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Alfredo M. Cepero
Director de www.lanuevanacion.com
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero

 
No creo que sea saludable para una república constitucional que haya funcionario con poderes permanentes y casi absolutos.

El anuncio la semana pasada de la renuncia del Magistrado del Tribunal Supremo, Anthony Kennedy, ha calentado aún más la ya enconada contienda de las elecciones parciales del próximo mes de noviembre en los Estados Unidos. Una izquierda desorientada e incrédula ante la pérdida de las elecciones generales de 2016 se prepara a intensificar su carga de obstruccionismo y acoso contra el Presidente Trump y los funcionarios de su gobierno.
En una versión norteamericana de los ‘mítines de repudio’ de la tiranía castrista la chusma financiada por George Soros y liderada por Maxine Waters persigue e insulta a los funcionarios del gobierno en los teatros, los restaurantes y hasta en sus residencias privadas. Carentes  de una agenda constructiva y ante la ominosa probabilidad de que los republicanos conserven las mayorías en ambas cámaras se han dado a la tarea de apoderarse de las calles. El diálogo civilizado ha sido sustituido por el insulto y la intimidación.
Sin embargo, después de la elección de Trump, la renuncia del magistrado Kennedy es la peor catástrofe que podía caer sobre los promotores del secularismo destructivo. La posibilidad de que una corte con mayoría conservadora pudiera anular el fatídico fallo de Roe vs. Wade de 1973 los ha puesto más allá del paroxismo y de la histeria. Podemos, por lo tanto, esperar con casi total seguridad un considerable aumento de la temperatura política entre ahora y el próximo mes de noviembre.
Afortunadamente, Donald Trump está preparado para neutralizar los ataques de los defensores del aborto en el Senado contra su candidato para llenar la vacante del magistrado Kennedy. En una entrevista con María Bartiromo, de Fox News, la semana pasada, el presidente le aseguró que no preguntaría la opinión sobre Roe vs Wade a ninguno de los candidatos que entrevistaría en su proceso de selección. De esta manera, el postulado por el presidente estará en absoluta libertad de contestar a cualquier pregunta que le sea formulada en su proceso de ratificación por el Senado sin incurrir en el peligro de ser acosado por defensores del aborto.
Porque no cabe la más mínima duda de que, tal como afirmó el Magistrado Clarence Thomas durante su proceso de ratificación, el postulado por el presidente será sometido a un ‘linchamiento político’ por parte de los demócratas. Para mayor abundamiento, sólo tenemos que pasar revista al venenoso discurso pronunciado el 1ro de julio de 1987, por el entonces Senador Edward Kennedy durante la tumultuosa y fallida ratificación del Juez Robert Bork, postulado por el Presidente Ronald Reagan.
“La América de Robert Bork–dijo el cobarde que abandonó en 1969 a Mary Jo Kopechne a su fatídica muerte en Chappaquiddick–una tierra en la cual las mujeres se verán obligadas a abortos clandestinos, los negros serán segregados en los restaurantes, una policía desenfrenada derribará las puertas de los ciudadanos en medio de la noche……y millones de ciudadanos no tendrán acceso a los remedios de un poder judicial que es el único protector de los derechos individuales que constituyen el corazón de nuestra nación”.    
Ahí está la principal razón por la cual los demócratas han perdido el juicio ante la oportunidad de Trump de nombrar a dos magistrados al Tribunal Supremo en menos de dos años de gobierno. Ningún otro presidente ha podido nombrar a dos magistrados en tan poco tiempo. Por lo que concluyo que Trump es un hombre inteligente pero es también un hombre de mucha suerte, que además ha sabido aprovecharla para promover su agenda.
Y lo peor para sus enemigos, Trump tendría la oportunidad de nombrar por lo menos a otro magistrado del Supremo si ganara, como es probable, las generales de 2020. Ruth Bader Ginsburg y Stephen G. Breyer ya pasan de 80 (ochenta) años. De hecho, el nombramiento del sustituto de Anthony Kennedy daría por resultado un Tribunal Supremo integrado por 6 (seis)  “juristas originalistas” y 3 (tres) damas ideólogas de la izquierda como Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor. La primera, Ruth Ginsburg, quién violó el silencio y la imparcialidad que debe mantener un juez en procesos electorales calificando a Trump de ‘farsante’ durante el curso de su campaña por la presidencia. Y las dos últimas, regalos del Mesías Barack Obama, que votan contra todo lo que proponga Donald Trump.
En esta parte de mi artículo considero de suma importancia definir los términos utilizados por diferentes juristas a la hora de emitir sus fallos. Nadie mejor para hacerlo que aquel gigante de la jurisprudencia que se llamó Antonín Scalía. Se refirió al tema de esta manera:”El originalismo es una subespecie del textualismo. El textualismo indica que usted está gobernado por el texto. Que el texto es lo único que es relevante para su decisión, no si la decisión es deseable o si la historia legislativa dice una cosa o la otra. Sino el texto de la constitución y de la ley”.
Sigo con Scalía porque no puedo resistir la tentación de mostrar su perspicacia y su sentido del humor. Sobre el mismo tema dijo: “La constitución que yo interpreto y aplico no está viva sino muerta, o como acostumbro a decir es ‘perdurable’. Quiere decir hoy, no lo que piensa la sociedad actual, mucho menos lo que opinan las cortes que debe decir sino su significado original cuando fue adoptada. A quienes se burlen de mi posición les digo que soy un ‘originalista’ y un ‘textualista’. Y que no estoy loco”.
Los 25 juristas que aparecen en la lista original publicada durante la campaña y los cinco en esa lista que se propone entrevistar Donald Trump antes de recomendar al Senado su aprobación comparten la filosofía jurídica de Antonín Scalía y de Clarence Thomas, otro gigante del originalismo. Tal fue el caso del Magistrado Neil M. Gorsuch postulado por el Presidente Trump, aprobado por el Senado y juramentado el 10 de abril de 2017.
Vista a corto plazo, la integración actual del Tribunal Supremo debe de ser motivo de júbilo para quienes suscribimos una filosofía conservadora. Pero las instituciones de una republica constitucional deben tener la capacidad de resistir los embates del tiempo y los caprichos transitorios de los ciudadanos. Y lo que ha estado pasando en los últimos cincuenta años con el Tribunal Supremo debe de ser motivo de preocupación para quienes valoramos la estabilidad de este país y pensamos a largo plazo.
En los casos más extremos, muchos magistrados han asumido la actitud de interpretar la constitución según las corrientes del momento o su filosofía política personal, no como fue redactada por sus autores. Los más atrevidos han sido los inclinados a la izquierda política. Una izquierda que ha logrado fallos como el de Roe vs Wade para promover una agenda radical y contraria a la opinión mayoritaria de los ciudadanos. Hasta una abanderada del aborto al por mayor como Ruth Bader Ginsburg se quejó de que Roe vs. Wade había sido una decisión infortunada. Dijo que habría preferido que el asunto hubiese sido decidido a nivel estatal porque la decisión del Supremo permitiría a los conservadores anularla en cualquier momento.
La deplorable realidad es que los magistrados se han estado arrogando poderes que no les fueron otorgados por los Padres Fundadores y que no les corresponden. Los fundadores crearon tres poderes con funciones de limitación y equilibrio de unos con los otros. A decir el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. El más cercano y representativo de la voluntad del pueblo es sin dudas el Legislativo. El segundo en representación con el poder de implementar la voluntad expresada en las leyes es el Ejecutivo. Y el árbitro en las disputas de los dos primeros, así como el intérprete de las leyes es el Judicial. El único que no es resultado directo del voto popular es el Judicial. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha estado usurpando poderes que les corresponden únicamente a los miembros del Congreso y al Presidente de la República. Los magistrados han estado legislando sin que nadie haya votado por ellos.
Aunque confieso mi admiración por una carta magna que ha servido de ejemplo a numerosas constituciones del mundo, me atrevo a objetar una de sus estipulaciones. No creo que sea saludable para una república constitucional que haya funcionarios con poderes permanentes y casi absolutos. Creo que es un peligro conceder inamovilidad a los magistrados del Tribunal Supremo o a cualquier otro funcionario de gobierno. Sus nombramientos deben de ser por tiempo limitado y retiro obligatorio. Esa fue la visión de los Padres Fundadores. Porque en una república constitucional y democrática el verdadero supremo no debe de ser un Tribunal Supremo sino el tribunal del pueblo soberano a través del voto emitido periódicamente en las urnas.
7-3-18

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