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Por: Dagoberto Martínez Martínez

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El día 22 de diciembre del pasado año, nuestro Consejo Popular amaneció bajo un fuerte operativo de la Policía Nacional Revolucionaria, contra supuestos delitos de acaparamiento en las cosas con las consiguientes detenciones, registros y allanamientos.

Al frente de este operativo se encontraba un Teniente con el número de chapilla 11777, del cual se desconoce su nombre, pero sí que los objetivos eran todas aquellas personas que entraran al pueblo en busca de adquirir algunos de los productos del mar, para este fin de año.

Desde muy temprano en la madrugada, ya se sentían los carros patrullas, motos y otros medios técnicos, en función de este gran operativo que paró en La Coloma, municipio de Pinar del Río, todos los negocios de la bolsa negra.

Lo más lamentable de todos estos episodios es que se sabe –sin lugar a dudad- que las personas que más negocios ilícitos tienen son: las que trabajan para la policía; los altos funcionarios de las empresas enclavadas en el Consejo; y como si eso fuera poco, los hijos de los propios funcionarios gubernamentales que poseen incluso varios negocios, algo que no está en los “lineamientos” del Partido Comunista de Cuba.

Como es natural estas personas no son tocadas por la policía en ningún momento, ya que, al igual que se puede ver en los programas televisivos UNO y Tras la Huella, dedicados al trabajo policial del país, son las que mantienen informada a esta fuerza, de todos los supuestos delitos que se cometen en cada territorio.

Aunque no es una justificación para el delito, no se tiene en cuenta por las autoridades locales, que el puerto pesquero de La Coloma, cuenta con escasos centros laborales, y en la mayoría se encuentran sus plantillas cubiertas con personal de toda la provincia, sin quedar plazas vacantes para emplear todos los trabajadores del Consejo que se encuentran sin trabajo, la mayoría de ellos jóvenes.

La Coloma es uno de los pueblos que tiene el fondo habitacional más deteriorado, sin ningún tipo de áreas de diversión, con un alto índice de delitos de agresión, de robos y estafas en los centros de trabajos, salidas del país, además de un grado elevado de miseria.

Esta es la localidad, donde primero llega la muerte que cualquier equipo de emergencia, cuando sucede algún accidente.

Las multas impuestas a las personas que han sido arrestadas son de miles de pesos, sin contar que también les decomisaron toda la mercancía.

No tuvieron cuidado ni precaución al actuar en los lugares donde se encontraban niños o personas con algún padecimiento que comprometiera su estado emocional; sin dudarlo se violaron los derechos más elementales de los pobladores del lugar.

Pinar del Río, 11 de enero de 2018    

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