para ello el mito de las llamadas gratuidades: seguridad social, salud, educacio?n gratis, etc. La falta de transparencia e informacio?n permite ocultar de do?nde realmente provienen los fondos que financian tales “conquistas”.

En la mayori?a de los sistemas econo?micos, democra?ticos o no, a cada individuo luego de generar y recibir el ingreso proveniente de su trabajo, el Estado le impone un gravamen, que puede ser fijo o progresivo de acuerdo al sistema de tributos. De este modo, el grueso del fondo estatal en su mayori?a esta? conformado con el universo de los ingresos de los contribuyentes. De este fondo provienen los gastos pu?blicos: salario de los funcionarios y empleados estatales (todos), construccio?n y financiamiento de infraestructuras de uso general y, sobre todo, servicios pu?blicos (seguridad social, salud, educacio?n, etc.).

En un sistema democra?tico, el contribuyente o las empresas pueden conocer la cuanti?a y en que? se emplea el fondo comu?n. Hoy en di?a, casi todos los Estados tienen formas de socializacio?n, precisamente en a?reas de seguridad social, salud y educacio?n pu?blicas, pero se conoce que los fondos provienen de los contribuyentes. Se trata de un pago colectivo e indirecto.

En los regi?menes comunistas, ti?picos sistemas de centralizacio?n total de la economi?a, no es diferente el modo de adquirir el presupuesto estatal. Proviene de contribuyentes que en su gran mayori?a desconocen que lo son. En este caso, en lugar de descontarle al individuo, una porcio?n del ingreso percibido, al trabajador se le entrega directamente un salario i?nfimo, en algunos casos solo del orden del 10%, en relacio?n al salario que deberi?a percibir. El otro 90% es usado para sufragar los gastos de las llamadas “gratuidades”. Es un impuesto invisible. Impuesto que se incrementa con los altos precios de productos importados muy superiores al precio de compra.

La transferencia de recursos entre distintas localidades es tambie?n una forma usada para manipular y generar la impresio?n de un cara?cter magna?nimo del Estado. Los receptores de los beneficios creen que el Estado “todo poderoso” crea riquezas y los premia desde su infinita bondad.

Mientras el contribuyente de los pai?ses democra?ticos, se siente con derecho a exigir o cuestionar la gestio?n pu?blica y el destino de los fondos; las masas en los regi?menes de economi?a centralizada, ignorando su procedencia, asumen la dependencia al poder como u?nica vi?a de subsistencia y acepta con resignacio?n y agradecimiento el paternalismo estatal.

Toma de postura en cuanto al sistema econo?mico a operar en un futuro proceso de transicio?n a la democracia:

Luego de haber enunciado todo el proceso arbitrario de concentracio?n de la propiedad en manos del Estado totalitario que condujo a un sistema econo?mico centralizado e ineficaz, resulta obvio que nuestra apuesta, para un proceso de transicio?n hacia un Estado de Derecho, plural e inclusivo, sera? por una economi?a de mercado. La libre empresa como u?nica vi?a de gestio?n mu?ltiple y tolerancia en la diversidad.

De cuanto se ha expuesto, resulta obvia la urgencia de desmontar el fallido modelo centralizado y monopo?lico del castrismo. La libertad de empresa que garantice una verdadera igualdad de oportunidades en el plano econo?mico y que permita liberar las fuerzas productivas y explotar la potencialidad e iniciativa ciudadana. Ello coadyuvari?a, sin dudas, al desarrollo de la nacio?n.

El Estado, debe reconocer que la principal fuente de riqueza esta? en la actitud y capacidad generadora de sus ciudadanos. Su intervencio?n en la economi?a ha de limitarse a potenciar las iniciativas, a fijar la poli?tica macroecono?mica, a cumplir un rol de a?rbitro y a promover los intereses generales. La colectividad no ha de devenir en pretexto para sacrificar derechos individuales ni estos convertirse en anti?tesis del bien comu?n.

El tra?nsito de una economi?a centralizada y estatizada a una economi?a de mercado implica cambios dra?sticos. El Estado debe ceder al sector privado las empresas financieras, el sector industrial y agri?cola, los servicios, permitir la inversio?n en el sector tecnolo?gico, de la construccio?n, entre otros.

El e?xito de la reconstruccio?n del pai?s dependera? en gran parte de la posibilidad de crear un nuevo sector de pequen?as y medianas empresas que se sienta parte de todo el proceso. La generacio?n de empleo vendra?, como en la mayori?a de las economi?as de mercado, de ese sector.

En nuestra propuesta para el tra?nsito a una economi?a de libre mercado, vemos como elementos fundamentales algunas de las dina?micas y estructuras paralelas al sistema totalitario, que se han generado en el mercado informal.

Toma de postura en torno a las expropiaciones sin indemnizar y confiscaciones arbitrarias:

Antes de proseguir, resulta conveniente recordar los conceptos generales de expropiacio?n y nacionalizacio?n, en el marco del derecho internacional. Ambos constituyen actos de transferencia coactiva de propiedad privada, desde su titular al Estado, mediante indemnizacio?n. Han de constituir excepciones preestablecidas, solo para casos intere?s pu?blico o general.

En el caso de la nacionalizacio?n, se trata de una expropiacio?n especial que opera cuando la propiedad expropiada es explotada por un ente extranjero. El derecho a la nacionalizacio?n es reconocido como un atributo de soberani?a de los Estados y es definido en la Resolucio?n de 21 de diciembre de la ONU como “el derecho de los pueblos a usar y explotar sus recursos naturales”.

Sin embargo, si bien ambos conceptos tienen un rango coactivo determinado de forma unilateral por el poder pu?blico, tal facultad cuenta con dos li?mites fundamentales. El primero, la probanza y justificacio?n de la causa. El segundo es el derecho del expropiado, mediante justo proceso, a recibir a cambio una indemnizacio?n equivalente al valor econo?mico del objeto expropiado.

El tema de la indemnizacio?n, a falta de acuerdo puede devenir en conflicto de intereses que no puede ser resuelto de forma impositiva y unilateral por una de las partes en conflicto. Su solucio?n corresponde a un o?rgano imparcial que actu?e sin presiones del poder pu?blico o el expropiado.

Las expropiaciones sin indemnizacio?n o sin vi?a de solucio?n imparcial, constituyen confiscaciones arbitrarias o actos de despojo. Ello es lo que ha acontecido durante an?os en el caso del Estado totalitario que impera en Cuba y hasta la fecha ha resultado un conflicto irresuelto.

Lamentablemente, este conflicto no se extinguira? con la salida del poder del totalitarismo que lo genero? y la institucio?n legi?tima de un Estado de Derecho; pues de acuerdo al Derecho Internacional, el gobierno sucesor asume las responsabilidades propias de su predecesor, tanto en sus relaciones internacionales como en sus obligaciones y responsabilidades.

Debido a ello, la posible solucio?n del conflicto, vi?as de indemnizacio?n, compensacio?n u otras alternativas, debera? estar en la agenda del futuro gobierno de transicio?n, a fin de lograr una armonizacio?n de sus relaciones y desembarazarse de las arbitrariedades del re?gimen anterior.

A modo de conclusio?n, es preciso dejar sentado que la solucio?n del conflicto confiscatorio es una prioridad. Sin embargo, ninguna de las vi?as que se empleen podra? menoscabar el principio de la soberani?a del pueblo cubano sobre sus riquezas y recursos naturales, ni su cumplimiento podra? poner en peligro los equilibrios fundamentales del Estado democra?tico e independiente que se conforme.

Experiencias fora?neas sobre el proceso de liberacio?n de la propiedad y su posible aplicacio?n en Cuba

Un proceso de liberalizacio?n de la propiedad debe analizar cuidadosamente factores y circunstancias del pasado y del presente para lograr un mayor consenso.

En mu?ltiples pai?ses, durante las u?ltimas de?cadas, han ocurrido procesos de liberalizacio?n de la propiedad, algunos con resultados muy alentadores, mientras en otros predomino? la corrupcio?n, el nepotismo y el clientelismo. En la antigua Unio?n Sovie?tica, el proceso de liberalizacio?n de la propiedad creo? un gran descontento y desilusio?n dentro de la poblacio?n, al advertir que muchos miembros de la vieja e?lite gubernamental e individuos deshonestos se converti?an en los nuevos millonarios.

Es muy importante comprender las problema?ticas que han aparecido en experiencias previas y valorar las mejores opciones para nuestro caso. En pai?ses de Europa del Este se aplicaron diversos mecanismos, entre los ma?s populares se encuentran:

  1. 1)  Restitucio?n o compensacio?n.
  2. 2)  Venta pu?blica directa.
  3. 3)  Venta a empleados.
  4. 4)  Ventas en masa.

Como primer paso es imprescindible crear las instituciones y reglas que conduzcan este complejo proceso. Para impulsar una economi?a en ruinas, como la que tenemos hoy en la Isla, es esencial garantizar un re?gimen de propiedad legi?timo. Esto no sera? posible si no se implementa antes un sistema de restituciones o compensaciones a muchos propietarios que perdieron sus bienes debido a injustas confiscaciones.

¿Co?mo se comporto? el proceso de reclamaciones en pai?ses de Europa del Este?

En la Alemania del Este, dos millones de reclamaciones fueron presentadas, abarrotando las cortes por an?os, deteniendo miles de proyectos constructivos y empresas debido a la incertidumbre de las reclamaciones legales. Algunas restituciones ocurrieron en la mayori?a de los pai?ses de Europa Central, particularmente de tierras y bienes rai?ces, mientras fueron evitadas las restituciones de medianas y grandes empresas.

En Hungri?a la ley no ofrecio? restituciones, usando principalmente las compensaciones a trave?s de bonos del gobierno que podi?an ser usados para adquirir acciones en las empresas estatales vendidas.

Polonia por ejemplo prefirio? las compensaciones sobre las restituciones. Los polacos residentes en el exterior eran elegibles para restitucio?n o compensacio?n en la forma de bonos estatales solo si ellos adoptaban la ciudadani?a polaca, y retornaban a Polonia permanentemente para administrar las empresas y/o tierras recuperadas.

Cada pai?s posee sus propias caracteri?sticas, en nuestro caso es muy importante valorar el gran de?ficit en el fondo habitacional y la carencia de capital de la mayori?a de la poblacio?n cubana, para participar en un proceso de liberalizacio?n econo?mica. La cuestio?n no es solo liberalizar la propiedad, principalmente las propiedades ruinosas y subutilizadas, sino que este proceso reporte un claro beneficio a los cubanos, primariamente a los que viven en la Isla, asi? como un crecimiento econo?mico.

La experiencia de otros pai?ses nos dice que estas ventas culminan en un peri?odo corto, pues la poblacio?n se percata que esta seri?a la u?nica vi?a de obtener propiedades a precios relativamente baratos.

Analicemos con ma?s detalles cada uno de los me?todos de privatizacio?n y veamos co?mo podri?an operar en nuestro caso.

1) Restituciones o compensaciones. Valoracio?n y Propuesta:

El tema de las restituciones en nuestro pai?s es pole?mico e ineludible. Durante an?os ha existido una gran controversia alrededor de las reclamaciones y devoluciones de las propiedades a los duen?os anteriores al an?o 1959. Poco a poco aparecen algunos consensos que arrojan luces en un punto tan sensible y delicado.

Pudie?ramos separar estas reclamaciones en dos grupos. La primera referida a las propiedades que actualmente esta?n habitadas por familias y la segunda el de las propiedades que permanecen en manos del Estado.

En relacio?n a los inmuebles que sirven de morada o residencia habitual de mu?ltiples familias, viviendas expropiadas o confiscadas por el Estado a sus legi?timos titulares; compartimos el criterio de que, debido a la general falta de culpa de los beneficiados, el prolongado tiempo transcurrido, el escaso poder adquisitivo del cubano promedio, su consecuente precariedad y de?ficit habitacional; no seri?a justo la restitucio?n fi?sica a su antiguos duen?os o herederos en disfavor de sus ocupantes.

La posesio?n, propiedad u otras formas de derechos adquiridos sobre los inmuebles deben

mantenerse. Sin embargo, sus antiguos titulares o herederos debera?n ser compensados.

En el caso de los bienes residenciales o espacios en ruinas que esta?n en posesio?n del Estado, se debera? determinar su valor real y condiciones, para proceder, previa reclamacio?n, tanto a su restitucio?n en los casos de titulares que tengan la voluntad; como a una compensacio?n adecuada cuando por razones especificas ello no sea posible.

La compensacio?n es un me?todo u?til, mediante el cual el gobierno puede resarcir el dan?o a muchos de los propietarios originales. Es evidente que en nuestro pai?s este me?todo no podra? ser ejecutado con brevedad dada la seria limitacio?n econo?mica en que vivimos. Sin embargo, a medida que la economi?a cubana comience un peri?odo de apertura existira?n mayores oportunidades para realizar dichas compensaciones. No obstante, existen me?todos como la exencio?n de impuestos, pago con bonos u otros que puede ser efectiva en algunos casos, en especial en aquellos donde el inversionista sea un antiguo propietario despojado de sus bienes.

2) Ventas pu?blicas directas. Valoracio?n y Propuesta:

La venta directa busca dos objetivos fundamentales. Primero, incrementar los ingresos estatales que en la actualidad esta?n fuertemente deprimidos. Segundo, obtener de manera inmediata inversionistas que posean el intere?s de echar a andar estos bienes subutilizados.

Es importante valorar que los cubanos que viven en la Isla no poseen el capital suficiente para comprar propiedades al precio real. Por lo tanto, se deben estudiar mecanismos para que estos puedan convertirse en propietarios de nuevos espacios o empresas.

En esta modalidad es fundamental contemplar el tema de la corrupcio?n. En el antiguo bloque comunista los extranjeros y otros compradores de capital dudoso, como oficiales corruptos, organizaciones criminales y nuevos “hombres de negocios”, posei?an las mayores sumas de dinero para participar en dichas ventas.

Otro tema importante es el de la eficiencia del proceso. El procedimiento de venta nunca debe reportar ma?s pe?rdidas que ganancias a las instituciones del gobierno. La agencia de tasacio?n que creo? el gobierno alema?n recolecto? 50 billones por concepto de ventas y no gasto? menos de 243 billones en el proceso de privatizacio?n. En ese caso las ventas fueron fuertemente concentradas en los empresarios occidentales.

3) Ventas a empleados. Valoracio?n y Propuesta:

La venta de espacios comerciales y de servicios a empleados, a precios preferenciales, es una opcio?n que resulta a priori atractiva. Sin embargo, puede crear serios problemas de corrupcio?n, en especial cuando los gerentes o directivos estuvieron asociados a grupos de poder.

Desde el punto de vista poli?tico esta variante resulta popular entre la poblacio?n. Sin embargo, existen tambie?n algunas desventajas, pues las empresas suelen presentar una direccio?n deficiente, ya que las nuevas condiciones de una economi?a de mercado difieren radicalmente de las de una economi?a centralizada y planificada. Los derechos de propiedad se pueden volver difusos y pueden ser usurpados por los directivos.

En algunos pai?ses este fue administrativamente un me?todo ra?pido de venta, pues de lo contrario los trabajadores y directivos bloqueaban el proceso.

Existen diferentes posibilidades, como la aplicada en Rusia, donde se les dio un 20% de las acciones a los directivos y un 40% a los empleados, el otro 40% se vendio? en forma directa.

4) Ventas en masa. Valoracio?n y Propuesta:

Este me?todo se implementa a trave?s de la reparticio?n de bonos o “vouchers”, de forma gratuita o con un precio nominal, que pueden ser canjeados por acciones de las empresas y propiedades vendidas. Permite ventas de forma ra?pida, no solo de medianas sino tambie?n de grandes empresas, y ofrece la posibilidad a los ciudadanos de convertirse en nuevos propietarios, por lo cual tuvo gran aceptacio?n.

Esta forma de liberacio?n logra una mayor distribucio?n que la venta directa. Sin embargo, debido a lo disperso de la propiedad aparecieron obsta?culos en la direccio?n y manejo de las empresas.

En pai?ses como la Repu?blica Checa se crearon fondos de inversio?n, los cuales permaneci?an au?n muy ligados a los bancos propiedad del Estado haciendo nulo, en buena medida, el resultado final del proceso. La corrupcio?n tambie?n es un elemento a seguir muy de cerca en esta modalidad.

Propuesta: Proceso de liberalizacio?n de las propiedades.
Nuestra propuesta busca activar cuanto antes la propiedad privada como elemento

fundamental para el desarrollo de una democracia.

Las propiedades habitacionales o tierras que esta?n ocupadas deben permanecer en manos de sus habitantes, las propiedades comerciales en manos del Estado deben ser devueltas a sus antiguos propietarios siempre que la titularidad pueda ser comprobada.

Se debe establecer una compensacio?n para todos aquellos propietarios que fueron despojados injustamente de sus bienes y hoy se encuentran ocupados por otros cubanos.

Estudiar que? me?todos sera?n los ma?s efectivos para realizar este proceso, valorando las condiciones poli?ticas y econo?micas del pai?s durante el proceso de cambio. Estas compensaciones pudieran ir desde la entrega de efectivo hasta la concesio?n de bonos y acciones.

Los espacios que han sido reducidos durante an?os a ruinas, solares repletos de escombros, o tierras llenas de marabu? deben regresar cuanto antes a sus duen?os originales en caso que pueda comprobarse su propiedad.

En el caso que no pueda comprobarse su propiedad, estos espacios deben tener como principales beneficiarios a los cubanos que viven en la Isla. Su explotacio?n permitira? que otros muchos sectores reciban un fuerte impulso debido al nuevo mercado que se generari?a. Debe realizarse un proceso de subasta planificado en tres pasos:

1. Cubanos que vivan en la Isla 2. Cubanos de la dia?spora
3. Extranjeros

En los u?ltimos an?os el Estado totalitario ha concentrado todo lo referente a las propiedades en una nueva entidad llama Planificacio?n Fi?sica. Esta institucio?n debera? ser reformada para que cumpla, al menos en un inicio, las funciones necesarias para el proceso de liberalizacio?n de las propiedades.

Veamos algunos de los procedimientos pra?cticos que sera?n necesarios definir para realizar las subastas mencionadas:

  1. 1)  Crear las correspondientes comisiones, encargadas de realizar un inventario de todas las propiedades en el pai?s.
  2. 2)  Censar todas las propiedades, solares y tierras que puedan ser sujetas a restitucio?n, compensacio?n, venta.
  3. 3)  En caso de venta, publicar cua?les sera?n las propiedades y tierras con sus caracteri?sticas y precio mi?nimo.
  4. 4)  Establecer los peri?odos para cada una de las tres etapas.
    1. Venta a nacionales en la Isla
    2. Venta a nacionales en la dia?spora
    3. Venta a extranjeros
  5. 5)  Establecer un li?mite, ya sea por el nu?mero de propiedades a adquirir, dimensiones, y valor de estas.
  6. 6)  Hacer pu?blica la fecha, asi? como toda la informacio?n relacionada con las subastas. Sera?n organizadas por localidades y se anunciara? con un mi?nimo de 30 di?as de antelacio?n.
  7. 7)  Ofertar un precio especial a todos los que ya posean tierras en la categori?a de usufructuarios.
  8. 8)  Con posterioridad a la venta, debe conformarse una base de datos con toda la informacio?n referente al comprador y precio final de subasta. Toda esta informacio?n debe ser pu?blica.
  9. 9)  Crear un fondo que este a la vista, asi? como el uso que se les de? en sus localidades.

Una vez que los ciudadanos tengan en su poder el ti?tulo de propiedad, podra?n vender el bien adquirido si asi? lo desean. Esto les permitira? obtener algu?n capital de forma inmediata, que pudiera ser reinvertido o usado a conveniencia.

Creacio?n de un entorno adecuado para el pleno funcionamiento de una economi?a liberalizada. Valoracio?n y Propuesta:

La poli?tica econo?mica esta? fuertemente influenciada por el escenario poli?tico y social. La liberalizacio?n de este sector se dara? dentro de un cambio orga?nico de toda la nacio?n, la creacio?n del entorno propicio es un factor fundamental para que el proceso logre el efecto deseado. Un nuevo re?gimen de propiedad constituye una condicio?n necesaria pero no suficiente para garantizar el e?xito de dichas transformaciones.

En el corto plazo uno de los objetivos principales sera? lograr una estabilidad

macroecono?mica lo cual implica controlar la inflacio?n y mantener un presupuesto equilibrado. De esto se desprende la importancia de poli?ticas fiscales y monetarias acertadas.

Los cubanos que viven en la Isla, los cuales por razones obvias no poseen un capital econo?mico de respaldo, deben ser sin embargo sujetos activos y tener el principal protagonismo en los cambios. En ellos descansa el mayor capital humano y social para la reconstruccio?n de la economi?a. Los cubanos de la dia?spora esta?n llamados a ser actores fundamentales y su aporte no solo con el capital sino tambie?n con el “know how” o “saber co?mo” representa un factor muy distintivo del proceso de reconstruccio?n.

La ayuda exterior es un punto de gran importancia tanto las que provengan de organismos internacionales como de pai?ses especi?ficos. Dada la predecible situacio?n de desastre econo?mico que encontrara? un gobierno de transicio?n, otro elemento a prestar atencio?n sera?n los te?rminos de negociacio?n para obtencio?n de fondos, asi? como su posterior administracio?n, en el caso de otorgamiento de cre?ditos o pre?stamos. Un inventario lo ma?s cercano a la realidad sera? necesario.

Las estructuras y dina?micas que de forma esponta?nea los cubanos han creado para

enfrentarse y eludir los controles del totalitarismo, son elementos para tomar muy en cuenta, a la hora de disen?ar las transformaciones econo?micas. Si bien, en un escenario normal, parte de esas dina?micas y estructuras deben desaparecer, otros constituyen un punto de arranque importante. Atar esas redes del mercado informal a la naciente economi?a de mercado es una forma ra?pida de encontrar un enlace entre el escenario actual y la futura economi?a.

La economi?a informal opera bajo patrones de corrupcio?n, pero tambie?n representa mecanismos para rebelarse frente a la camisa de fuerza del sistema. En un momento de transicio?n debe existir un claro mensaje de que el objetivo es ahora incentivar la prosperidad y el mercado, pero no la corrupcio?n.

Existen cuatro entidades creadas por el Estado totalitario que tendra?n que ser con celeridad replanteadas para las nuevas necesidades de la economi?a: Ministerio de Economi?a y Planificacio?n, Ministerio de Finanzas y Precios, Ministerio de la Inversio?n Extranjera y el Banco Central de Cuba.

Se necesitan varios factores para garantizar que los mecanismos del mercado funcionen eficientemente. Mencionemos algunos de ellos:

1) Marco legal. Valoracio?n y Propuesta:

El primer aspecto que debe priorizarse es la creacio?n de un marco legal que garantice plenamente los derechos de propiedad, cumplimiento de contratos y plenos mecanismos

para dirimir conflictos. Se debe viabilizar la ra?pida entrega de los ti?tulos de propiedad con el objetivo de movilizar todo ese capital congelado. Hay que remarcar la importancia de la separacio?n de poderes para que las instituciones que imparten justicia funcionen en forma efectiva.

Debe tenerse un especial cuidado de que el proceso de privatizacio?n no se convierta, de una forma u otra, en una pin?ata usada por grupos de influencia. La privatizacio?n tiene como principal objetivo la implicacio?n de un amplio nu?mero de ciudadanos, el bien pu?blico y la estimulacio?n de la economi?a.

La experiencia de transiciones anteriores nos dice que es fundamental el establecimiento de leyes que garanticen un mercado competitivo, es decir evitar la competencia desleal, el uso de influencias poli?ticas para acceder de forma irregular a la informacio?n y al mercado o la creacio?n de monopolios. Es importante que los nuevos empresarios puedan desarrollar a cabalidad el potencial de las nuevas propiedades adquiridas o de las empresas creadas.

Contextualizar la normativa que rija los contratos con empresas extranjeras al nuevo escenario.

2) Poli?tica financiera y monetaria. Valoracio?n y Propuesta:

La creacio?n de un mercado financiero es un elemento esencial para el desarrollo de una economi?a moderna. El sistema financiero representa el cerebro del sistema econo?mico y debe proveer seis funciones principales:

  1. a)  Servicios de pagos.
  2. b)  Conexio?n y complementacio?n entre ahorradores e inversionistas.
  3. c)  Genera y distribuye la informacio?n econo?mica.
  4. d)  Ubica con cierta eficiencia los cre?ditos.
  5. e)  Evalu?a y encuesta los riesgos, proveyendo proteccio?n.
  6. f)  Incrementa la liquides de los activos

La agencia que se ocupe del proceso de ventas de propiedades, debe mostrar en forma transparente cada transaccio?n realizada, al igual que el destino final de los recursos recibidos por el gobierno.

Es necesario comenzar con el otorgamiento de cre?ditos a los nuevos micros, pequen?os y

medianos empresarios al igual que establecer agencias para el fomento del desarrollo. Las empresas estatales que permanezcan no deben disponer de cre?ditos blandos, que dificulten el crecimiento del incipiente sector privado. El uso de cre?ditos blandos puede fomentar la ineficiencia y la corrupcio?n a niveles alarmantes.

El control de precios por parte del Estado debe cesar, los precios deben liberarse para que el mercado se reajuste. La estabilizacio?n de los precios debe venir por un aumento de la produccio?n o por la importacio?n de un mayor nu?mero de productos.

El impuesto al do?lar fijado actualmente en una tasa fija de 1 USD a 0.87 CUC cesara? de inmediato. Tal impuesto no es solo un absurdo sino un claro robo sobre todo a la familia cubana.

En la actualidad el Banco Central de Cuba (BCC) es el que controla a todas las

instituciones financieras establecidas en el pai?s y esta? bajo el mando del Consejo de Estado. El BCC controla, por ejemplo: al Popular de Ahorro, al Metropolitano, al de Inversiones, al de Cre?dito y Comercio, al Financiero Internacional, asi? como otras instituciones no bancarias. Es importante mencionar que desde el 2016 el Banco Financiero Internacional pertenece al grupo empresarial GAESA, conglomerado de las fuerzas armadas.

Como referentes histo?ricos es bueno mencionar que segu?n el International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) en 1950 existi?an en Cuba 56 bancos con 155 sucursales registradas en el Banco Nacional de Cuba, seis eran bancos extranjeros con 34 sucursales y 50 eran bancos cubanos con 121 sucursales. El conjunto de bancos cubanos estaba clasificado en 9 grandes bancos y 41 bancos menores.

Nu?mero y localizaciones de bancos comerciales y sucursales en Cuba 1950

Provincia

Oficinas centrales

Sucursales

Total

Pinar del Rio

2

8

10

Provincia Habana

3

12

15

Ciudad Habana

32

32

64

Matanzas

5

12

17

Las villas

5

21

26

Camagu?ey

4

31

35

Oriente

5

39

44

Total

56

155

211

El establecimiento de un sistema de banca comercial privada y de un verdadero Banco Central es imprescindible para crear mercados financieros. El Banco Central debe cumplir sus funciones ba?sicas: proveer servicios bancarios al gobierno, manejar la moneda y reservas extranjeras, proveer servicios bancarios a las bancas comerciales locales, regular las instituciones financieras locales y operar las poli?ticas monetarias y de cre?dito, generar un clima dina?mico y de credibilidad mediante una gestio?n de riesgos que aseguren la liquidez y solvencia.

El Banco Central debe ser independiente y enfocarse desde un inicio en controlar la inflacio?n. Como sectores a priorizar debe prestar atencio?n al esti?mulo de la agricultura y al desarrollo Industrial.

Durante algunos procesos de transicio?n los bancos se convirtieron en objetivos de la corrupcio?n. El mal uso de los cre?ditos fue una vi?a de apoderarse de grandes sumas de efectivo.

Respecto a la poli?tica cambiaria existen distintas visiones. Es bueno recordar que durante los primeros 32 an?os del siglo XX en Cuba se opero? bajo los esta?ndares del Do?lar. El IBRD reporta que durante la gran depresio?n se lazaron las monedas de plata y certificados contra esa moneda. La paridad del peso cubano fue mantenida junto al Do?lar. En 1942 el gobierno dejo? de respaldar el peso con la plata y uso? el oro y el Do?lar como soporte. En agosto de 1950 segu?n el IBRD, todos los bancos operando en Cuba manteni?an reservas de 37.4% contra el total de depo?sitos.

Hoy en la Isla, el manejo monetario se encuentra bajo total secretismo. Si bien han

logrado fijar un tipo de cambio sin que se dispare la inflacio?n, resulta evidente que esa relativa estabilidad depende en gran medida de los subsidios venezolanos. Si la crisis en el vecino pai?s se agrava veremos pronto un claro reflejo en la economi?a de la Isla y en particular en el comportamiento de la moneda.

Otro elemento a tomar en cuenta es el mencionado por el economista Pavel Vidal en el arti?culo “Las restricciones de divisas en la economi?a cubana al terminar el 2010: crisis, ajuste y salida paulatina”, quien enumera como una de las causas de la crisis financiera cubana: “La eliminacio?n desde 2003 de la caja de conversio?n (currency-board) que controlaba la emisio?n de pesos convertibles sin fijar una nueva regla monetaria sustitutiva. Anteriormente por cada peso convertible en circulacio?n hacia un do?lar de reserva en el Banco Central, pero al romperse este sistema y no sustituirse por otra regla monetaria el Banco Central quedo? con libertad ilimitada para imprimir dicha moneda. Aunque no son pu?blicos los datos, los hechos muestran que hasta 2009 se habi?a emitido una cantidad en CUC muy por encima de las reservas en divisas requeridas para respaldar su convertibilidad.”

La poli?tica monetaria para un proceso de transicio?n dependera? del escenario real que encuentre el gobierno del cambio. El camino de la dolarizacio?n, dado el nu?mero de variables inciertas del futuro escenario econo?mico, sumado a la corrupcio?n que ya impera en la Isla, resultara? una opcio?n a tomar en cuenta.

La poli?tica monetaria debe tambie?n estar estrechamente ligada a la poli?tica fiscal, comercial y a los planes de desarrollo del gobierno. Una poli?tica de libre flotacio?n seri?a difi?cil al inicio de la transicio?n. Una liberalizacio?n inmediata del tipo de cambio corre el riesgo de que la moneda caiga estrepitosamente, algo que provocari?a una crisis interna.

La liberalizacio?n debe contemplar cierta estabilidad del sistema financiero. La inflacio?n debe mantenerse controlada y las tasas de intere?s deben ser realistas. El tipo de cambio debe estimular las exportaciones y a su vez la inversio?n interna y el consumo.

Respecto a las deudas que heredamos, es importante sen?alar que el castrismo tiene un viejo historial de impagos, moratorias y renegociaciones fallidas. Frente a la transicio?n seri?a importante obtener refinanciaciones, concesiones o exenciones de los acreedores.

Otro de los temas de intere?s es la creacio?n de un mercado de valores que permitiri?a canalizar parte del ahorro popular a valores bursa?tiles, potenciando asi? la participacio?n de empleados en las empresas. Tambie?n influiri?a en el uso de los fondos de retiros para dinamizar este sector. La creacio?n de este mercado ayudari?a a dinamizar el proceso de privatizacio?n pues algunos de los compensados pudieran entrar en el mismo, haciendo uso de los cupones entregados.

Un paso inmediato sera? reconfortar el Ministerio de Finanzas y Precios.

3) Sistema fiscal. Valoracio?n y Propuesta:

Una buena poli?tica fiscal garantiza no solo que el Estado pueda recibir los recursos necesarios para mantener sus obligaciones de toda i?ndole, sino que a su vez no frene el crecimiento del nuevo sector empresarial.

Las nuevas normativas disen?adas por el castrismo pretenden absorber a los desempleados excedentes de la no?mina estatal, adicionados a los ya existentes, en un esquele?tico sector no estatal. El castrismo desea que un amplio grupo de cubanos tengan que agencia?rselas para lograr su soste?n y al mismo tiempo recibir un re?dito abusivo por ese acto. Este objetivo constituye sin dudas una tarea imposible dada la situacio?n econo?mica que impera en nuestro pai?s, donde la falta de inversio?n, la deuda exterior, la dualidad monetaria, la falta de infraestructura y la corrupcio?n son normas.

La creacio?n de nuevos empleos demanda una poli?tica de impuestos justa. El totalitarismo

mantiene el control, sin permitir que incluso las medidas tomadas por las administraciones norteamericanas, para favorecer al cuentapropismo, puedan implementarse.

Hay tres obsta?culos que deben eliminarse con urgencia:

  • Una carga de impuestos abusivos que obliga a la evasio?n fiscal o a entregar la licencia
  • La ausencia de una infraestructura que permita el desarrollo de estos pequen?osnegocios, como es el caso de la existencia de un mercado mayorista entre otros.
  • La falta de leyes claras y transparentes que permitan un crecimiento de estosemprendedores, asi? como permisos de importacio?n y exportacio?n.Estos factores golpean a todos los cuentapropistas y hacen imposible el desarrollo natural de la iniciativa privada y estimula la ya existente corrupcio?n y actividades ilegales.A continuacio?n, se muestra una comparacio?n de la tasa de impuestos progresivos sobre la renta en Cuba, con respecto a otras naciones que presentan ciertas similitudes con nuestro pai?s.Fuente:WorldWide-Tax.com

Bulgaria

Usa do?lares

Grado

Ingreso anual

Impuesto

1

Todo

10%

Cuba

Usa do?lares

Grado

Ingreso anual

Impuesto

1

416.00

15%

2

416.00 – 833.00

20%

3

833.00- 1250.33

30%

!67

4

1250- 2083.33

40%

5

2083.33

50%

Fuente: Perio?dico Granma

Chile

Usa do?lares

Grado

Ingreso anual

Impuesto

1

0- 12670

0%

2

12670.00-28156.86

5%

3

28156.86- 46928.10

10%

4

46928.10-65699.34

15%

5

65 699.34- 84 470.59

25%

6

84 470.59- 112 627.45

32%

7

112 627.45- 140 784.3

37%

8

140784.32

40%

Fuente: UC&CS Ame?rica, S.C

Vietnam

Usa do?lares

Grado

Ingreso anual

Impuesto

1

0- 3084.00

0%

2

3084.00- 9231.00

10%

3

9231.00- 15384.00

20%

4

15 384.00 – 24616.00

30%

5

24616.00

40%

Fuente: Vietnam Pocket Tax Book 2008

Segu?n el informe del IBRD en la Cuba de 1950, el contribuyente tributaba al impuesto sobre la renta mediante una tasa progresiva que comenzaba en 1% para ganancias netas entre $1,000-$2,400 hasta 30.5% a quienes excedi?an $100,000 al an?o. Los impuestos deben ser razonables y fa?ciles de pagar, de lo contrario la evasio?n fiscal se puede convertir en norma.

Un ejemplo interesante de impuesto sobre la renta fue el implementado en Estonia despue?s de su separacio?n de la antigua Unio?n Sovie?tica. El nuevo gobierno adopto? un impuesto uniforme del 26% que represento? el 8% del PIB, una tasa envidiada por otros pai?ses. Con posterioridad hemos visto a diversos gobiernos adoptar este tipo de estructura tributaria. Este tipo de sistemas contribuye por todas sus ventajas a ampliar la base tributaria.

Actualmente el Estado ha fijado cinco tipos de impuestos: sobre las Ventas, Especial a Productos y Servicios, sobre los Servicios, por la Utilizacio?n de la Fuerza de Trabajo y sobre los Ingresos Personales. Todos estos tributos tienen detra?s la lo?gica de frenar a los emprendedores. Expli?citamente las poli?ticas trazadas por el Partido Comunista se refieren a evitar la acumulacio?n de riquezas y propiedad.

El impuesto sobre la fuerza de trabajo, recientemente modificado mediante el D/L No. 354 de la Ley No. 113 “Del Sistema Tributario” fija el pago de tributo desde el primer trabajador empleado y establece tambie?n una tasa de impuesto que crece progresivamente. Este re?gimen carece de todo sentido cuando nos encontramos ante un escenario generalizado de desempleo y subempleo. La lo?gica de cualquier gobierno democra?tico es que se promueva la creacio?n de empleo sobre todo a trave?s de la micro, pequen?a y mediana empresa. Entrados en un proceso de transicio?n, este impuesto debe ser variado con urgencia como esti?mulo al sector privado. En el caso de las empresas extranjeras esta?n exentas de pagar impuestos por la contratacio?n de mano de obra como plantea Ley No. 118/2014 arti?culo 39, en otra clara muestra de discriminacio?n por motivos de origen.

El sistema actual inflama los precios para los productos vendidos en el denominado CUC hasta en un 300% del precio medio en la regio?n. Es decir, esta? aplicado un IVA (Impuesto al Valor Agregado) de ma?s del 200%. El solo hecho de aplicar un IVA entre el 15% y el 20% representa una notable disminucio?n de precios para la poblacio?n y una importante entrada para el Estado, bajo los esta?ndares internacionales.

Respecto a la distribucio?n del impuesto en relacio?n a las localidades y el gobierno central se debera? analizar que porciento recaudado pasara?n a uno y a otro. La descentralizacio?n y autonomi?a de las localidades depende en gran medida de los fondos de que dispongan. La distribucio?n puede ser de 50%-50%, 60%-40%, o 70%-30% a favor de las localidades.

% de impuesto a pagar por 2000 usd al an?o

50 38 25 13

0

Cuba 1950

Cuba 2018

Bulgaria

Chile

VietNam

El actual Ministerio de Finanzas y Precios debe ser reestructurado para cumplir las nuevas funciones al igual que la Oficina Nacional Tributaria ONAT.

4) Produccio?n de Alimentos y agricultura. Valoracio?n y Propuesta:

La produccio?n de alimentos debe ser una de las prioridades durante un proceso de

transicio?n. Cualquier vaci?o en este renglo?n puede provocar una tensa situacio?n de inestabilidad social. Los absurdos controles existente por parte del Estado totalitario dificultan no solo la produccio?n sino tambie?n la distribucio?n y comercializacio?n de los productos.

El pai?s dispone de una gran cantidad de tierras ociosas, estimadas en ma?s del 40% de la superficie agri?cola. El Estado comenzo? con un programa de entrega de tierras en categori?a de usufructo, pero la accio?n ha fracasado dadas las limitantes principalmente en el ramo juri?dico y comercial. Los campesinos nunca llegan a ser propietarios y pueden ser despojados en cualquier momento. El D/L 358/2018 y su reglamento Decreto No.350/2018 fijan que una de las causantes del despojo de las tierras puede ser: “Manifestar una conducta moral y social contraria a los principios e?ticos de nuestra sociedad”. Estos veredictos son ideales para que se puedan aplicar sanciones desde juicios basados en una total ambigu?edad.

Los indicadores de hace casi 60 an?os muestran el desplome de este sector. Debemos adicionar que en 1958 la poblacio?n cubana era de 6,800,000 habitantes mientras en la actualidad es de 11,239,224 segu?n el reporte del 2016 de la ONEI.

Datos comparativos de produccio?n de algunos productos 1958 vs 2015

Producto

1958

2015

Azu?car

5,8 millones de toneladas

1,5 millones de toneladas (u?ltimo reporte 2013)

Ganado vacuno

6 millones de cabezas

4,01 millones de cabezas

Leche

400 millones de litros

493 millones de litros

Papa

101,3 millones de toneladas

95,7 millones de toneladas

Cafe?

43.9 millones de toneladas

19,5 millones de toneladas

Tabaco

50.6 miles de toneladas

24,5 miles de toneladas

Mai?z

215 miles de toneladas

363 miles de toneladas

Frijol

37.1 miles de toneladas

136 miles de toneladas

 

Los distintos tipos de entidades productoras en la actualidad son: Empresas Estatales, Unidades Ba?sicas de Produccio?n Agropecuarias (UBPC), Cooperativas de Produccio?n Agropecuarias (CPA), Cooperativas de Cre?ditos y Servicios (CCS) y los pequen?os agricultores, se deben adicionar tambie?n las empresas agri?colas militares. La ra?pida privatizacio?n de estas entidades tendra? directa influencia en un ra?pido incremento de la produccio?n de alimentos.

La poli?tica de Acopio (entidad estatal) de fijar a los productores los compromisos de entrega y precios, dejando solo una cantidad menor para un sistema de oferta y demanda, constituye uno de los principales obsta?culos para los productores cubanos. En algunos casos los productos tienen que ser vendidos en su totalidad a dicha entidad. Por otra parte, esta empresa intermediaria cae recurrentemente en impagos y los productores carecen de mecanismos legales eficientes para demandarla.

El Estado reconoce que cada an?o importa alrededor de 2000 millones de do?lares en alimentos. Sera? vital, en un inicio, mantener este abastecimiento del Estado hasta que los incentivos a los productores internos puedan ir abarcando parte de esa demanda del mercado interno. La participacio?n de las empresas privadas sera? fundamental para estabilizar este sector.

Los agricultores cubanos tienen sin dudas el cara?cter emprendedor para aumentar la produccio?n, pero necesitara?n de una ra?pida ayuda en cuanto cre?ditos, medios de trabajo, insumos y facilidades de comercializacio?n para poder dar el despegue necesario. Las instituciones intermediarias estatales como Acopio deben ser disueltas de inmediato y permitir que el mercado y los mecanismos ya existentes tomen las riendas del proceso de distribucio?n y comercializacio?n.

Diversos productores cubanos que viven en la dia?spora estari?an de inmediato dispuestos a implicarse en acuerdos con sus colegas, e incluso familiares, al interior de la Isla. Es importante facilitar que esos acuerdos se establezcan al igual que con otros productores extranjeros para el beneficio de las partes y el mercado interno. La promocio?n de una clase de pequen?os, medianos y grandes productores nacionales tendra? no solo un efecto en lo econo?mico sino tambie?n en el plano poli?tico y social.

Otro de los objetivos a lograr es el de la diversificacio?n agri?cola. La variedad de sembrados no solo importa por su efecto en el mercado sino tambie?n por su impacto en el tema ambiental, de ahi? la prioridad. Histo?ricamente los especialistas recomendaron que en nuestra Isla debi?a de existir tal diversificacio?n, por lo tanto, este tema resulta una tarea pendiente. Puede consultarse el estudio del IBRD.

La mecanizacio?n, irrigacio?n, fertilizacio?n y uso de semillas son otros de los aspectos a trabajar. La agricultura en nuestra Isla se desarrolla en un ambiente y con medios muy precarios, lo cual provoca una alta ineficiencia. El totalitarismo se ha convertido en un obsta?culo para impedir la importacio?n de equipamiento, el intercambio directo con empresas o socios fora?neos, la capacitacio?n de los campesinos. Actualmente solo provee escasos medios a precios exorbitantes.

La reanimacio?n de la Industria azucarera es otro paso esencial en la reconstruccio?n econo?mica del pai?s. El castrismo ha reducido una industria que era el motor de la economi?a cubana a su mi?nima expresio?n, hoy se producen cosechas similares a las de finales del siglo XIX y principios del XX. El primer paso de la reconstruccio?n debe ser la privatizacio?n del sector, recuperarlo tecnolo?gicamente, facilitar la exportacio?n del azu?car, asi? como de sus derivados.

Los Ministerios de la Industria Alimentaria y Agricultura tendra?n que ser adecuados al nuevo escenario y con celeridad estimular un renglo?n de total importancia.

5) Comercio. Valoracio?n y Propuesta:

Liberalizar las importaciones y exportaciones es un paso ba?sico. La paupe?rrima

produccio?n nacional debe ser compensada con el abastecimiento del mercado mediante la importacio?n de productos y bienes. Mientras se va incentivando la creacio?n una industria local se tendra? que importar un numero de productos que abastezcan el consumo interno.

De igual manera la posibilidad de que algunos productores puedan exportar sus bienes influira? en un incremento de los ingresos y estos al esti?mulo de la produccio?n y generacio?n de empleo.

Una parte importante de la dia?spora, a solo 90 millas, facilitara? un arranque ra?pido en el comercio exterior. Debe estimularse que los cubanos que vivan en la Isla jueguen un papel fundamental en los mecanismos de importacio?n, exportacio?n y comercializacio?n. Si bien las empresas de los cubanos de la dia?spora y extranjeras jugara?n un importante papel, resulta imprescindible buscar que algunos de los mecanismos ya existentes en la economi?a informal deriven en los esta?ndares del comercio establecido.

El establecimiento de poli?ticas y tratados comerciales deben enfocarse en estimular el crecimiento de la produccio?n interna y la generacio?n de empleo. El necesario despegue de la economi?a del pai?s solo llegara? si se tiene una visio?n orga?nica de su desarrollo.

Las aduanas y puertos del pai?s carecen de la infraestructura necesaria lo cual contempla equipamiento y tecnologi?a. Las operaciones comerciales carecen de las condiciones para garantizar la proteccio?n de los trabajadores, asi? como de fiscalizacio?n. Urge una fuerte inversio?n para modernizar este sector.

La carencia de maquinaria agri?cola e industrial, autos y autopartes, autobuses, equipos tecnolo?gicos, sumado a un largo listados de urgencias obligara?n a crear ra?pidos mecanismos de importacio?n.

Los Ministerios de Comercio Interior y Exterior deben ser reformados para funcionar en el nuevo contexto.

6) Infraestructura. Valoracio?n y Propuesta:

El pleno funcionamiento de una economi?a de mercado obliga a que el pai?s posea una infraestructura que vaya desde carreteras, viales, electrificacio?n, acueductos, tecnologi?a, telecomunicaciones e industrias.

Las restricciones al libre flujo de informacio?n es una fuerte limitante al desarrollo del pai?s.

Sera? vital estimular la produccio?n nacional de hardware y software y el establecimiento de redes y de infraestructura de telecomunicaciones e informa?tica.

La informatizacio?n de la sociedad cubana es una tarea urgente. El atraso tecnolo?gico y la falta de conectividad que se vive en nuestra Isla, no permite nuestra integracio?n a la realidad actual. Esa desconexio?n lastra desde el mundo de los negocios, la ciencia, la educacio?n, entre otros.

Las telecomunicaciones e internet son elementos ba?sicos que deben contemplarse como prioridades. Romper el monopolio que existe por parte de la empresa estatal ETECSA debe ser uno de los primeros pasos. La apertura del sector a nuevas empresas garantizara? la entrada de nuevas tecnologi?as y servicios. La competencia entre los distintos proveedores provocara? la oferta de tarifas competitivas para que finalmente los cubanos puedan acceder a la red de redes a precios accesibles a diferencia de lo que ha venido ocurriendo hasta la fecha.

El desarrollo de la radio y tv digitales tambie?n merecen importante atencio?n.

El transporte es otro de los sectores a tomar muy en cuenta durante este proceso de transicio?n.

Segu?n el sitio digital ForeSightCuba la Isla ocupaba en el 2010 el lugar 95 de una lista de 120 pai?ses que presenta el Banco Mundial, con 38 vehi?culos por cada mil habitantes. Los pai?ses de Ame?rica Latina tienen 186 como promedio, en la Unio?n Europea hay 541, los pai?ses de altos ingresos de la OECD tienen 629 y los Estados Unidos 825.

Segu?n el informe sobre Cuba del International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) del 1950 existi?an 214 compan?i?as encargadas del transporte pu?blico. Cada compan?i?a operaba de 1 a ma?s de 50 autobuses. Posei?an un total de 3085 vehi?culos y la mayor operadora era la Cooperativa de O?mnibus Aliados con un total de 1669 de ellos 1171 para la Habana. Para el transporte interprovincial operaban 203 compan?i?as para un total de 1201 vehi?culos.

Segu?n las estadi?sticas oficiales (no comprobables), el Estado proporciona el 66% del transporte en Cuba. Sin embargo, existe un amplio grupo de trabajadores no estatales vinculados a este sector que se computa en 57,289 tanto en transporte de carga como de pasajeros (habri?a que sumar aquellos que desarrollan la actividad sin licencia). Durante an?os el Estado ha impedido el crecimiento y desarrollo de los transportistas no estatales. Las u?ltimas medidas lanzadas han sido encaminadas a ejercer un fuerte control sobre el sector. Ver Resoluciones No.174/2018 y No.175/2018 del Mitrans.

Permitirles a los transportistas tomar en sus manos las riendas de las mal llamadas cooperativas y darles la posibilidad de crear sus propias compan?i?as o empresas de transporte, sera? de una gran ayuda para estabilizar este sector. El Estado debe ser un factor que potencie los servicios y no que los frene.

El Estado debera? facilitar la importacio?n y venta de vehi?culos, el otorgamiento de cre?ditos a transportistas, importacio?n de auto partes, equipamiento para crear talleres de reparacio?n, asi? como la posibilidad de adquirir combustible a precio mayorista. Todo este escenario potenciara? sin dudas que el transporte pueda despuntar en un corto peri?odo, un sector que el castrismo destruyo? y nunca ha podido recuperar.

La red de carreteras, autopistas y puentes esta?n en extremo deterioradas por lo que urge un programa para revertir ese escenario. Para la realizacio?n de dicho proceso se necesita de empresas que posean la capacidad y experiencia en la construccio?n de obras de gran magnitud. Nuestro pai?s no posee dichas empresas por lo que sera? necesario licitar en forma transparente y competitiva empresas privadas. Es vital la descentralizacio?n para un plan de reconstruccio?n, de lo contrario el tiempo de rescate sera? mayor. Un programa de recuperacio?n y mantenimiento sera? una fuente de empleo y estimulacio?n de la economi?a.

El transporte ferroviario ha sido un medio tradicional en nuestro pai?s que tambie?n fue arrasado por el castrismo.

Segu?n el informe del IBRD, Cuba teni?a 17 470 km de li?neas de ferrocarril, lo que representaba 3,4 km por cada 1000 habitantes. Estados Unidos teni?a en este momento 2,4 km de li?neas de ferrocarril por cada 1000 habitantes. Las estadi?sticas de la ONEI muestran en 2015, habi?a 8 367 km de li?neas de ferrocarril en total lo que indica 0,74 por cada 1000 habitantes.

El repunte de este sector implicara? tanto al transporte de carga como el de pasajeros. Las caracteri?sticas del terreno y la geometri?a de la Isla son muy favorables para este medio. Priorizar inversiones en este sector puede redistribuir el movimiento de cargas y pasajeros en toda la Isla.

El colapso del transporte ae?reo tiene como comprobacio?n el reciente y muy lamentable accidente con la perdida de decenas de vidas humanas. Cubana de Aviacio?n esta? catalogada como de las aeroli?neas ma?s peligrosas a nivel global. La i?nfima flota ae?rea muestra aviones con fallas meca?nicas, cada vez ma?s deteriorados. La incertidumbre en el escaso tra?fico habla tambie?n de la grave situacio?n del sector. Los aeropuertos nacionales muestran condiciones muy precarias. Las aeronaves operantes son aparatos antiguos cuya vida u?til supera los 30 an?os.

En un proceso de transicio?n la revitalizacio?n del sector ae?reo debe ser urgente, lo cual implica la renovacio?n con nuevas aeronaves que activen las rutas nacionales e internacionales, asi? como el desarrollo de la infraestructura ae?rea: nuevas pistas y aeropuertos.

La infraestructura actual del transporte marino esta? en las mismas condiciones de deterioro que todo el transporte en general. El comercio mari?timo se ha reducido al mi?nimo. Es necesario trazar un plan de reconstruccio?n de muelles y puertos existentes y la adecuacio?n de e?stos a las embarcaciones y a la demanda de usuarios.

Recientemente el re?gimen ha lanzado la construccio?n de una Zona Econo?mica Especial en el puerto del Mariel, al que pretende convertir en uno de aguas profundas. Segu?n el portal digital ForeSightCuba: “en 2011, Brasil otorgo? un cre?dito a Cuba de 972 millones de do?lares para financiar la modernizacio?n del puerto del Mariel. La nueva inversio?n se inauguro? en enero del 2014 sin incluir la profundizacio?n del canal de entrada al puerto, que a finales del 2015 ni siquiera permiti?a la entrada de barcos tipo Panamax…Marcelo Odebrecht ex Director de Odebrecht, fue condenado a 19 an?os de ca?rcel por corrupcio?n el 8 de marzo del 2016…”

Otro dato importante es que: “el 66% del comercio a trave?s del canal de Panama? va directamente a Estados Unidos, otro 12% va directamente a Europa y un 11% a la costa este de Ame?rica Latina. Existen 8 puertos en el a?rea del Caribe que esta?n o han modernizado su infraestructura para recibir buques post-Panamax en un a?rea donde se concentra el comercio del Caribe.”

ForeSightCuba sigue explicando que: “El uso del puerto del Mariel para la distribucio?n de mercanci?as a los Estados Unidos solo tendri?a sentido si Cuba tuviese suficiente mercanci?a para exportar, si los puertos norteamericanos no tendri?an la capacidad suficiente y, adema?s, si resultara ma?s barato dejar la mercanci?a en el Mariel. Los norteamericanos ya han estado invirtiendo 853 millones de do?lares en 9 de los 14 puertos de aguas profundas de la Florida, para poder aprovechar las ventajas de la extensio?n del canal.”

La historia econo?mica de la Isla ha tenido en el comercio y sus puertos elementos centrales. Esa realidad tiene que regresar al escenario del futuro. En algunos puertos pudieran establecerse Zonas Econo?micas Especiales, pero deben sobre todo estimular la interaccio?n entre empresarios nacionales y fora?neos. La cercani?a a los Estados Unidos y su inmenso mercado brinda un gran potencial que solo podra? explotarse cuando en Cuba exista una democracia y los empresarios cubanos puedan liberar plenamente sus iniciativas.

En el sector del transporte se deben implementar poli?ticas locales estimulando la descentralizacio?n. La poli?tica fiscal, los programas de reconstruccio?n de infraestructura son algunos ejemplos. Para ello sera? fundamental establecer concesiones bien disen?adas y administradas para que el sector privado pueda intervenir con eficacia bajo un escenario de transparencia.

Los servicios pu?blicos tendra?n que en un momento inicial ser sostenidos por el Estado, pero tan pronto sea posible, deben ser sometidos a licitacio?n para que empresas privadas puedan hacerse cargo de ellos.

El abastecimiento de agua a la poblacio?n sera? uno de las demandas a cubrir. Durante casi 60 an?os los cubanos han sufrido un abastecimiento muy precario de agua potable, amplios grupos de la poblacio?n en las principales ciudades pasan di?as sin suministro. A pesar de existir un nu?mero mayor de presas la escasez del li?quido y las constantes fugas obliga a muchos cubanos a almacenar el agua de forma dome?stica, lo cual facilita la propagacio?n de enfermedades como el dengue.

Durante un proceso de transicio?n debera? ponerse gran atencio?n en el abastecimiento de agua para lo cual debera? ocurrir una ra?pida inversio?n en la infraestructura. Gran parte de la poblacio?n recibe este servicio por vi?a de carros cisternas o pipas. Sera? necesario contar con emprendedores que puedan desempen?ar estos servicios para lo cual el nuevo gobierno debe ayudar a proporcionar los medios necesarios.

Sera? importante tambie?n promover la gestio?n local y descentralizacio?n, asi? como una poli?tica de inversiones requeridas en el sector, a fin de ampliar la capacidad de almacenaje, entrega y tratamiento del agua. Trabajar sobre la proteccio?n de las cuencas abastecedoras de agua sera? otra de las tareas.

El suministro de electricidad tambie?n sera? de los renglones a recibir ma?xima y urgente atencio?n. Los problemas que enfrenta este sector pasan por el precario sistema de alumbrado pu?blico, la muy obsoleta y deteriorada tecnologi?a, la insuficiente capacidad generadora, el gran de?ficit de inversio?n, asi? como las elevadas pe?rdidas en la transmisio?n y distribucio?n.

En an?os recientes se aplico? una poli?tica bajo el eufemismo de “Revolucio?n Energe?tica”, con la instalacio?n de plantas emergentes electro?genas para funcionar sincronizadamente al sistema ele?ctrico nacional, sin atender la urgencia de modernizar y ampliar las termoele?ctricas. La potencia instalada en las plantas termoele?ctricas del pai?s ha disminuido de 2 901,4 Mega watt en el 2007 a 2 588,0 Mega watt en el 2015, segu?n las cifras oficiales.

La utilizacio?n de otras formas de generacio?n de energi?a ele?ctrica como la solar, eo?lica son tareas pendientes.

Los altos costos de la electricidad en relacio?n al salario medio de 300 CUP mensual hablan del gran atraso en que se ha sumido al pai?s y constituye una limitacio?n para el repunte de los emprendedores. La tarifa progresiva establece que:

Rango

Precio x kWh

——————-

————————

301-350 kWh

1.50 CUP

351-500 kWh

1.80 CUP

501-1000 kWh

2.00 CUP

1001-5000 kWh

3.00 CUP

Ma?s de 5000 kWh

5.00 CUP

Sera? necesario establecer un programa de inversio?n destinado a la recuperacio?n de la infraestructura ele?ctrica existente y a la expansio?n del sector. La descentralizacio?n del servicio ele?ctrico con la participacio?n de las localidades y capital privado en a?reas especi?ficas, como complemento a la inversio?n estatal: particularmente en distribucio?n, comercializacio?n y prestacio?n de servicios especializados, proporcionara? una mayor eficiencia.

En el sector de la construccio?n el desastre no es diferente. Solo recientemente el Estado totalitario ha autorizado la creacio?n de cooperativas, pero al igual que ocurre en otras a?reas, las posibilidades de establecerse como empresas resulta un imposible. La situacio?n del fondo habitacional es cao?tica y un amplio por ciento de los cubanos viven hacinados y sin condiciones mi?nimas.

Segu?n datos oficiales el pai?s cuenta con un fondo habitacional de alrededor de 3.5 millones, reconoce que la mitad no esta? en o?ptimas condiciones y calcula un de?ficit superior a medio millo?n de viviendas. Estas estadi?sticas criticas de por si?, esta?n sin dudas maquilladas para ocultar el estado calamitoso de la vivienda en Cuba.

La creacio?n de empresas constructivas privadas sera? sin dudas una oportunidad de potenciar un mercado que genera empleo con celeridad y un movimiento financiero.

La ruptura de las normas de urbanizacio?n esta? relacionada con el gran de?ficit de vivienda y la falta de una disciplina estimulada por la permanente crisis del sector. El nu?mero de solares y cuarteri?as ha proliferado exponencialmente en las ciudades del pai?s. Sera? urgente tambie?n crear planes que estimulen la construccio?n de urbanizaciones con servicios y viviendas destinadas a los sectores de ingresos bajos y medios, para ser ejecutado por inversores privados.

Sera? tambie?n vital eliminar las trabas regulatorias y discriminatorias del libre movimiento de personas y relacionadas con la propiedad, que inhiben la inversio?n privada para el desarrollo del sector inmobiliario. El mercado hipotecario debe tambie?n jugar su papel en un marco de seguridad juri?dica, los incentivos y la estrategia econo?mica adecuada, para obtener nuevos y mayores recursos del sector privado.

La recogida de desechos ha sido permanentemente desastrosa, el Estado nunca ha podido lograr un mi?nimo de eficiencia. La creacio?n de empresas privadas encargadas de ofrecer dicho servicio dinamizara? este sector. Las autoridades locales deben correr con dichas licitaciones.

Los Ministerios de la Construccio?n, Comunicaciones, Energi?a y Minas, Recursos Hidra?ulicos, Transporte, debera?n ser reestructurados para cumplir sus funciones en el nuevo contexto.

7) Transparencia y anticorrupcio?n. Valoracio?n y Propuesta:

En las sociedades contempora?neas la transparencia y rendicio?n de cuentas se han convertido en elementos esenciales.

El sistema actual ha creado la Contralori?a General como presunta institucio?n supervisora de los organismos estatales. Sin embargo, esta no tiene acceso a las empresas militares que son las que manejan las mayores ganancias y principales acuerdos con compan?i?as extranjeras. Tampoco sus fiscalizaciones son pu?blicas.

La corrupcio?n es uno de los grandes retos para afrontar durante la transicio?n. Un pai?s que

habra? que levantar desde las ruinas requiere de grandes inversiones, la entrada y creacio?n de empresas, bancos, instituciones financieras, nuevos contratos pu?blicos y licitaciones, y de una profunda reestructuracio?n en el orden poli?tico.

Es vital que los cubanos tengan pleno conocimiento y participacio?n de un proceso de tanta trascendencia como el de un cambio de sistema de propiedad y liberalizacio?n econo?mica. Se deben crear los mecanismos para que el ciudadano tenga todos los datos de las propiedades y tierras vendidas.

La lucha contra la corrupcio?n debera? comenzar desde el primer momento del cambio. La Contralori?a General debera? ser reconformada para cumplir las funciones que le competen a una institucio?n de ese tipo bajo condiciones de democracia.

El uso de las nuevas tecnologi?as es un recurso que puede jugar un papel muy importante en cuanto a la transparencia. Se deben crear mecanismo de supervisio?n y rendicio?n de cuentas de forma tal que el cubano pueda seguir el manejo y uso de fondos estatales. La creacio?n de portales digitales oficiales de las instituciones estatales facilitara? tal demanda.

10) Derecho a la sindicalizacio?n y a la negociacio?n y acciones colectivas

La libertad sindical como derecho individual y colectivo de los trabajadores a fundar sindicatos y asociarse en ellos o afiliarse a organizaciones sindicales ya constituidas, para la defensa de sus intereses frente al ente empleador, asi? como desplegar el conjunto de facultades propias de su actividad; es un derecho fundamental que esta? asociado a otros como los de Asociacio?n, reunio?n y manifestacio?n, pero solo en el marco laboral.

En Cuba, al igual que el resto de los regi?menes que han enarbolado el Marxismo- Leninismo, a pesar de enunciar que la masa de trabajadores o los proletarios, son en teori?a, la clase dominante que ostenta el poder, toma las decisiones fundamentales y es titular de los medios de produccio?n, este derecho se encuentra totalmente coartado. Existe solo en el marco de las apariencias y es tan irreal como la llamada “dictadura del proletariado”.

La inexistencia de un verdadero derecho de sindicalizacio?n puede demostrarse con una simple comparacio?n entre algunos de los tratados internacionales que abordan la libertad sindical y el ambiguo enfoque dado en el ordenamiento juri?dico interno.

En la esfera universal, invocaremos cinco de los tratados internacionales que hemos considerado fundamentales en el tema:

  • La Declaracio?n Universal de los Derechos Humanos de 1948, que contiene en su arti?culo 23.4 el derecho de toda persona a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de sus intereses.
  • El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Poli?ticos, en cuyo arti?culo 22 tambie?n se establece la libertad de asociacio?n de orden laboral, sin permitir al Estado menoscabar el ejercicio de la libertad sindical.
  • El Pacto Internacional de Derechos Econo?micos, Sociales y Culturales, cuyo arti?culo 8 refiere ampliamente a la libertad sindical.
  • El Convenio 87 de la Organizacio?n Internacional del Trabajo, el cual esta? dedicado exclusivamente a la libertad sindical y la proteccio?n del derecho de sindicacio?n.
  • El Convenio 98 de la Organizacio?n Internacional del Trabajo, sobre el derecho desindicacio?n y de negociacio?n colectivaDe los Instrumentos juri?dicos relacionados, Cuba es signataria de la Declaracio?n Universal de Derechos Humanos desde 1948, ha ratificado los dos Convenios de la OIT, el 87 sobre la libertad sindical y la proteccio?n del derecho de sindicacio?n, de 1948, y ratificado por Cuba el 25 de junio de 1952; y el 98, sobre el derecho de sindicacio?n y de negociacio?n colectiva, de 1949, y ratificado por Cuba el 29 de abril de 1952. En relacio?n a los Pactos, el de Derechos Civiles y Poli?ticos (PIDCP) y el de Derechos Econo?micos, Sociales y Culturales (PIDESC), tal como hemos reiterado, los firmo? desde el 28 de febrero de 2008 y au?n se encuentran sin ratificar.En la Declaracio?n Universal, se estable en el arti?culo 23.4 el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Derecho que se reitera en el arti?culo 22 del PIDCP, en el que se incluye en el derecho a asociarse libremente e insta a respetar a los Estados Partes en el Convenio 87 de la OIT de 1948, lo relativo a la libertad sindical y a la proteccio?n del derecho de sindicacio?n.El arti?culo 8 del PIDESC instituye el derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse al de su eleccio?n, a formar federaciones o confederaciones nacionales que puedan fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas, y el derecho a la huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada pai?s.

No obstante, es el Convenio 87 de la OIT, relativo a la libertad sindical y a la proteccio?n del derecho de sindicacio?n, el texto ma?s relevante de los invocados. Cuenta con varios preceptos que vale la pena citar:

Arti?culo 2: Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distincio?n y sin autorizacio?n

previa, tienen el derecho de constituir organizaciones de su eleccio?n, asi? como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condicio?n de conformarse a los estatutos de las mismas.

Arti?culo 3: 1.- Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, de elegir libremente sus representantes, de organizar su administracio?n y sus actividades y de formular su programa de accio?n.

2.- Las autoridades pu?blicas deben abstenerse de toda intervencio?n que tienda a limitar este derecho o a impedir su ejercicio legal.

Arti?culo 4: Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no esta?n sujetas a disolucio?n o suspensio?n por vi?a administrativa.

Arti?culo 5: Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, asi? como el de afiliarse a las mismas, y toda organizacio?n, federacio?n o confederacio?n tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores.

Arti?culo 6: Las disposiciones de los arti?culos 2, 3 y 4 de este Convenio se aplican a las federaciones y confederaciones de organizaciones de trabajadores y de empleadores.

Arti?culo11: Todo miembro de la Organizacio?n Internacional del Trabajo para el cual este? en vigor el presente Convenio, se compromete a tomar todas las medidas necesarias y apropiadas para asegurar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho sindical.

Llegado a este punto, antes de pasar al examen del Convenio 98 de la OIT, conviene analizar el contexto juri?dico interno.

En julio del 2014 Cuba adopto? un nuevo Co?digo del Trabajo (Ley No.116), luego de de?cadas de exigencias de la Organizacio?n Internacional del Trabajo (OIT) basadas en los reiterados informes que sobre el particular los expertos en aplicacio?n de convenios y recomendaciones presentaron an?os tras an?o a esa instancia. Este nuevo co?digo nominalmente intenta ponerse en armoni?a con esas exigencias y con los convenios internacionales ratificados por Cuba.

En el Capi?tulo II del Co?digo, relativo a las Organizaciones Sindicales, el articulado cuenta con una redaccio?n que en apariencia se ajusta a los presupuestos de los tratados internacionales fundamentales, sin embargo, un ana?lisis ma?s complejo de su contenido y algunos preceptos de otros cuerpos juri?dicos nos demuestran su falacia.

En el arti?culo 12, se dispone que el “Estado reconoce y estimula a las organizaciones sindicales que agrupan en su seno a los trabajadores de los diferentes sectores y ramas de la economi?a y representan sus derechos e intereses especi?ficos, con independencia de la naturaleza o caracteri?sticas de su relacio?n de trabajo.”

A continuacio?n, el arti?culo 13 enuncia que “Los trabajadores tiene el derecho, de asociarse voluntariamente y constituir organizaciones sindicales, de conformidad con los principios unitarios fundamentales, sus estatutos y reglamentos, los que se discuten y aprueban democra?ticamente y actu?an con apego a la ley.”

De la lectura de estos dos preceptos cabe pensar que el Estado se abstiene de intervenir y controlar el trabajo de la actividad sindical y que los trabajadores, adema?s de afiliarse a las estructuras sindicales preestablecidas, pueden crear nuevos sindicatos tanto en empresas, ramales, por oficios o federaciones o confederaciones nacionales alternativas a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC)

Ello no es posible, pues la u?nica central sindical, entendida como federacio?n o confederacio?n de sindicatos que agrupa en su seno a todas las estructuras sindicales del pai?s es la CTC. Es la u?nica “fuerza sindical” en la nacio?n y hasta la fecha, desde su fundacio?n no ha existido otra legal y tolerada por el poder poli?tico.

La CTC, fundada en 1939 y cuyas siglas originalmente significaban “Confederacio?n de Trabajadores de Cuba”, se reinstituyo? en el an?o 1961 como Central de Trabajadores de Cuba y paso? a formar parte de las denominadas “organizaciones de masas”, supuestas ONG’s, que forman parte de la centralizacio?n y control estatal, con el propo?sito de crear una ficticia sociedad civil. Tal es asi? que, en los Estatutos del Partido Comunista, u?nico y “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”, arti?culo 60, se dispone que “El partido orienta y dirige el trabajo de las organizaciones de masas y sociales…”.

Por su parte, el Decreto Ley 67, de la Organizacio?n de la Administracio?n Central del Estado, vigente a pesar de sus mu?ltiples modificaciones, “le confiere a la CTC la representacio?n legal e institucional de los trabajadores cubanos”. Si queda duda, en el proyecto de Constitucio?n, que no se pronuncia en su articulado sobre la libertad sindical y el derecho de sindicacio?n, refiere en el arti?culo 129 que “En las sesiones del Consejo de Estado participa, por derecho propio, el Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba” ¿Y en caso de existir otras centrales, federaciones, confederaciones o sindicatos alternativos?

No obstante, de acuerdo a la redaccio?n del nuevo Co?digo de Trabajo en su anuncio del derecho de los trabajadores a “constituir organizaciones sindicales”, puede existir la duda de si en lo adelante puedan crearse nuevas asociaciones sindicales alternativas o independientes. La respuesta a ello puede encontrarse en otras dos legislaciones: La Ley de Asociaciones y el Co?digo Penal.

Si entendemos a los sindicatos como una forma de asociacio?n integrada por trabajadores

en defensa y promocio?n de sus intereses laborales, entonces podemos concluir que su conformacio?n esta? vinculada con el derecho de asociacio?n. Veamos a continuacio?n si es posible constituir organizaciones sindicales al amparo de la Ley No. 54 de Asociaciones:

– En el u?ltimo pa?rrafo del arti?culo 2, relativo a las asociaciones que podra?n constituirse de acuerdo a esta ley, se excluyen las denominadas “organizaciones de masas y sociales” referidas en el arti?culo 7 de la Constitucio?n, ahora 14 del proyecto. Si en esa categori?a se integra la CTC, esta debe ser tambie?n la de cualquier asociacio?n sindical, segu?n el discurso oficial.

– Entre las causales para denegar la solicitud de constitucio?n de asociaciones, en el arti?culo 8 inciso d), se encuentra el existir previamente otra asociacio?n con ide?nticos fines y similares objetivos. Todas las asociaciones sindicales tienen similares objetivos ¿Co?mo constituir otras diferentes a las oficiales? Esto no esta contemplado en la ley.

Au?n queda la duda relativa al arti?culo 2 del Convenio 87 de la OIT, en relacio?n al derecho de los trabajadores de constituir organizaciones sindicales de su eleccio?n, sin autorizacio?n previa.

¿Pueden los trabajadores crear una nueva asociacio?n sindical sin autorizacio?n previa, tal como establece el Convenio de la OIT? La respuesta a esta pregunta esta? en el Co?digo Penal.

En su arti?culo 208 la ley penal dispone: 1 “El que permanezca como asociado o afiliado a una asociacio?n no inscripta en el registro correspondiente, incurre en sancio?n de privacio?n de libertad de uno a tres meses o multa hasta cien cuotas”. 2 “Los promotores o directores de una asociacio?n no inscripta incurren en sancio?n de privacio?n de libertad de tres meses a un an?o o multa de cien a trescientas cuotas” Ni asociaciones ni li?deres sindicales independientes.

Un segundo punto en lo relativo al sindicalismo en Cuba, es la inexistencia del derecho de huelga, que histo?ricamente ha sido ejercido a trave?s del movimiento sindical y las organizaciones laborales. Este esta? estrechamente vinculado a los de reunio?n y manifestacio?n. No hay sindicato real sin derecho a huelga.

El arti?culo 14 del Co?digo de Trabajo relaciona el conjunto de derechos de las organizaciones sindicales, pero queda fuera el Derecho de huelga. No existe cuerpo legal en el ordenamiento juri?dico que lo regule.

El discurso oficial manipula te?rminos y conceptos virtuales, propios de la ideologi?a “Marxista- Leninista”, a fin de hacer creer lo innecesario que en “nuestra sociedad” resulta el otorgamiento de este tipo de derecho.

El ardid radica en la denominada “propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de produccio?n”. Te?rmino ahora radicado en el arti?culo 20 del proyecto de Constitucio?n. Ello ha llevado a afirmaciones absurdas tales como la del autor Juan Vega Vega, en su obra “Cuba, su historia constitucional” (pg. 109) en la que sen?ala:

“…los grandes cambios estructurales que se produjeron en 1959 y 1960 iban a dejar atra?s y hacer anacro?nica la mayori?a de esos preceptos, como sucedio?, por ejemplo, con el derecho de los trabajadores a la huelga, pues al ser la clase obrera propietaria de los medios de produccio?n, era absurdo pensar en una huelga contra si? misma”

He ahi? la justificacio?n a la no existencia del derecho de huelga en el sistema imperante, que no es ma?s que un cinismo, pues la llamada propiedad socialista de todo el pueblo, no es otra cosa que propiedad o monopolio estatal y no existe empleador ma?s poderoso que el Estado.

Sin embargo, la no autorizacio?n expresa del derecho de huelga no es equivalente a su tolerancia ta?cita. Otros autores han expresado que “no esta? regulado, pero nada impide su ejercicio”. Criterio del que discrepamos debido a la existencia en el Co?digo Penal, arti?culo 209, de una figura delictiva denominada “reuniones y manifestaciones Ili?citas”, cuando esta?s se realicen, au?n en forma paci?fica, con infraccio?n de las disposiciones que regulan el ejercicio de estos derechos. Disposiciones que no existen y, por tanto, toda huelga seri?a ilegal y punible.

Finalmente, el otro punto que queremos abordar en lo relativo a la libertad sindical, es el referente a la negociacio?n colectiva, cuyo principal tratado internacional es el Convenio 98 de la Organizacio?n Internacional del Trabajo, sobre el derecho de sindicacio?n y de negociacio?n colectiva. Convenio del que nos basta citar dos de sus arti?culos:

Arti?culo 2.
1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores debera?n gozar de adecuada proteccio?n contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitucio?n, funcionamiento o administracio?n.

2. Se consideran actos de injerencia, en el sentido del presente arti?culo, principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la constitucio?n de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organizacio?n de empleadores, o a sostener econo?micamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organizacio?n de empleadores.

Arti?culo 4. Debera?n adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociacio?n voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.

De estos dos preceptos se deduce que, en el marco de la negociacio?n colectiva o la realizacio?n de convenios colectivos de trabajo, ambas partes deben negociar sin injerencias o predominio de una sobre otra, a fin de evitar fundamentalmente, el control de las organizaciones de empleados o sindicatos por parte del empleador u organizacio?n de empleadores.

En Cuba, la negociacio?n colectiva esta? permeada, precisamente, por la injerencia y el predominio del Estado, a trave?s del partido u?nico que orienta y dirige a las organizaciones de masas, donde se incluye la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) que no es ma?s que una correa de transmisio?n entre la “vanguardia organizada de la nacio?n”, el Partido, fuerza dirigente superior del Estado, y los empleados.

Los Convenios colectivos de trabajo se realizan, en la pra?ctica entre el empleador, Estado, con un ente paraestatal, la CTC. La Contratacio?n Colectiva es negociada por la CTC a nivel nacional, en un proceso que es completamente distante y ajeno al trabajador. Entonces, podemos afirmar que la CTC solo firma “Contratos de Proteccio?n” del Estado, al cual se debe.

Propuesta: Consideramos que, en un futuro Estado democra?tico, es preciso que se cumplan los derechos de sindicalizacio?n, negociacio?n colectiva en correspondencia con los tratados internacionales, en especial los de la OIT. Tanto en la letra del ordenamiento juri?dico interno como en la pra?ctica.

Consideramos que la CTC debe ser disuelta por ser una organizacio?n que ha ejercido en contra de los principios ba?sicos del sindicalismo, sumado a su actuacio?n promoviendo la discriminacio?n y la violencia contra todo aquel que ha manifestado su oposicio?n al sistema totalitario.

El nuevo sindicalismo en Cuba debe ser auto?nomo e independiente, sin subordinacio?n e injerencia al Estado, partidos poli?ticos o poder de facto. Su funcio?n es velar por los intereses y derechos fundamentales de los trabajadores y su fuente de legitimidad es su participacio?n democra?tica.

11) Derecho a la educacio?n y a la diversidad ideolo?gica

El capital humano es el recurso natural ma?s importante de toda nacio?n. De la actitud y capacidad de sus integrantes depende, en mayor medida, el e?xito individual, social, econo?mico, poli?tico, etc. Es por ello que la gestio?n en el plano educacional ha de estar enfocada tanto a potenciar la vida en sociedad, colectiva, como al desarrollo de la personalidad humana, la individualidad, que permita la libre eleccio?n, el conocimiento y respeto de los derechos y libertades fundamentales. No podra? ser libre quien no conozca sus derechos.

El derecho a la educacio?n, visto desde la o?ptica de la Declaracio?n Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y el PDESC, se contempla en tres aspectos diferentes: el acceso, el contenido y la preferencia.

El arti?culo 84 del proyecto de Constitucio?n, alude a la “gratuidad” desde el preescolar hasta la ensen?anza universitaria de pregrado. Visto desde esta perspectiva parece no existir contradiccio?n a lo preceptuado en el arti?culo 26 de la DUDH y al 13 del PDESC.

El antagonismo ma?s evidente entre el Pacto, la declaracio?n Universal y la “Constitucio?n” surge en el tema de la preferencia o derecho a alternativas educacionales.

La DUDH dispone en el apartado 3 de su arti?culo 26 que: “Los padres tendra?n derechos preferentes a escoger el tipo de educacio?n que habra? de darse a sus hijos”.

De forma ma?s especifica el PDESC establece que: “los Estados Partes se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades pu?blicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mi?nimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de ensen?anza.

Estos preceptos internacionales colisionan, sin margen a interpretacio?n diversa, en el arti?culo 95 del proyecto que dispone: “El Estado orienta, fomenta y promueve la educacio?n…” y luego en el inciso b) “la ensen?anza es funcio?n del Estado…”. Ello ejemplifica el rasgo distintivo del sistema estatal cubano, la centralizacio?n a todos los niveles. En este caso el monopolio institucional de la educacio?n, sin margen a alternativas para padres y tutores. Es necesario remarcar el cara?cter de adoctrinamiento poli?tico e ideolo?gico que caracterizan al sistema educacional estatal.

La letra del “proyecto constitucional” anula en el plano de la ensen?anza el pluralismo y la !83

diversidad ideolo?gica en contraste con los esta?ndares internacionales.

En el nivel superior de educacio?n, ha imperado por an?os el eslogan: “La universidad es para los revolucionarios”. Una “mala actitud poli?tica” es causante de baja o expulsio?n. Muestra de la intolerancia o discriminacio?n por razo?n de opinio?n poli?tica, prescrito en esta?ndares internacionales.

Podemos concluir que en Cuba la educacio?n es esencialmente poli?tica con una ideologi?a oficial planificada y centralizada, fuera del alcance de cuestionamientos y de un verdadero ambiente democra?tico en las aulas.

Una definicio?n acertada, acerca de consecuencias socio-poli?ticas del monopolio estatal de la educacio?n, podemos hallarla en las sabias palabras del filo?sofo, poli?tico y economista ingle?s, John Stuart Mill:

“Confiar la instruccio?n pu?blica al Estado es una maquinacio?n aviesa tendente a moldear la mente humana de tal manera que no exista la menor diferencia de un individuo a otro; el molde utilizado a tal efecto es el ma?s grato al re?gimen poli?tico imperante, ya se trate de una monarqui?a, una teocracia, una aristocracia, o bien la opinio?n pu?blica del momento; en la medida que tal contenido se realiza con acierto y eficacia, queda entronizado un despotismo sobre la inteligencia de los humanos que ma?s tarde, por natural evolucio?n, somete a su imperio el cuerpo mismo de la mente”

Propuesta: Si bien el Estado ha de cumplir un rol de garante de la Educacio?n extensiva y accesible a todos los sectores de la sociedad, ello no debe constituir una barrera para las alternativas. La educacio?n no debe tener un cara?cter de adoctrinamiento ideolo?gico, ello constituye un lastre para cualquier sociedad.

Es urgente que existan instituciones educativas privadas que complementen la diversidad y aspiraciones de formacio?n de la familia y la sociedad cubana. La historia y tradicio?n democra?tica en nuestro sistema educativo debe ser retomada.

La insercio?n de los centros de formacio?n cubanos en el sistema de colaboraciones, becas e intercambios con instituciones fora?neas es un paso ba?sico para el desarrollo acade?mico de nuestra Isla. La participacio?n, principalmente de acade?micos cubanos, que hoy radican alrededor del planeta, en la reconstruccio?n de las instituciones educativas es un hecho que puede provocar un ra?pido despunte.

12) Salud, pensiones y seguridad social

La salud pu?blica ha sido uno de las banderas del castrismo. Una vez desaparecidos los subsidios de la extinta Unio?n Sovie?tica este sector se vio fuertemente disminuido. La deplorable higiene y pe?simas condiciones de los centros de salud, el atraso tecnolo?gico, la carencia de medios de trabajo y medicamentos, los bajos salarios para los galenos y otros profesionales, la falta de personal incluido los me?dicos, conforman el escenario de este sector.

Uno de los principales indicadores que se preconiza es la tasa de mortalidad infantil. Si bien las instituciones de salud prestan cuidado a este indicador, no es secreto que se manipulan los datos para continuamente disminuir los i?ndices reportados. El alto nu?mero de abortos que se realizan en la Isla tienen como trasfondo descartar fetos con cuestionable salud, cualquier malformacio?n conlleva a este procedimiento.

Mu?ltiples son los casos de negligencia me?dica que cobran la vida de pacientes sin consecuencias legales. La tasa de mortalidad materna, tambie?n es otro de los valores que resulta difi?cil de conocer pues forma parte de los i?ndices que el sistema cuida celosamente.

El nu?mero de me?dicos por habitantes ha disminuido apreciablemente, alrededor de 40,000 galenos se encuentran ejerciendo su profesio?n fuera del pai?s en las llamadas misiones.

La insalubridad y la presencia de aguas alban?ales en las calles, la acumulacio?n de basura durante di?as e incluso semanas, la falta de agua potable, entre otros, son parte del panorama cotidiano dentro de la Isla. Esto ha provocado que algunas enfermedades como el Dengue o el Zica ya sean ende?micas.

La seguridad social es otro tema vendido como un gran logro del sistema. Sin embargo, no es ningu?n secreto que la situacio?n que enfrentan en nuestro pai?s miles de jubilados, ancianos y personas desprotegidas es cri?tica. La poblacio?n cubana con un 19.9% mayor de 60 an?os es una de las ma?s envejecidas de toda la regio?n, segu?n la ONEI. Segu?n sus predicciones, el envejecimiento continuara?.

La ONEI reporto? en 2015 un gasto en pensiones de 5177,7 millones de pesos para 1,675,225 beneficiados, reportando como pensio?n media 269.85 pesos mensuales, equivalentes a 10 usd. Asumiendo que estos valores esta?n manipulados la realidad resulta ma?s alarmante.

Propuesta: El gobierno de transicio?n debe prestar especial atencio?n a los sectores de la salud, la seguridad y la asistencia social. La recuperacio?n de instalaciones hospitalarias, centros de salud comunitarios, de asistencia y de asilos, el incremento de los salarios y la optimizacio?n de las condiciones laborales de ese sector, requerira? de un incremento de la inversio?n. La intervencio?n del sector privado sera? fundamental para diversificar y mejorar los servicios, genera?ndose nuevos atractivos para los galenos, te?cnicos y profesionales.

Durante la transicio?n debera?n elevarse las actuales pensiones y asignaciones a la seguridad social. Sin embargo, estos reajustes implicara?n un incremento del gasto pu?blico, obligando al aumento de las recaudaciones y a crear un fondo de inversio?n destinado a la obtencio?n de mayores recursos.

Dada la naturaleza de un peri?odo de transicio?n, es importante prever que algunas personas, en especial los adultos mayores, tengan ciertas dificultades para acceder con normalidad a alimentos. Es necesario evitar que estos grupos vulnerables continu?en enfrentando situaciones de penuria.

El gobierno de transicio?n debe facilitar las iniciativas privadas y caritativas para proveer de asistencia a personas de escasos recursos. Las iglesias y ONG’s tendra?n toda la libertad de cumplir con sus obras sociales. El Estado siempre sera? facilitador y jama?s obsta?culo

13) Conclusiones

El criterio de la ilegitimidad del poder que impera en Cuba desde 1959 obedece al amplio historial de violaciones de derechos humanos y a la negacio?n de los patrones de un verdadero Estado de Derecho, libre y democra?tico. Basta examinar la estructura de su entramado estatal y su cuerpo legislativo para comprobar la no idoneidad del texto que funge como Constitucio?n y el cara?cter totalitario de su institucionalidad.

Las nuevas imposiciones lanzadas por el re?gimen, el proyecto de constitucio?n y nuevas normativas, mantienen el mismo patro?n de control totalitario.

Todo el potencial de nuestra nacio?n seguira? aplastado mientras los cubanos no podamos disfrutar de la libertad. El presente trabajo necesitara? de futuros reajustes en la medida en que nuestro escenario continue evolucionando.

Bibliografi?a:
1. Anuarios Estadi?sticos. ONEI.
2. BuildingCapitalism.AndersA?slund.
3. Cuba: Realidad y destino. Jorge A. Sanguinetty.
4. Cuba: Poli?ticas econo?micas para la transicio?n. Colectivo de autores, editorial Verbum.
5. ForeSightCuba, La Isla en nu?meros. Sitio digital.
6. La transicio?n en Cuba. Editorial The Ceiba Project
7. Las restricciones de divisas en la economi?a cubana al terminar el 2010: crisis, ajuste y salida

paulatina. Pavel Vidal.
8. Miradas a la economi?a cubana. Colectivo de autores, La Habana 2009. 9. Report on Cuba. International Bank for Reconstruction and Development. 10.Transiciones. La experiencia de Europa del Este. Fredo Arias King.

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