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Apuntes para un acuerdo.
Convivencia – Debate Público
viernes, 20 de agosto de 2010

Por Eduardo Mesa

La pena capital o de muerte sigue vigente en el código penal cubano. En la actualidad el régimen la aplica de manera excepcional, pero todos sabemos que esta aplicación excepcional y selectiva se debe a conveniencias tácticas y no a un cuestionamiento sobre la naturaleza moral de dicha pena. Todo cubano sabe que el régimen conserva intacto este aterrador recurso y que lo puede aplicar en cualquier momento.
En el mundo libre la pena de muerte tiende a desaparecer de las legislaciones o a estar supeditada a moratorias que imposibilitan, de hecho, la aplicación de la misma. La Doctrina Católica la acepta como algo excepcional, como un recurso extremo que se aplica cuando la vida del reo constituye un peligro real para la comunidad. Las prisiones de estos tiempos hacen casi imposible la fuga de los reos y por ende la necesidad imperiosa de su eliminación física en aras del bien común.
Es un hecho que en los últimos tiempos, gracias a las pruebas de A.D.N., han sido liberados muchos convictos, víctimas de errores judiciales. La realidad es que ningún sistema judicial puede garantizar la ausencia de errores que puedan llevar al patíbulo a una persona inocente. El pensamiento católico actual considera que en el caso de un asesinato la pena no sirve como retribución al delito cometido, no se repara la pérdida de un ser querido con la ejecución del asesino; por otra parte ¿cuántas veces podemos ejecutar al que ha matado a muchos? Tenemos una sola vida y una sola muerte.
También es discutible la ejemplaridad de la pena de muerte, el índice de criminalidad no es menor en los países que la aplican y las ejecuciones de los jerarcas nazis en Nuremberg no han disuadido del genocidio, por sólo citar casos recientes, a personajes como Slovodan Milosevic o Sadam Hussein.
En España comprobé que tampoco es necesaria la eliminación física de los enemigos violentos del Estado de Derecho para garantizar la paz social; el gobierno de José María Aznar redujo a los terroristas de ETA aplicando sistemáticamente la legislación vigente y buscando pactos sociales y políticos en contra de los terroristas.
Comparto la convicción de que el futuro de Cuba tiene una imperiosa necesidad de justicia y quizás es la hora de preguntarnos si es deseable que en ese futuro continúe vigente la aplicación de la pena de muerte; si la justicia que deseamos pasa por derramar la sangre de otros cubanos. Nada indica que sea éste el sentir de los opositores cubanos, que se han caracterizado por su lucha pacífica, ni por el pueblo llano que cansado de sufrir tanta violencia expresa sus deseos de paz en las procesiones religiosas.
Proclamar la necesidad de la pena de muerte en el futuro de Cuba, que cualquier día puede ser presente, contribuye a que los hijos y nietos, padres y hermanos de aquellos que pueden ser juzgados estén menos dispuestos a aceptar una justicia que incluya la pena capital.
Por otra parte, no creo que la pena de muerte sirva de retribución al daño cometido en nuestra patria y mucho menos, que contribuya a garantizar una paz social que se puede garantizar plenamente con la restitución del Estado de Derecho y el compromiso ciudadano con una legislación adecuada y con los pactos sociales que emanan de la democracia.
La vida es algo sagrado y esa sacralidad debe ser un valor imprescindible en la República que deseamos. El respeto a la vida como valor supremo es un principio moral que puede ser asumido por creyentes y no creyentes, este puede ser nuestro primer gran acuerdo como nación, un acuerdo que asumido por la oposición y el exilio estimule a esa transición que de un modo u otro ya ha comenzado.
Creo que los que desean y gestionan el cambio en Cuba -cualquiera que sea su nivel de compromiso- agradecerían un acuerdo de esta naturaleza, en especial aquellos que dentro del régimen quieran moverse en dirección a la auténtica democracia.
Este acuerdo sería muy bien acogido en las cancillerías de medio mundo, especialmente las de Europa, donde la pena de muerte provoca un gran rechazo; también plantearía un importante desafío moral y diplomático para los que gobiernan en Cuba.
No debemos olvidar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 3 es enfática al postular que “Todo individuo tiene derecho a la vida” (1).
Uno de nuestros presos por la causa de la libertad, el doctor Oscar Elías Bicet, está tras las rejas también por su prédica en contra del aborto, la más temprana ejecución que conocemos. La sociedad cubana ha sido, durante décadas, compulsada a despreciar la vida y a rendir culto a la muerte, “Patria o Muerte”, “Socialismo o Muerte” han sido las consignas por excelencia. Nada hemos ganado en ese camino, dejemos que sea la vida y no la muerte la piedra angular de nuestro futuro.
1) Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 3.
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”
Eduardo Mesa. La Habana, Cuba, 1969.
Fundó la revista Espacios, dedicada a promover la participación social del laico.
Coordinó la revista “Justicia y Paz”, Órgano Oficial Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y el boletín “Aquí la Iglesia”.
Formó parte de los consejos de redacción de las revistas Palabra Nueva y Vivarium.
Actualmente reside en Miami.


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