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Por Mario Enrique Mayo Hernández*

El viaje hubiera sido más fácil para el señor Ernesto Alonso Martínez si hubiera navegado por las circunvalaciones que marca la Ley de Procedimiento Penal cubana, pero esta carta náutica cayó en desuso, y el trayecto se enmarañó.
Resulta —pues— que el Sr. Alonso decidió denunciar al funcionario del Consejo de Estado René Montes de Oca por un supuesto delito de usurpación de funciones públicas, al haberse tomado la atribución de responderle una carta-denuncia que él enviara al presidente Castro.
En esta misiva se le trasladaban pruebas irrebatibles al mandatario cubano de la injusticia cometida por los antiguos tribunales revolucionarios, quienes lo despojaron de sus bienes y lo enviaron a prisión por tres años.
Cuando el interesado se personó en la Jefatura Nacional de la Policía, en Ciudad Habana, obtuvo como respuesta que presentara una queja en el propio Consejo de Estado, y al insistir en su voluntad de efectuar la acusación, sencillamente le informaron que fuera al cuartel policial ubicado en Zapata y C de esa ciudad. Una vez en el lugar, fue rebotado como una pelota por el actuante número 1982 para el Tribunal Municipal de Plaza, y allá una secretaria de la sala de justicia refirió que no se recepcionaban tampoco, agregando que precisamente estaban siendo inspeccionados ese día por el Tribunal Supremo, una razón más para no acogerla.
Lo cierto es que en todos los intentos y ocasiones, el cargo del funcionario que se pretendía acusar preocupó tanto a los interpelados que éstos prefirieron lanzar la bola a otra base y lavarse las manos como Poncio Pilato.
Con algunos destellos de optimismo, este señor que lleva más de 32 años solicitando a diferentes instancias y autoridades que se investigue su caso, se dirigió al máximo órgano judicial aún con esperanzas, y cuál no sería su decepción cuando en un español muy claro y transparente, el señor Rodríguez y la señora Emma, que evacuan esos trámites a ese nivel, le manifestaron crudamente que ellos conocían el derecho del ya atolondrado acusador, pero que tenían órdenes de no recibirla.
En este supuesto “estado de derecho” suceden hechos como éstos, y aunque la propia Ley de Procedimiento Penal aprobada por el gobierno le otorgue una prerrogativa al ciudadano, si ésta va contra sus intereses se convierte en letra muerta y “no pasa nada”.
El calvario de Alonso pudo ser más largo, pero decidió tomar un descanso, pues ya tiene 76 años; aunque su periplo continuará, porque, según el anciano, en alguna porción del territorio cubano alguien tendrá que escucharlo alguna vez.
El quijotesco andante reside en la calle Séptima número 28 entre D y E, municipio de Vertientes, provincia de Camagüey, y en mi modesta opinión, sólo con la transición a la democracia y a la libertad podrá el señor Alonso arribar a puerto seguro. Por lo pronto, deberá esperar
* Mario Enrique Mayo Hernández: Camagüeyano. Graduado en 1987 de Licenciado en Derecho en la Universidad de Camagüey. Ha trabajado en la Delegación Provincial de los Bufetes Colectivos y en asesorías jurídicas. Periodista independiente y poeta. Miembro de la Corriente Agramontista y del Grupo de los 75. Actualmente se encuentra en libertad bajo “licencia extrapenal”. Reside en la ciudad de Camagüey.

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