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Bombas atómicas, misiles, terrorismo, agresiones, inestabilidad, amenaza. Palabras así conforman el 90% del discurso sobre el acuerdo nuclear que hasta ayer estuvo vigente con Irán y la administración de Donald Trump acaba de hacer trizas.
En resumen, la negociación alcanzada entre seis potencias —los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (EEUU, Rusia, China, Reino Unido y Francia) junto con Alemania— e Irán era un pacto en apariencias muy sencillo: el levantamiento de sanciones, por parte de Estados Unidos y la comunidad europea, a cambio de lo cual Irán se comprometía a desconectar dos tercios de sus centrifugadoras, sacaba del país el 98% de su uranio enriquecido y llenaba de cemento su principal reactor de plutonio.
Desde su firma en julio de 2015 en Viena, la valoración sobre lo logrado ha sido una mezcla de sospechas, manipulación y desilusiones. Ello en gran parte por lo limitado de un acuerdo que no elimina el peligro de que Irán desarrolle armas nucleares: simplemente lo pospone.
Lo fundamental fue ganar tiempo. Se pasó de un plazo estimado entre dos y tres meses, para que Irán desarrollara una bomba atómica, a uno de un año. Todo se resumió a brindarle más tiempo a la comunidad internacional para tratar de evitar un resultado potencialmente catastrófico. Nadie lo consideró un buen acuerdo, sino el mejor posible, dada las circunstancias.
No es de extrañar entonces que desde la fecha de la firma hasta hoy, todos los argumentos en favor o en contra de sus logros se lancen y recojan de acuerdo a la ideología y los intereses políticos en ambos extremos del campo.
Según la ONU, Irán está cumpliendo las condiciones del pacto. El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha certificado diez veces que no hay rastro del plan nuclear militar iraní. Pero dichas certificaciones no son aceptadas por todos y más cuando la mayoría de los informes abordan asuntos imposibles de responder de forma concluyente, empezando por la imposibilidad de demostrar una premisa negativa. Teherán había negado, en múltiples ocasiones antes de la firma, que dicho plan nuclear existiera. Por otro lado, existe casi una tradición de comunistas, excomunistas y anticomunistas de no creer en la ONU.
Tampoco son completamente fiables los informes de inteligencia israelí o las declaraciones iraníes. Ni Netanyahu asegurando que Teherán sigue aspirando a tener la bomba o la fetua del ayatolá Jamenei prohibiendo las armas atómicas. En ambos casos, los documentos no van más allá de responder a intereses propios, motivaciones y recelos milenarios, o se limitan a una cuestión de fe.
La clave en todo ello radica en que ni Occidente ni Irán vieron nunca el acuerdo como un fin en sí mismo, sino como un medio. Para EEUU y Europa, una vía destinada —a través de un plazo más o menos largo— a la transformación de la nación persa; quizá no en un aliado pero al menos en un competidor civilizado, de acuerdo a los estándares occidentales. Para Irán como un respiro inmediato y un camino expedito a las inversiones extranjeras, la necesaria financiación internacional y el desarrollo económico. Nada de esto apareció con palabras en el documento, pero estuvo presente en las intenciones.
No ha sido necesario mucho tiempo para ver que las esperanzas fueron vanas, para ambas partes.
La firma del acuerdo —incluso suponiendo valederos los resultados de las certificaciones de la OIEA— no ha servido para detener los avances de Irán, tanto en su programa de misiles como en sus objetivos de dominio regional, puestos de manifiesto tanto con su participación en la guerra en Siria como con el fortalecimiento de milicias terroristas, en particular el Hezbollah libanés.
El propósito claro de Irán, con bomba atómica o sin esta —aunque mejor contando con ella—, es expandir su alcance regional y  lograr la creación de un corredor hacia el Mediterráneo Oriental.
Esta opción, que se le ha hecho posible en primer lugar por el disparate de la administración de George W. Bush, con la invasión de Irak, se vio incrementada por la errónea política del Gobierno de Barack Obama desde el inicio de la guerra en Siria. Así la ruta siempre ha quedado clara: Irak, Siria y el Líbano, y llegar así, en la actualidad, a convertirse en el mayor peligro que enfrenta Israel.
Por su parte, y tras un tiempo transcurrido, para Irán el acuerdo también ha ofrecido resultados por debajo de lo esperado, desde el punto de vista financiero.
Teherán tuvo acceso a unos $100 000 millones que estaban congelados en el extranjero y pudo volver a vender petróleo en el mercado internacional, así como utilizar en parte el sistema financiero global.
Se trató de fondos congelados iraníes —nada que ver con la mentira lanzada por fanáticos de que Obama le “regaló” millones de dólares en efectivo a Teherán— y de posibilidades económicas clásicas en una táctica de “garrote y zanahorias”. Pero siempre dentro de limitaciones establecidas.
De esta forma, las sanciones levantadas por EEUU fueron exclusivamente las vinculadas al acuerdo, y el resto ha continuado vigente e incluso se han aumentado.
Todo ello se tradujo en que el esperado desarrollo económico que Irán obtendría con el pacto solo lo ha sido en parte. En 2016 su PIB creció un 12,5%, pero el año pasado apenas un 3,7%. La inflación se redujo y por primera vez en décadas la taza se sitúa por debajo del 10%. Sin embargo, el desempleo no ha dejado de crecer en estos años, hasta el 12,5% el año pasado, de acuerdo con datos aparecidos en el diario español El País. El resultado es que la confianza de la población en las perspectivas económicas del acuerdo se ha desinflado. Las consecuencias evidentes de esta situación son dos: las protestas ocurridas por la falta de mejoras económicas y el creciente descontento del sector más radical e ideológico, que propugna una línea aún más dura frente a Occidente.
Los motivos para explicar este estancamiento económico son varios. Van desde la corrupción generalizada a los obstáculos impuestos por el propio Gobierno. Tampoco Teherán ha llevado a cabo las reformas y los ajustes previstos, tanto en las cuentas públicas como en la banca, lastrada por una tasa de morosidad del 12%. Cualquier similitud con lo ocurrido en Cuba durante el “deshielo” de Obama no es pura coincidencia.
Pero las dificultades económicas iraníes también tienen que ver con las trabas que frenan las transacciones entre los bancos de este país y los estadounidenses, así como el ambiente de incertidumbre creado tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, que ha llevado a retraerse —o simplemente a esperar— a diversos inversores e instituciones financieras europeas.
Las claves del desacuerdo
Quedan entonces dos factores claves para comprender los fundamentos tras la retirada de EEUU del acuerdo.
Uno político.
Tanto Israel como Arabia Saudí ven con preocupación creciente el expansionismo de Irán en la región. Estos dos país, rivales milenarios, no solo comparten un enemigo común en Teherán sino también un aliado en Washington. Alianza que con el actual Gobierno estadounidense ha adquirido un carácter extremadamente personal. Sea por la incapacidad demostrada de la monarquía gobernante en Riyadh o por las limitaciones de Israel como nación pequeña, ambos países acuden hoy más que nunca a su tradicional dependencia de EEUU.
Otro económico.
Si el conflicto en Siria ha sido en buena medida lo que en la actualidad se define como una “guerra por proxies”, donde Irán e Israel se acercan cada vez más a un enfrentamiento directo, la retirada de Trump del tratado nuclear se inscribe como un nuevo capítulo de ese otro conflicto —en este caso económico—, que con avances y retrocesos, conversaciones y susurros, no deja de estar también en aumento entre Europa y EEUU.
Además de la amenaza de una creciente inestabilidad en el Cercano Oriente y el peligro de una carrera armamentista nuclear, a Europa lo que le interesa en Irán son las presentes, futuras y potenciales inversiones económicas. En buena medida, este fue un motivo determinante para la reciente visita de Emmanuel Macron a Washington: circunstancia por encima de la pompa y ceremonia.
Inversiones francesas
De todos los acuerdos de inversión europea en Irán —ya sea en marcha o con cartas de intención—, el más avanzado es con la francesa Total, por $4 800 millones, para explotar, junto con CNPC, parte del proyecto de South Pars, el mayor campo de gas del mundo.
Ahora la empresa francesa enfrenta dudas al respecto. “Si el marco cambia, si podemos hacerlo legalmente y ejecutar el contrato, lo haremos. Hay enormes oportunidades en Irán. Pero vamos a ver primero si podemos cumplir ese proyecto inicial”, señala Patrick Pouyanne, presidente de Total.
También la industria automovilística francesa tiene planes en el país, que en igual sentido enfrentan nuevas incertidumbres. Peugeot anunció inversiones por 700 millones de euros, Renault se ha comprometido a construir una nueva planta para producir 350 000 vehículos al año.
Aunque empresas estadounidenses igualmente tenían proyectos en Irán (un plan para la renovación de la flota de IranAir contemplaba la compra de 80 aparatos a Boeing), son los europeos quien más han avanzado en este terreno.
¿Y la Helms-Burton?
Trump estableció “al máximo nivel” y de forma inmediata las sanciones contra el régimen iraní. Se le concederá un plazo breve a las empresas para que reconsideren sus planes y se retiren. Pero sobre estas, y no solo las estadounidenses, se cierne la amenaza de las penalizaciones. El presidente de EEUU le ha dado marcha atrás al reloj.
El paquete original de sanciones norteamericanas, cuando fue aprobado en 2012 por el Congreso, aparte de castigar al banco central iraní, dificultaba extraordinariamente las operaciones financieras en EEUU a quien mantuviera transacciones con Teherán.
Ahora Europa está tratando de convencer al régimen de los ayatolás de que nada cambia. Para ello, la diplomacia comunitaria trabaja en dos proyectos, según El País.
El primero, un programa de crédito del Banco Europeo de Inversiones que respalde a las empresas que quieran hacer negocio en Irán, pero no puedan financiarse por la incertidumbre que crea la decisión estadounidense.
Con relación al segundo, Bruselas está desempolvando una herramienta que ya ideó en 1996, cuando EEUU promulgó la controvertida ley Helms-Burton, que penalizaba a los empresarios de cualquier territorio, incluido el europeo, con proyectos en Cuba.
De esta forma, Bruselas intenta dar garantías de que ninguna firma deberá acatar medidas estadounidenses con efectos extraterritoriales.
Sin embargo, en la práctica la potencia de estos escudos puede ser muy limitada si los inversores consideran que el veto estadounidense a operar en Irán les cierra el grifo de financiación y amenaza el eventual beneficio.
Las empresas y los bancos son reacias a enfrentar riesgos enormes, que en la práctica se traducen en multas de millones de dólares, e invertir en un país como Irán y obtener una ganancia relativamente limitada, al tiempo que son castigadas por Washington y se les cierra el mercado de tan poderoso país. El único camino entonces abierto es la incierta vía de la ilegalidad.
Cabe preguntarse si los más fervorosos anticastristas de Miami —¿el senador Marco Rubio, los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Curbelo, la representante en retirada Ileana Ros-Lehtinen— conocen de estos movimientos. Y si intentarán aprovechar el momento para volver a esgrimir la olvidada Helms-Burton. ¿O esto es solo un ejemplo más de la vieja manía cubana, de meter a la isla en cualquier parte, aunque sea en las arenas de un desierto cada vez más peligroso?

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