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por Maybell Padilla Pérez*

Generalmente, hablamos de los convenios internacionales de la OIT, y lo hacemos lejos de los fundamentos jurídicos que le dieron existencia Por ello, en esta ocasión, los abordaremos desde la perspectiva jurídica, dada en diversas normas internacionales, donde no están ajenos conferencias, convenciones, protocolos o pactos —entre otros— que los fundamentan. Esta interrelación trae por consecuencia que, al incumplirse un convenio del cual es signatario el Estado es cuestión, éste —a su vez— incumple documentos firmados que sirven de fundamento a dicho Convenio. Veamos los siguientes:

Convenios Números:
29 (sobre el Trabajo Forzosos), de 1930; y
105 (sobre la Abolición del Trabajo Forzoso), de 1957.

Fundamentos de Derecho:

· Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidad el 10 de diciembre de 1948 (artículos 4 y 23.1).
· Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, 1948 (Art. XIV).
· Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 (Art. 8).
· Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 (Art. 6).
· Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), suscrito por la Asamblea General de la OEA, en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988 (Art. 6).
· Convención Sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, adoptada o abierta a la firma, ratificación y adhesión, por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979: Art. 11, apartado 1, inciso a).

Convenios Números:
11 (sobre el Derecho de Asociación —Agricultura—), de 1921;
87 (sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de
Sindicalización), de 1948;
98 (sobre el Derecho de Sindicalización y Negociación Colectiva), de 1949;
135 (sobre los Representantes de los Trabajadores), de 1971;
141 (sobre las Organizaciones de Trabajadores Rurales), de 1975;
151 (sobre las Relaciones de Trabajo en la Administración Pública), de1978; y
154 (sobre la Negociación Colectiva), de 1981.

Fundamentos de Derecho:

· Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 20.1 y 23.4).
· Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. XXII).
· Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 22.1, 2 y 3).
· Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 8, incisos a) y d).
· Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador): Art. 8.
· Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer: Art. 7-c).

Convenios Números:
100 (sobre la Igualdad de Remuneración), de 1951; y
111 (sobre la Discriminación —empleo y ocupación—), de 1958.

Fundamentos de Derecho:

· Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. l, 2, 7 y 23.2).
· Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. II).
· Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos (Art. 26).
· Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 3 y 7, acápites i y ii.
· Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador): Art. 3 y 7, incisos a) y c).
· Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra La Mujer: Art. 11, acápites 1, b), c) y d), 2, inciso a), y 15.

Convenios Números:
138 (sobre la Edad Mínima), de 1973; y
182 (sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil), de 1999.

Fundamentos de Derecho:

· Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 25.2).
· Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. VII y XXXVII).
· Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 24).
· Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 10.3).
· Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de DESC (Protocolo de San Salvador): Art. 7, inciso f) y 16.

Convenio No. 150 (sobre la Administración del Trabajo), de 1978.

Fundamentos de Derecho:

· Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 8 y 10).
· Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. XVIII).

* * *

Si hacemos un somero análisis de la situación de los Derechos Humanos laborales, acorde a las violaciones conocidas, las podemos resumir —entre otras— en las siguientes:

· No autorizar la formación de sindicatos independientes. Se mantiene la negativa por parte del Estado y Gobierno cubano de reconocer y plasmar la legitimidad del creciente movimiento sindical independiente.
· No legalizar ni permitir las huelgas ni el paro forzoso. A pesar de que diversos convenios dejan entrever este derecho como un medio de que los trabajadores obtengan prerrogativas que por otras vías no serían posibles, el Estado Cubano se opone terminantemente a que los obreros acudan a las huelgas y al paro forzoso. Esta tendencia es sumamente preocupante, ya que el espíritu sindical se va perdiendo, poco a poco, en la clase obrera de estos tiempos. Es por ello que el frescor de los sindicatos independientes es de suma importancia, debido a que los mismos mantienen la vigencia democrática de los países libres del mundo, donde la clase obrera, unida en los sindicatos, es abanderada en el logro de los beneficios de este importante sector social,
· Sancionar con separación definitiva o traslado temporal de puestos de trabajo a quienes ejercen libremente el derecho de expresión, prensa, asociación o reunión.
· Violar las normas vigentes de Protección e Higiene del Trabajo, en labores que requieren de estos medios, por no dárselos a los trabajadores.
· Contratar a los trabajadores cubanos, en el caso de las inversiones mixtas o de capital extranjero, sólo a través de agencias empleadoras controladas por el Estado, por lo que jóvenes obreros calificados se ven limitados de desempeñarse en centros de esa naturaleza, lo cual reduce extraordinariamente las opciones de los mismos.
· Violar sistemáticamente los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, principalmente los convenios números 87, 98 y 105, no obstante haber sido éstos refrendados y ratificados por el gobierno cubano.
· Mantener la discriminación racial en sectores donde la divisa es el medio de intercambio dominante, principalmente en el turismo, donde es raro encontrarse a un negro de gerente u ocupando cargos de responsabilidad. Igual situación se aprecia con las mujeres en ese sector, fundamentalmente si la misma es negra.
· Discriminar, para ocupar determinados cargos o desempeñarse en otros, a los aspirantes de nuevo ingreso, simplemente por el hecho de ser jóvenes.
· Mantener los cursos de superación para desempeñarse en sectores privilegiados —tales como el turismo— en centros de capacitación de esas entidades. Ello trae por consecuencia que los jóvenes sin vínculo laboral no tienen la oportunidad de incorporarse a los mismos y optar por esos puestos laborales. Los cursos de esta naturaleza capacitan diversas opciones de trabajo en hoteles e instalaciones turísticas, que son los que más se ofertan en el país; no obstante, a los mismos no puede aspirar la masa de jóvenes desvinculados laboralmente, debido a que el personal escogido para ellos está en una bolsa o deben tener vínculo con un centro laboral de esa naturaleza.
· Forzar a los trabajadores a entregar la propina —o parte de ella— obtenida por el buen servicio prestado.
· Obligar a los trabajadores que se desempeñan en contratos de trabajo fuera de su país (como cruceros, barcos mercantes y otros) a abonar su pasaje de ida y vuelta en divisas, para lo cual deben destinar una parte de su salario; esto, en adición a la parte que el Estado Cubano se apropia.
· Irrespetar el derecho escalafonario en las bolsas de centros de naturaleza relacionada con la pleca anterior; un trabajador lo mismo puede estar esperando un año o cuatro o cinco para que lo llamen a trabajar. En ese tiempo la entidad empleadora se arroga el derecho de sacarlo de la bolsa, si lo quisiera, sin que suceda absolutamente nada. En ese caso el trabajador no tiene a quién dirigirse, y debe irse para su casa, esta vez totalmente desempleado. Es el caso de los ex marineros de la antigua Flota Cubana de Pesca y los mercantes, muchos de los cuales tienen más de cinco años esperando a que los llamen a un barco.
· Mantener la doble circulación monetaria, donde la moneda nacional vale 24 veces menos que la divisa, con la desventaja de que los productos fundamentales para vivir —desde la leche hasta la colcha de limpiar la casa— ha de comprarse en divisas. El dinero devengado por el obrero no le alcanza para la mínima subsistencia, ocasionando ello que los trabajadores cubanos tengan que vivir “inventando” para mantener a su familia.

* Maybell Padilla Pérez: Guantanamera. Graduada en la Universidad de Oriente como Licenciada en Historia (1973) y en Derecho (1978). Fue profesora de las facultades de Derecho de las universidades de Oriente y de La Habana. Especialista en Derecho Laboral. Trabajó como tal en la Flota Cubana de Pesca. Miembro antigua de la Corriente Agramontista. En la actualidad es Directora del Buró de Asesoramiento Jurídico Independiente Laboral (BAJIL) y Secretaria General Adjunta del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC).

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