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El sindicato único y el diario Granma coinciden en la necesidad de recortar gasto social
Adiós al estado de bienestar cubano
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Esta semana ha saltado la sorpresa dentro de la esfera de la alocada política cubana. Raymundo Navarro, dirigente de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), advertía y parecía aceptar que Cuba es y será incapaz, por si misma, de mantener el sistema de protección social que ha desarrollado desde el inicio de la Revolución. La caída en el número de funcionarios de sanitarios no es más que un ejemplo actual que refrenda su desmantelamiento. Sin embargo, el diario Granma venía avanzando, desde hace más de un año, que esto iba a suceder.

Navarro lo tiene claro cuando señala que, “un peluquero cobra un salario atienda a tres o veinte clientes, mientras manda a sus hijos a un colegio gratuito, no paga un centavo si se tiene que hacer hasta un trasplante, o va al teatro por 0,25 dólares; así la economía no aguanta; por eso ahora el Estado le va a alquilar el local y tendrá que pagar la luz, el agua y los impuestos de acuerdo con lo que gane”. Según el sindicalista, “en Cuba están infladas las plantillas del Estado y se busca que, con el tiempo, medio millón de trabajadores pasen al sector no estatal, con el fin de cambiar la estructura del empleo sobre la base de disminuir los gastos”.

Estas palabras del sindicalista, tal vez provengan de la creencia de que la Isla debe realizar un cambio profundo en materia económica para no entrar en caos. Por el contrario, suenan más a una justificación de algo que ya está sucediendo y va a ampliarse en los próximos meses. No hay que olvidar que el Estado cubano ha decidido, y va ejecutando, la expulsión de cerca de 500.000 funcionarios de sus cargos.

Y es que los síntomas son claros. Frente a una realidad que va imponiéndose poco a poco, es difícil olvidar lo que sucede alrededor. El reparto de las empresas nacionales está en proceso. Hasta la iglesia católica, que se ha ofrecido como gestora de los que serán nuevos hospitales privados y aquellos que sean privatizados, parece querer entrar en la subasta. Empresarios cubanos de renombre, que desarrollan su actividad económica en EEUU, se han postulado para “ayudar” a su país, y la proliferación de puestos ambulantes en las calles de La Habana, hablan del progresivo desarrollo de un sector empresarial privado, a un ritmo muy por encima de lo esperable.

Y es que, a cuentagotas, Raúl Castro pone en marcha tímidos avances para flexibilizar el rígido mercado de trabajo cubano. Aunque en la teoría en el último Congreso de abril se decidió una tímida apertura económica, en la práctica las autoridades de la Isla avanzan a paso de tortuga. Un mes después de la aprobación de los Lineamientos, se anunció una reducción de los impuestos, con el objetivo de facilitar la contratación de personal, mientras que los “paladares” (restaurantes) verán incrementada su capacidad de veinte a treinta comensales y además podrán ofrecer carne de res y mariscos, prohibidos hasta ahora. 314.538 cubanos han entrado al sector privado desde octubre.

En este contexto, Navarro viene a certificar, muy lejos de lo que se espera de un sindicato, las medidas más duras, en lo social, del régimen cubano. asegura que la Isla no pueda mantener los beneficios sociales con el estado actual de la economía. “Cuba tiene indicadores a la altura de un país desarrollado: una mujer tiene hoy un promedio de vida de 79,7 años y un hombre de 78, gracias a las condiciones derivadas del proyecto social, pero a la vez se da el fenómeno de que están naciendo menos personas, sobre todo niñas, con lo que se calcula que en 2024 vamos a tener una población con más de 24 por ciento de mayores de 60”, afirma.

No es más de una nueva escenificación de la estrategia que Granma lleva desarrollando desde hace algún tiempo. Ya en marzo del pasado año 2010, el periódico oficial cubano denunciaba el descontrol que existe en la estructura sanitaria de la Isla con un reparto desproporcionado del personal, un exceso en la emisión de recetas y un aumento de los casos de fraude que dificultan el buen funcionamiento del sistema.- también recordaba que el régimen invierte cerca del 60% de su presupuesto anual en Salud y Educación.

Más recientemente, el órgano “informativo” del Partido Comunista publicaba una lista de los precios de las principales operaciones quirúrgicas. Recordaba la gratuidad de dichos servicios y advertía a los cubanos de la insostenibilidad del sistema. En la misma línea, han sido comunes los artículos en los que se culpaba a la ciudadanía de un excesivo consumo de electricidad, razón por la que los cortes son inevitables, o arremetía contra la corrupción imperante en las empresas nacionales, donde el robo de material, por parte de los empleados, está a la orden del día.

En definitiva, todo indica que el plato está servido y, para los cubanos, viene frio. Si el régimen se ha lanzado a cambios legislativos en materia de derechos, debe achacársele tal milagro a la insostenible situación económica de la Isla. En ningún caso deben vincularse estos cambios a una verdadera querencia, por parte de una dirigencia que lleva cerca cincuenta años en el poder, por la evolución.

A muchos cubanos, muy posiblemente, no les importará demasiado el motivo de los cambios y se congratularán del inicio del proceso. Sin embargo, quien vaya más allá, debe hacerse una pregunta. Con el surgimiento de nuevas empresas que van a cotizar a la seguridad social, que van a abonar sus impuestos, el Estado va a recibir un dinero que antes no recibía. ¿Dónde o en qué sectores se va a invertir si, como parece, el sistema de protección social va a ser desmantelado progresivamente?

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