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Sube el gasto fiscal sobre la compraventa de viviendas

REINALDO ESCOBAR , La Habana | Mayo 15, 2017

El 11 de mayo entró en vigor una ley que impone un precio referencial a

las viviendas en operaciones de compraventa. El simple anuncio, un mes

antes, de la nueva medida desató un frenesí en las notarías para

concluir los trámites antes de la entrada en vigor de las nuevas reglas.

Algunos anuncios clasificados usaron incluso la fecha como límite para

cerrar un trato.

Desde que en noviembre de 2011 el Gobierno de Raúl Castro permitió que

los ciudadanos tuvieran derecho a comprar y vender sus casas, se

implantó la obligación de que tanto los compradores como los vendedores

debían abonar al Estado un impuesto del 4% sobre el monto de la

operación comercial.

En la mayor parte de los casos ese gravamen no se calculaba sobre la

cantidad de dinero que en realidad se entregaba como pago, sino

atendiendo al precio que el Estado había asignado a la vivienda y que

aparece consignado en el documento de propiedad.

La Ficción

La Ley de la Vivienda de julio de 1985 convirtió en propietarios a todos

los inquilinos que venían pagando un alquiler. El valor de estas casas

se calculó multiplicando el pago de un mes por los 240 meses que hay en

20 años.

Aquellos que adquirieron una vivienda a partir del 1 de julio de ese

año, sin tener un abono como antecedente, liquidaron al banco, en un

plazo de 20 años, el precio de su nueva casa, que fue calculado teniendo

en cuenta los metros cuadrados de superficie habitable.

En los casos de los que habían pagado un alquiler antes del 1 de julio

de 1985 resulta muy difícil encontrar una vivienda cuyo precio reflejado

en la propiedad supere los 10.000 CUP pues, como regla, la cuota mensual

a pagar por un alquiler no superaba el 10% del salario del usufructuario

y para esa fecha casi nadie ganaba más de 400 CUP mensuales. Los valores

calculados según los metros cuadrados de la propiedad excepcionalmente

llegaban a los 20.000 CUP.

Aquella ley que se ufanó de convertir a los usufructuarios en

propietarios no permitía la compraventa del inmueble, de manera que los

precios inscritos en la propiedad eran una evidencia del "carácter

justiciero de la revolución" que daba a los más humildes trabajadores la

oportunidad de poseer legalmente una vivienda. Para decirlo en el

lenguaje de la época, aquello era un "asunto político".

La Realidad

El derecho de comprar y vender casas fue otorgado cuando ya estaban

imperantes las consecuencias de la dualidad monetaria, cuya

característica más notoria es que los trabajadores ganan en moneda

nacional pero deben adquirir en pesos convertibles todo aquello que

tiene un valor real. Las viviendas no escaparon a esa regla.

A nadie se le ocurre vender en 10.000 CUP una casa por la que puede

pedir 30.000 CUC y, mucho menos, referirse al precio real cuando puede

acogerse al precio legal a la hora de liquidar los impuestos. Aquella

evidencia de justicia, reflejada con un número simbólico en los títulos

de propiedad, no podía ser revertida brutalmente por la Revolución. Pero

cuando los ciudadanos se ponen astutos, el Estado no puede hacerse el

tonto.

Fue así que surgieron los nuevos precios referenciales.

La nueva metodología no tiene en consideración cuántos años de salario

debe invertir un trabajador para pagar los nuevos precios y tampoco se

indican los metros cuadrados de superficie habitable. Ahora se calcula

el valor de las viviendas por el número de habitaciones y si poseen

aparcamiento, patios o jardines. Las características constructivas de

las viviendas se identifican atendiendo a si tienen paredes de

mampostería, cubierta pesada o ligera o si han sido construidas con

otros materiales.

Lo más significativo es el asunto de dónde se encuentra situado el

inmueble. Hay cinco grupos y a cada uno le corresponde un "coeficiente

de ubicación", donde la palabra coeficiente tiene el significado que le

dan las matemáticas de ser un factor multiplicativo. Por eso, una vez

establecido el valor de la vivienda, el número resultante se multiplica

por 7, 6, 5, 4, o 1.5 en dependencia del lugar donde está situada.

Esta onerosa multiplicación no viene acompañada de consignas

revolucionarias ni de consideraciones teóricas sobre la justicia social.

Obviamente al Estado le tiene sin cuidado lo que cada cual gasta para

comprar una casa, pero sí le importa cuánto puede recaudar a través de

ese 4% de impuesto sobre el valor referencial.

El paternalismo ha terminado. Aquella época cuando en una asamblea se le

asignaba una casa a un trabajador en virtud de sus méritos sociales y

laborales es cosa del pasado. Ya el Estado no da, sino quita. En

consecuencia, el ciudadano ya no siente que debe entregarse, sino que

más bien tiene que defenderse. Esa parece ser la señal de los nuevos

tiempos.

Source: Sube el gasto fiscal sobre la compraventa de viviendas –

http://www.14ymedio.com/nacional/Sube-gasto-fiscal-compraventa-viviendas-cuba-cubanos_0_2217978187.html
http://dictaduracastrista.blogspot.com/feeds/posts/default
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