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Las patean en el suelo, son arrestadas sin órdenes de detención, vejadas en calabozos policiales, y solo en raras ocasiones los tribunales y fiscalías en Cuba reciben sus quejas debidamente. Para el régimen, estas mujeres “apestan” ideológicamente.

Son activistas de derechos humanos, por ello quedan fuera de las campañas oficialistas sobre la violencia contra la mujer: otras mujeres las golpean también.

“Me llevaron hasta una patrulla, pero en el camino me iban dando patadas, me llevaron arrastrada y me iban dando golpes”, así describió la Dama de Blanco Yamilé Garro Alfonso la detención de la que fue objeto en la mañana del 6 de abril de 2017.

En el arresto, explicó Garro, participaron féminas vestidas completamente de uniforme verdeolivo, y otras de civil.

Descabezar el foco de protesta

Ningún grupo opositor en la isla realiza actividades cívicas semanales que reporten una cifra de medio centenar de arrestos como promedio. Desde el 20 de marzo de 2016, cuando el entonces presidente de EEUU Barack Obama visitó Cuba, las merecedoras del Premio Sajarov 2005 no han podido llegar nuevamente hasta la Iglesia de Santa Rita, en La Habana.

Al morir Laura Pollán en 2011, Berta Soler Fernández tomó el batón de relevo, y llevó al grupo a una escala distinta.

Liberado el total de presos políticos de la Causa de los 75, las mujeres siguieron abogando por otras libertades, y por todos los presos políticos.

Tres años después, unas treinta integrantes, entre las que se encontraba Belkis Cantillo -una de sus fundadoras y exesposa del opositor José Daniel Ferrer- decidieron abandonar la organización y crear el grupo Ciudadanas por la Democracia.

Como Garro Alfonso otras en el país han sufrido violencia de género desde sus funciones como periodistas independientes, integrantes de la sociedad civil o simplemente por ser esposas o familiares de disidentes que cumplen prisión por oponerse abiertamente al gobierno cubano.

Lamentablemente, las jornadas científicas, los talleres comunitarios e incluso los convenios firmados entre instituciones que implican a la Fiscalía y organizaciones de masas como la oficialista Federación de Mujeres Cubanas (FM) no reflejan ni las cifras ni el impacto de la violencia ejercida desde el poder contra las mujeres que buscan un espacio de libertad y lo expresan públicamente.

La amenaza, más allá de los golpes

No siempre los golpes o los abusos físicos son el recurso utilizado para reducir a las que alcen la voz para denunciar la falta de libertades en Cuba.

Buqueriget Socías es una joven guantanamera que integra el grupo audiovisual independiente Palenque Visión. Ha sido arrestada en varias ocasiones, le han confiscado los equipos de trabajo, pero en el último arresto, el pasado 13 de noviembre, la amenaza fue con despojarla de la Patria potestad.

“[Me dijeron] En relación al tema de mis hijos (…) que podían quitármelos y mandarlos a lo que aquí llaman ‘La Casa de la Patria’, que son como orfanatos”, explicó.

La joven periodista había sido arrestada en otras ocasiones, pero ese día le ocuparon además una cámara de video, un micrófono profesional y un trípode.

Por lo general, acotó la joven, “pasamos semanas, a veces meses, para poder obtener nuevos equipos para trabajar y sustentar a la familia”.

 

Doble rasero mientras se intensifica el hostigamiento

En 2016 la prensa oficial cubana anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) firmaron un acuerdo “con el objetivo de darle más garantías a los derechos de las ciudadanas y ciudadanos”.

El contrato en cuestión, explicó la funcionaria Raquel Rodríguez Fraga, consistió en la creación de dos comisiones: una para la ciudadanía en general y otra “especializada para la protección de la familia y asuntos jurisdiccionales, que se vinculen a los menores de edad, violencia contra la mujer, protección al adulto mayor, entre otros temas sensibles”.

Sin embargo, ninguna de esas gestiones se traduce en la protección de quienes son acosadas por el propio aparato de Seguridad del Estado.

Precisamente en 2016, Martí Noticias documentó el más alto número de opositoras encarceladas –condenadas o pendientes- en varias cárceles de la isla.

Dieciséis mujeres presas por motivaciones políticas: entre ellas una portadora de VIH-SIDA (Jackeline Heredia Morales) que sufrió además varias golpizas.

Otro de los métodos que ha usado la policía política desde hace varios años, con el apoyo de las Brigadas de Respuesta Rápida y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), ha sido el cerco de las viviendas de opositores, en el que han llevado a estas fuerzas represivas a maltratar físicamente a no pocas mujeres delante de hijos y otros familiares.

Los opositores Sonia de la Caridad González Mejías y Yuri Sollet Soto fueron detenidos el 25 de julio en el barrio del Vedado, de La Habana, y golpeados de manera brutal por la policía, tal como indicó este medio.

“Me dieron piñazos, patadas con botas, con las ‘tonfas’ me dieron en la rodilla, que es la que tengo más lesionada, la tengo inflamada”, contó González Mejía, activista de Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

La opositora dijo que al llegar a la parada del bus, se dieron cuenta de que habían estado vigilados, porque inmediatamente llegó la policía con el pretexto de saber sus identidades y la emprendieron a golpes contra ambos.

Multas: de la inhabilitación pública a la cárcel

Luego de ser detenidas, activistas que incluso integran otros movimientos opositores han sufrido la nueva modalidad represiva.

Las multas por los supuestos delitos de ‘desorden público’, ‘desacato’, ‘atentado’ o ‘afear el ornato público’ intentan detener las protestas cívicas, los reclamos ante las detenciones arbitrarias de algunos de sus familiares o incluso por distribuir octavillas en las calles.

El decreto No. 141, sobre las Contravenciones de las Regulaciones del Orden Interior, contiene lo relacionado al Orden Público, la Seguridad Colectiva, el Régimen de la Propiedad, la Economía Nacional, el del Carné de Identidad y registro de población, la Licencia de Conducción y otros.

Martí Noticias tuvo acceso en marzo de 2017 a un extenso listado proporcionado por las Damas de blanco que relaciona a 21 mujeres miembros del grupo que habían sido sancionadas, incluso más de una vez, con multas que van desde $7.50 pesos en moneda nacional hasta 1.500 pesos.

Dos de estas “penalizadas” por su activismo -Berta Soler y Leticia Ramos Herrería- al negarse apagar lo que definen como “un gesto arbitrario de la Seguridad del Estado” tienen “restricción de salidad del país”, los que les impide además hacer denuncias de los actos que sufren, ante organismos internacionales de Derechos Humanos.

Entre las multadas con mayor cuantía aparecen la vocera de la organización, Soler Fernández, Maylen González González, Lismeyris Quintana Ávila y María Josefa Acón Sendiña –las tres primeras con 1.500 y la última con 1.000 pesos en moneda nacional.

Al momento de redactar este reportaje, para algunas de ellas la cuantía monetaria de la penalidad había subido hasta los 3.000 pesos en moneda nacional.

En el mes de marzo, la Dama de Blanco Lismery Quintana fue juzgada por el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, y trasladada a una cárcel de mujeres de la capital donde le impusieron una sanción de seis meses de privación de libertad por el delito de “impago de multas”.

Varios días después, Quintana, que sufre Hepatitis B, fue trasladada a una prisión de mujeres en Sancti Spíritus, a centenares de kilómetros de la capital cubana: estaba ya lejos de la posibilidad de ser visitada por sus dos hijos menores de edad, tal como señaló su esposo, el periodista independiente Enrique Díaz.

Díaz informó a Radio Martí que su esposa había sido trasladada sin ninguna seguridad para su salud. “Me comunicó que desde ayer está sin ingerir alimento alguno, es portadora de la Hepatitis B y está sin ingerir su medicación, no se lo han dado y ya fue amenazada por la Seguridad del Estado”.

De todos modos, mujeres de varias organizaciones opositoras salen a protestar cada vez que sus pares sufren una detención, y el resultado va desde el bullying que las Brigadas de Respuesta Rápida les organizan, hasta las golpizas sistemáticas dirigidas por las fuerzas del orden público.

La política gubernamental cubana parece ir en otro rumbo, mirar al otro lado. Mariela Castro, la hija del general que administra el país, habló a la prensa nacional en abril pasado en los términos que siguen:

“El bullying es el acoso o maltrato que se le realiza a otra persona cualquiera desde un grupo, desde sus coetáneos. Son formas del lenguaje que conforman la violencia verbal, acciones sicológicas, violencia física o sexual, incluso se ha tratado desde las redes sociales. Lo constituye la humillación, el desprestigio, la disminución, las ofensas, y el maltrato a otra persona que por determinado rasgo no es aceptada.

“Hay que superar esas actitudes salvajes en todos los contextos sociales. Este es un problema mundial, solo que desde los años 70 se visibiliza más en estudios y asociaciones académicas de forma más completa. Desde el ámbito de la UNESCO se buscan estrategias efectivas para estudiar y enfrentar el bullying en su propio contexto geográfico”, concluyó Castro, también diputada a la Asamblea Nacional, quien obviamente no se refería al constante abuso del que son víctimas las opositoras al régimen en Cuba.
http://www.martinoticias.com/templates/ocb-Articles.rss?sectionPath=/noticias/cuba
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