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El canciller cubano y el «neocolonialismo español»

Desde Marino Rajoy y su gabinete, hasta el Rey Felipe VI, pasan por alto

las violaciones de los derechos humanos en Cuba

Marlene Azor Hernández, Ciudad de México | 18/04/2017 9:06 am

El canciller cubano Bruno Rodríguez cumplió este lunes en Madrid con el

objetivo de la invitación formal al rey Felipe VI para que visite la

Isla, así como también invitar al presidente Mariano Rajoy. El Gobierno

español prepara esos desplazamientos para "lo antes posible", lo más

probable a finales de 2017 y en cualquier caso antes de que Raúl Castro

se retire en febrero de 2018, de acuerdo a la prensa española. Las

relaciones entre ambos gobiernos se han fortalecido desde los años 90 y

el Gobierno español se convierte en la puerta de entrada hacia Europa de

un gobierno violador masivo de Derechos Humanos. El PP pasa de defensor

de la "Posición Común" en 1996, a darle la espalda a los derechos

humanos en Cuba por sus intereses económicos en la Isla.

Las tímidas aperturas económicas en los años 90 del siglo pasado

contaron con la presencia en primer lugar del capital español. Empresas

españolas como Globalia y Meliá se precian de su presencia en la Isla

desde hace 20 y 25 años respectivamente.

Hoy en el registro de empresas españolas con residencia en la Isla se

contabilizan 246 empresas españolas[1]. Un poderoso lobby económico que

impulsa y protege Mariano Rajoy, el Rey y los más importantes partidos

políticos españoles.

Bajo el manto de una relación cultural e histórica cierta, España pasa

de ser un Estado colonialista a neocolonialista. Hoy es cómplice de la

violación de los derechos laborales, civiles y políticos del régimen

cubano. La izquierda, centro y derecha española cobijan a la dictadura

totalitaria cubana.

Cómplices de la explotación laboral y de las violaciones a los derechos

laborales

Saben los inversores españoles que los trabajadores cubanos no pueden

ser contratados libremente por sus empresas, sino que tienen que aceptar

los trabajadores seleccionados por las empresas empleadoras cubanas:

Representaciones Comerciales (Acorec S.A.), y Almacenes Universales S.A.

(AUSA). Esto implica una extorsión del salario en un 80 % o 96 % por

parte del Estado según sean contratados en la Zona Espacial del Mariel o

fuera de ella. Esto viola los Convenios de la OIT que Cuba ha ratificado

y España también. Ambos gobiernos, estados partes, violan en Cuba los

Convenios números 95, 87, 98 y 158 de la Organización Internacional del

Trabajo, relativos a la libertad de empleo, libertad sindical, libertad

de huelga, prohibición de toda confiscación sobre los salarios, libertad

de los contratos laborales individuales y colectivos y la obligación de

respetar el trabajo decente.

El trabajo decente según la OIT: "El trabajo decente sintetiza las

aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la

oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso

justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para

las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración

social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se

organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la

igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres".

El Estado cubano viola todos los aspectos concernientes al trabajo

decente: no permite salarios justos, la protección de seguridad social y

seguro de desempleo es paupérrima de acuerdo a los valores de la canasta

básica individual y familiar, y la libertad para que los individuos

expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que

afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades están gravemente

violadas al considerar a los trabajadores todos "objetos" de cambio y no

sujetos económicos, violar sus derechos y excluir a todos los que no

demuestren confiabilidad política por su adhesión al régimen político.

La administración de Mariano Rajoy y el Rey le otorgan luz verde al

Gobierno cubano para que mantenga e incremente la represión

En un extraño vaivén con relación a los Derechos Humanos en Cuba, la

actual administración soslaya el tema por intereses económicos españoles

en la Isla.

El Gobierno de España fue el propulsor de la "Posición Común" en 1996

con el presidente José María Aznar, sin embargo, la administración de

José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) hizo un viraje hacia una

política de conciliación con la dictadura cubana. El precio ha sido

colocar en último lugar la defensa de los derechos humanos en Cuba.

En una intervención en la televisión española del excanciller español

del PP, José Manuel García Margallo (2011-noviembre 2016), frente al

cuestionamiento de su posición en relación a los derechos Humanos en

Cuba, admitió los intereses económicos españoles: "España es el tercer

socio comercial de la Isla con el control del 90 % de los hoteles cinco

estrellas y el 60 % de la capacidad hotelera cubana en total".

Agregó que el reciente acuerdo firmado con la Unión Europea contempla

algunos capítulos sobre la defensa de todos los derechos humanos en

Cuba, y reafirmó que frente a la apertura de relaciones con EEUU, España

no podía quedar rezagada en el fortalecimiento de su relación con Cuba.

Inversión extranjera versus Derechos Humanos en Cuba

Ha quedado en el pasado el apoyo español de Miguel Ángel Moratinos

(2004-2010) a la liberación de los 52 presos políticos de la "Primavera

Negra", desterrados hacia España. El expediente se cerró como si Cuba

hubiera pasado a un régimen democrático. Hoy existen alrededor de 100

presos políticos según la Organización Cubana de Derechos Humanos y

Reconciliación Nacional que entregó una lista al entonces presidente de

EEUU, Barack Obama, en su visita de marzo de 2016 a la Habana. La

violación a los derechos civiles y políticos se ha ampliado contra toda

la sociedad civil independiente y contra los trabajadores cubanos. La

"idoneidad demostrada" del nuevo Código del Trabajo, (2013) permite a

los empleadores estatales cubanos expulsar de sus puestos de trabajo a

los trabajadores por criterios subjetivos y sin contrapartida sindical

independiente. Los inversores extranjeros y en primer lugar los

inversores españoles, frente a un déficit de respaldo jurídico cubano

contra las expropiaciones, optan por fortalecer las relaciones

intergubernamentales para no quedar afectados por las anteriores

políticas confiscatorias de inversores extranjeros como las que practicó

el Gobierno cubano contra los empresarios canadienses Cy Tokmakjian,

Sarkis Yacoubien y el empresario chileno Max Marambio.

Lamentablemente Europa, y España en primer lugar, han "olvidado" los

derechos humanos en la Isla con la intención expresa de privilegiar sus

intereses económicos en la mayor de las Antillas.

[1] Directorio de empresas españolas en Cuba en

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/implantacion-e-inversion-exterior/informacion-para-invertir-en-el-exterior/empresas-espanolas-establecidas-en-el-exterior/DOC2014348138.html

Source: El canciller cubano y el «neocolonialismo español» – Artículos –

Opinión – Cuba Encuentro –

http://www.cubaencuentro.com/opinion/articulos/el-canciller-cubano-y-el-neocolonialismo-espanol-329149
http://dictaduracastrista.blogspot.com/feeds/posts/default
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